Alex Romaguera, autor de Víctima S.A.
Àlex Romaguera (Barcelona, 1970) es un periodista valiente. Acaba de publicar su segundo libro, Víctimas S.A. (Editorial Txalaparta), una investigación sobre la gestión del sufrimiento de cientos de víctimas de la violencia política realizada por el Estado. Y el escenario que muestra está lleno de sombras intencionadas. Puede que muchos se sientan incómodos al descubrir cómo se ha construido una narrativa para patrimonializar el dolor y diferenciar a las buenas de las malas víctimas, las que merecen el reconocimiento de las que no, según el filtro de su ideología. Una doble condena para quienes han sido relegados al rincón del olvido. “La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha trabajado como un lobby para condicionar la agenda de todos los estamentos del Estado, no sólo en materia de violencia sino también de una memoria que fortalece el proyecto político del PP”, explica. Por todo esto, Romaguera analiza el impacto negativo que ha tenido la imposición de ese discurso en un mundo ideológicamente diverso como es el de las víctimas. “La mayoría sólo quiere que sus opiniones, sean de izquierda o de derechas, no sean instrumentalizadas por los partidos políticos y exigen que organizaciones como la AVT no se extralimiten en sus funciones ya que el dolor padecido es suficiente argumento para suscitar un cierto consenso”, sostiene este periodista especializado en derechos humanos que colabora con la revista Directa y diarios como Ara y Gara.
Usted reconstruye la lógica que ha seguido el Estado español hacia las víctimas del terrorismo y descubre que siempre ha girado en torno a una dicotomía, la de buenas y malas víctimas, muy útil para el funcionamiento de un sistema acorde a las posiciones más reaccionarias de la derecha. ¿Cómo llega a esa conclusión?
En 2011, después de conocer los encuentros restaurativos que impulsó Maixabel Lasa, siendo la directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, y el caso de Robert Manrique, que tuvo la oportunidad de reunirse con uno de los autores materiales del atentado de ETA en Hipercor como Rafael Caride. Fue Manrique quien me acercó a un grupo de víctimas que no sólo tenían un relato diferente al hegemónico, el que puede representar la AVT, sino que padecían una doble victimización por la dinámica discursiva que emplean los sectores reaccionarios de la derecha política. Entonces, seleccioné a 15 víctimas muy diferentes entre sí y descubrí que, efectivamente, muchas sufrían ese doble padecimiento, primero el de ser familiar directo de un asesinado y después el de sentirse menospreciado por las autoridades respecto a su legítimo derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
¿Quiere decir que en España hay un reconocimiento selectivo de las víctimas del terrorismo?
Sí. Hay víctimas que no tienen el mismo reconocimiento que otras. Este libro cuenta precisamente cómo es posible que en este país exista inequidad con este tema cuando se trata de personas que sufrieron de la misma manera la violencia extrema, el terrorismo o la represión.
Pero los poderes públicos suelen destacar que el terrorismo fue derrotado por la acción coordinada de jueces y policías y que la política siempre ha trabajado para dignificar la memoria de las víctimas.
Sí, pero esa arquitectura legal se construyó sobre una memoria excluyente. La Ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999 y la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de 2011, que son las dos leyes marco estatales, solo reconocen a las víctimas de ETA y dejan fuera de cualquier reconocimiento y reparación a las de otros tipos de violencia como pueden ser las de los aparatos policiales. Muchas del GAL también quedaron excluidas por haber sido previamente victimarios o haber participado en algún tipo de atentado contra el orden constitucional establecido.
¿Por qué se posterga en España a las víctimas que no sean de ETA?
