Angel Viñas
Este título simplemente refleja mi
creciente perplejidad. Por los círculos universitarios madrileños -y quizá
incluso fuera de ellos- circula en busca de adhesiones un texto de queja al
Defensor del Universitario de la UCM. Me llegó la semana pasada. Precisamente
cuando, después de dos años y tres meses de encierro riguroso en Bruselas a
causa de la pandemia, me disponía a tomar unas cortas vacaciones para ver a mi
hija en su nuevo domicilio en Reino Unido. Cuando este post se publique estaré
allí y alejado de mis papeles y libros. Por vez primera en tal lapso de tiempo.
No sorprenderá que apenas si tardase
treinta segundos en adherirme después de leer el texto en cuestión. No sabía
nada al respecto y no tengo conocimiento directo o indirecto si los hechos narrados
sucedieron como en él se describen o no. Tampoco me parece que se trate de una
broma pesada. En cualquier caso, si lo fuera no se tardaría en descubrir la
superchería.
Para mí llueve sobre mojado. Hace
algunos meses denuncié la orientación del contenido de la petición de VOX,
elevada a la mesa del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre por
la portavoz adjunta de este partido, la Excma. Señora Doña Macarena Olona.
Solicitaba la retirada del proyecto de ley de Memoria Democrática. Que yo sepa,
nadie se hizo eco del caso. El “sabroso” texto de la petición tampoco se hizo
público. No lo ha exhibido, que yo sepa, VOX ni tampoco ningún órgano de prensa
de los que suelen aparecer digitalmente en mi bien baqueteado ordenador. Sí
leí la noticia de que tal petición había sido desestimada. Escribí un par
de artículos sobre el caso en InfoLibre, para darles mayor
publicidad que la modesta de que goza este blog, y me he permitido hacer una
referencia en un próximo libro, CASTIGAR A LOS ROJOS, en el que
colaboro. Se publica el 15 de junio y haré alusión a él en varias ocasiones en
el futuro.
Se trata de una puesta a punto de las
bases conceptuales, filosóficas, históricas y jurídicas que sirvieron de pauta
a los sublevados del 18 de julio para realizar un sinfín de actos de puro
terrorismo que duró a lo largo de la guerra e incluso después. Y, como es
lógico, nos basamos en evidencias primarias relevantes de época. Las que, por
cierto, jamás ha utilizado el profesor Stanley G. Payne a quien un medio digital
ha sacado recientemente de la oscuridad.
Innecesario es decir que personalmente
me relamo de gusto anticipando las reacciones, si las hubiera, de VOX y del PP
y de los historiadores detrás de ellos. Ya han dado muestras de lo que valen,
en mi opinión, en el curso del debate sobre si el ingeniero e inventor Juan de
la Cierva estaba o no compinchado con la sublevación.
Pues bien, si las concepciones de la
historia de España que tienen puerta abierta en los medios de la derecha sobre
la República, la guerra civil y el franquismo me son familiares, no había
prestado suficiente atención al debate sobre los orígenes de España. Lo que
había leído al respecto había sido obra de, con todo respeto, aficionados o
periodistas. Unos los sitúan en tiempos de los romanos, otros lo hacen en la
época de los visigodos y no faltan quienes los ponen en los comienzos de la
“cruzada” contra los moros invasores. La fecha mítica es el año 711.
No soy tan lerdo como para ignorar que
fuera de España (aunque menos aquí en Bélgica) existen debates similares. Quizá
porque en este país en que vivo la fecha de fundación del Estado belga está
fuera de toda duda. Pero en el caso español la fecha 711 suscita connotaciones
muy parecidas a las que vienen arbolando en Francia Mme Le Pen y el distinguido
“historietógrafo” (tomo la expresión prestada al profesor Albert Reig) Mr
Zemmour. ¿Será que, como en el pasado, todo lo bueno -para unos- y lo malo
-para otros- sigue viniendo de Francia? Había leído que el trumpismo tiene
grandes adherentes en la España democrática, pero quizá la patología
norteamericana en temas de historia esté demasiado alejada de nuestras
latitudes.
En cualquier caso, el escrito que he
firmado denuncia el intento de ocupación de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM el 1º de abril (sin duda la fecha no es una
casualidad: es cuando el invicto general Francisco Franco firmó su famoso
parte final de guerra en 1939). Según dicho escrito para tan solemne fecha se
había solicitado una reserva de sala para que una -para mi desconocida-
“Plataforma 711 para la Reconquista Cultural” pudiera celebrar un acto. A la
vez, en las redes sociales se anunciaba, al parecer, la “toma” de la Facultad.
Obvio es señalar que la fecha de 711
tiene unas connotaciones zemmourianas y lepenistas. El término “Reconquista” no
solo se refiere a una división, más o menos arbitraria, en la historia española
sino también a movimientos perfectamente definibles y definidos en el país
vecino. Incluso copia el nombre del partido de Mr Zemmour. Una casualidad.
El escrito al Defensor del Universitario
cita un programa de una hora de duración (https://www.youtube.com/watch?v=iku5eDrV8no)
en el que un chaval actúa como locutor que explica el acto no autorizado y sus
vicisitudes en una mezcla de estupideces y de ejemplos de proyección. Esta es
una de las características más acusadas de la “teología” e “historietografía”
franquistas: acusar al adversario del tipo de comportamientos propios y que no
se reconocen como tales.
Leyendo algo de lo que se publica hoy en
España sobre la República, la guerra civil y la dictadura no veo una gran
solución de continuidad. Y me pregunto: ¿qué ha fallado en la enseñanza de la
historia desde, digamos, 1976 en adelante para que se haya llegado a esta
situación de banalización de un pasado nada glorioso, con las imprescindibles
muestras de inculpación a otros por los desastres del pasado?
Para mí está resultando obvio que la
labor callada, silenciosa, de los historiadores que vamos a archivos, que
buscamos evidencias que permitan sustentar -o rechazar- unas u otras
interpretaciones, es una condición necesaria para acercarnos a un pasado
tumultuoso. Pero no es una condición suficiente.
Personalmente no tengo tiempo de seguir
la política actual y dos años largos de ausencia total de España no me permiten
tomar el pulso de la calle ni de los colegas. Volcado en la dura tarea de
interpretar el pasado, no tengo tiempo de pensar demasiado en el presente. Por
eso, quizá me sea permitido diseñar un futuro que, para mí, no es deseable en
absoluto.
Si las controversias que más o menos he
seguido de cerca continúan sin dar frutos, dicho futuro no me parece nada
halagüeño. En tanto que historiador lo que me ha preocupado y me preocupa son
los siguientes temas:
§
¿Cómo dotar de recursos materiales
a los archivos de titularidad pública? Su
situación es con frecuencia lamentable. Para terminar el libro que he enviado a
la editorial hace un mes tuve que esperar más de ocho meses a que pudieran
reunirse los materiales necesarios al efecto, Todavía no pueden hacerse
fotografías de los documentos. Hay que atravesar por un largo y lento proceso
de petición a los funcionarios -pocos y sobrecargados de trabajo- para que se
pongan en pdf. El proceso de pago dilata aun más el tiempo que transcurre hasta
recibirlos. Menos mal que por ordenador. Me pregunto: ¿por qué en una
multitud de archivos extranjeros hace años que pueden fotografiarse sin
limitación alguna los documentos consultables? La última vez que estuve en los
Archivos Nacionales británicos pude hacer una media de 800 fotografías diarias.
§
La apertura, silenciosa y en
general silenciada, de ciertos archivos no se ha visto acompañada de un
incremento en las dotaciones de personal. ¿Acaso el
Estado sigue en situación de amenaza de quiebra financiera? Porque el tema dura
ya muchos años. En 1983 mi añorado amigo y compañero Julio Aróstegui y servidor
fuimos a ver a un elevado personaje para rogarle que dotara de medios al
Archivo de la Guerra Civil en Salamanca, ya abierto a la curiosidad de
cualquier investigador (no como en la época de la dictadura). No olvidaré su
respuesta: “pedidme que se construya otro edificio. No que se aumenten los
gastos de personal”. En mi próximo libro en un largo prólogo alabo la
profesionalidad y el espíritu de servicio de los funcionarios y empleados
públicos que sirven en los archivos. ¿Hasta cuándo el orgulloso Estado español
continuará dejando de lado el abordaje de los problemas estructurales de sus
archivos?
§
¿Y qué pasará en el Congreso de
los Diputados con la Ley de Memoria Democrática, si no se aprueba y se blinda
en esta legislatura? Porque si, como avisan observadores
del acontecer político español, un futuro Gobierno que fuese de signo
contrario, es de suponer que PP, Vox y tal vez de los residuos que quedan de
Ciudadanos, no se apresurará a hacerla avanzar. La experiencia muestra que, por
desgracia, en España las variopintas derechas tienen miedo, mucho miedo, a la
historia.
No es de extrañar que haya dado comienzo
a mis vacaciones lleno, muy a mi pesar, de preocupaciones.
Blog de Ángel Viñas DdA, XVIII/5169