En mi opinión, porque hay un pensamiento hegemónico construido sobre la base de la cultura del olvido que impuso la Transición. Lo explican muy bien el catedrático de Derecho Penal Jon-Mirena Landa y el experto en recuperación psicosocial de víctimas de conflictos, Carlos Martín Beristain. La Transición impuso un relato sesgado que consistía en decir que solo hubo una violencia y una clase de víctimas, las de ETA, cuando en realidad hay documentados casos de torturas policiales y 135 asesinatos, que son los que ha recogido el historiador David Ballester en un libro sobre la violencia policial de la Transición. Este menosprecio es una anomalía democrática indudable. Estamos hablando de un colectivo que agrupa a 400 o 500 personas que vieron vulneradas su integridad física o psíquica por acciones de grupos de extrema derecha o por fuerzas policiales, y cuyos derechos básicos a día de hoy siguen sin estar reconocidos por unas leyes que sólo consideran a las de ETA. Todo esto se empieza a fabricar en las cocinas de la Transición hasta que nace la AVT, que es el buque insignia de este discurso.
En su opinión, ¿la AVT es la palanca que sirve al PP para intentar apropiarse de un símbolo sensible y diverso como las víctimas y reforzar el control sobre los aparatos del Estado?
En primer lugar, el PP considera que es el único legitimado para legislar sobre las víctimas y el terrorismo tras el asesinato de Miguel Blanco. Es el punto de inflexión para imponer su relato de que con ETA y con el nacionalismo vasco no hay nada que negociar, y que son las fuerzas policiales las que tienen que imponerse por la fuerza. En cierto modo, la muerte de Miguel Ángel Blanco hace sentirse al PP depositario de las esencias que encarnan las víctimas, a las que asocia con aquellos que se dejaron la piel por la unidad sacrosanta del Estado, de los valores conservadores y de todo un ideario afín a su proyecto político.
¿Ese es uno de los argumentos que emplea el PP para proscribir a quien contradiga su relato sobre las víctimas y la unidad del Estado?
Sí, algo así. Pero con las víctimas sufren pronto las primeras disensiones, sobre todo a raíz de la creación de asociaciones como la de Pilar Manjón, tras los atentados yihadistas del 11M, y la aparición de voces críticas como la de Gorka Landaburu demandando que sus opiniones, sean de izquierdas o de derechas, no sean instrumentalizadas por ningún partido político y exigiendo que las organizaciones de víctimas no se extralimiten en sus funciones, que están muy reguladas. El dolor de todas las víctimas es el mismo y eso debería haber sido suficiente para que hubiera un consenso que no existe.
¿Cuándo comienza esa politización de las víctimas?
En 2003, con la llegada a la presidencia de Luis Portero, la AVT ya empieza a dar consignas para que la gente vote a determinados partidos en las elecciones vascas. Un año después, ya con Francisco José Alcaraz al frente de la asociación, se hace aún más evidente. Alcaraz recibe el apoyo del PP e inicia un proceso en la AVT que llama ‘rebelión cívica’, que consiste en deslegitimar al Gobierno de Zapatero que había ganado las elecciones tras los atentados del 11M. En realidad, fue una ofensiva que se apunta a las teorías de la conspiración sobre los atentados yihadistas de Atocha y la difusión de que el gobierno negociaba con terroristas.
Apelar a ETA es muy funcional para las derechas pero, ¿qué llevó al PP a instrumentalizar a la AVT en su relato fake sobre el 11M?
Lo hace para reforzar su arremetida contra el PSOE y cualquier política progresista que pudiera implementar desde el gobierno. Aquí es cuando se produce un cambio de paradigma en la AVT, que abandona definitivamente la equidistancia que mantuvieron las primeras juntas, y pasa a convertirse en una herramienta del PP para intentar controlar a toda la organización hasta el punto de que presionan al candidato Pablo Broseta para que renunciara a la carrera por la sucesión de Alcaraz en la presidencia de la AVT.
¿Qué consecuencias produce esa categorización en las víctimas?
Una revictimización clarísima en aquellas que han sido excluidas o relegadas por el sesgo legislativo estatal. El sociólogo alemán Axel Honneth, muy valorado por sus investigaciones en la teoría del reconocimiento, explica que cuando una víctima ve que las autoridades no le reconocen como tal o es excluida de las medidas de reparación y menospreciada a nivel público, sufre un daño psicológico que puede terminar afectando a su salud emocional y física. Es decir, el no reconocimiento es un agravio que tiene consecuencias para la víctima y para su entorno. Las estigmatiza con el no merecimiento. El caso más sangrante es el de Lasa y Zabala. Una de sus madres ha luchado para que su derecho a la verdad, la justicia y la reparación fueran satisfechos, pero, lejos de eso, fue condenada por la Audiencia Nacional en 2022 a pagar las costas económicas, más de 9.000 euros, de un recurso que interpuso en el Tribunal Constitucional contra el Ministerio del Interior, tras la decisión de que su familia no recibiera la indemnización prevista en la Ley de Víctimas del Terrorismo. A día de hoy, sólo la ley vasca de 2016 y la navarra de 2019 reconocen como víctimas a las familias de Lasa y Zabala, o a la de Mikel Zabalza y a las de otras que sufrieron la violencia policial.
¿Hasta qué punto la AVT ha llegado a condicionar la agenda política en España?
No sólo la de España, sino que lo ha intentado a escala internacional. En Europa ha creado la red de asociaciones de víctimas de terrorismo que hoy promueve una carta de derechos de las víctimas que ya fue rechazada en 2020 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE por incluir elementos de persecución a colectivos de tendencia izquierdista, libertarios y a organizaciones civiles sin una creencia católica definida. En 2022, la AVT denunció en una sesión de Naciones Unidas que EEUU suprimiera a ETA de su lista de organizaciones terroristas porque se había disuelto. Se trata de una asociación que ha trabajado sistemáticamente como un lobby para condicionar la agenda de todos los estamentos del Estado español, no sólo en materia de violencia sino también de memoria.
¿Qué importancia tiene que una víctima critique a la AVT o al PP cuando siente que tratan de rentabilizar su dolor?
Tiene mucha importancia, o debería tenerla. La discordancia pública quiebra el discurso monolítico, dicotómico entre buenas víctimas y malas víctimas que tratan de imponer. Pero también rescata la existencia de una realidad que está más opacada, la de que no hubo sólo una violencia y que no todas las víctimas del terrorismo sacrificaron sus vidas en defensa de la unidad de España. Cuestionar esos mensajes hegemónicos significa impugnar una memoria sesgada y excluyente. La única cosa que une a todas ellas por igual es el sufrimiento que padecieron. Nada más. Creo que se ha conferido un valor supremo a las víctimas cuando son personas con ideologías muy diversas.
El título de su libro es Víctimas S.A. ¿Por qué lo ha llamado así?
Porque asociaciones como la AVT son un lobby que animó a José María Aznar, después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, junto a la Iglesia Católica y otros sectores a formular la ley de Solidaridad con las Víctimas, interviniendo en el redactado de la norma y otorgándose la potestad de hablar en nombre de todas las víctimas. Y no solo eso, sino que, a medida que esta asociación fue adquiriendo mayor protagonismo, empezó a extralimitarse en las funciones que establece el artículo 3 de sus estatutos como es la de ser apartidista y aconfesional para terminar convertido en un grupo de influencia al servicio de los principios de la derecha política. El ejemplo más claro es su posicionamiento en contra de la ley de matrimonios homosexuales, su alineamiento con los sectores más ultracatólicos y conservadores de la sociedad respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o su oposición a los referéndums en Catalunya. Es un proceder destinado a encajar a todas las víctimas en un modelo que trasciende sus fines para encajarlo en una determinada ideología. Esto produce dolor en aquellas víctimas que sólo piden que sus prerrogativas, en términos de atención psicológica y económica, sean respetadas.
En el libro describe a la AVT como un lobby intocable que recibe gran financiación de la administración, pero escasa fiscalización, ¿a qué se debe?
La AVT tiene actualmente alrededor de 4.300 socios, en buena parte gracias a la reforma estatutaria emprendida en tiempos de Francisco José Alcaraz para ampliar la consideración de víctimas más allá de lo que incluso prevé la ley. ¿Qué ha hecho el Estado? Les ha permitido engrosar sus filas con asociados sin fiscalizar sin son víctimas o no lo son. Y lo hecho para evitar una confrontación debido a la sensibilidad social que hay hacia ese ámbito. Pero la realidad es que cuantos más socios tenga, más subvención reciben. En España hay 35 asociaciones, pero el 55% de todas las ayudas que facilita el Ministerio del Interior a través de la oficina de víctimas del terrorismo son para la AVT. He tenido conocimiento de socios que han intentado darse de baja y que no han podido. Incluso, es muy posible que en ese listado haya víctimas que ya han fallecido por edad. De esta forma, la AVT se ha convertido en el gran buque insignia del mundo de las víctimas, con el apoyo y al servicio de la derecha.
España sigue teniendo pendiente una transición para convertirse en una democracia plenamente homologable a otras occidentales
En Vitoria-Gasteiz está ubicado el único Centro-Memorial dedicado en España a las víctimas del terrorismo, pero no está exento de críticas por la parcialidad con la que expone las diferentes violencias políticas que ha habido en este país. Usted le dedica un capítulo en su libro. ¿Por qué?
Básicamente, porque ese memorial no recoge todas las violencias políticas que se han producido y no las equipara. Hay casos muy flagrantes como el de Mikel Zabalza, un joven navarro que fue asesinado en el cuartel de Intxaurrondo en 1985, al que ni siquiera se nombra. A las víctimas del 3 de marzo de 1976 apenas se les dedica un pequeño cartel donde pone que murieron cinco obreros. Tampoco se muestra el asesinato en 1981 de los tres jóvenes cántabros en Almería a manos de la Guardia Civil y algunos otros casos causados por la violencia institucional. Ante esto surgieron voces críticas como la de Iñaki García Arrizabalaga, cuyo padre fue asesinado por los Comandos Anticapitalistas, Pilar Manjón y algunas más que entienden que hay casuísticas que no se pueden obviar ni silenciar, o que prácticamente no tengan espacio en un memorial de estas características. Quizá puede entenderse que gran parte de las salas estén orientadas a explicar la actividad de ETA por el número de víctimas que produjo, pero lo que se consigue es eclipsar y aparcar todas las otras muertes o todas las otras vulneraciones que los cuerpos policiales o la extrema derecha produjeron durante el tardofranquismo. Estas carencias me impulsaron a dedicar en el libro un capítulo específico a un centro que en principio tendría que haber suscitado un cierto consenso pero que ha quedado como una propuesta sesgada donde se aprecia claramente el relato hegemónico que la derecha viene articulando en torno al fenómeno de la violencia política en España. Creo que es interesante observar el papel simbólico y narrativo del centro memorial y ver cómo sigue la pauta de otras intervenciones en el espacio público o en materia legal para identificar unas víctimas de primera, otras de segunda y algunas que han sido prácticamente invisibilizadas.
¿Cree que el PP reconocerá algún día los abusos cometidos por los aparatos del Estado o a las víctimas del franquismo?
Difícil, porque admitir que hubo funcionarios públicos que persiguieron a la disidencia política en democracia es reconocer que las estructuras policiales y judiciales de la dictadura no fueron depuradas. Y porque el relato que han construido sobre la España constitucional y la democracia plena se disolvería como un castillo de naipes. El tratamiento diferenciado que hace de las víctimas en función del victimario, incluso la nula relación que tiene con las víctimas del franquismo, son indicadores claros de que algo falla en este país. El hecho de que hoy existan demandas en un juzgado argentino porque los tribunales de justicia de aquí no las aceptan es un síntoma, a mi modo de ver, de que el Estado español sigue teniendo pendiente una transición para convertirse en una democracia plenamente homologable a otras occidentales.
CTXT DdA, XXII/6409
