El objetivo de la jornada de huelga general en España es acabar con la especulación, movilizar la vivienda vacía, bajar el precio de los alquileres, reconocer derechos a los inquilinos, garantizar contratos indefinidos, controlar el alquiler turístico y recuperar el parque de viviendas en manos de los fondos buitres, y si es necesario, expropiarlos. Por eso, no es un ataque a un partido, un gobierno o una comunidad autónoma. Se impugna el conjunto de las políticas inmobiliarias.
Marcos Roitman Rotsemann
El pelotazo inmobiliario es el apelativo con que se conoce en España el proceso por el cual la vivienda pasó de ser un bien social, a convertirse en un activo financiero. Un cambio cultural que trastoca el sentido habitacional, haciendo del alquiler de viviendas un negocio del cual se lucran empresarios, rentistas, fondos buitres, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Unos recalificando terrenos, otros levantando casas y algunos amasando bienes inmuebles. En esta lógica, los propietarios son participes de la burbuja inmobiliaria, subiendo los precios de alquiler en contra de todo sentido social de la vivienda que rentan.
Mientras tanto, los partidos políticos hegemónicos y nacionalistas que han gobernado y gobiernan en las comunidades autónomas, siguen la estela y se acoplan a las políticas especulativas con el único argumento que, dicen, solucionaría el problema: construir, construir y construir. En otras palabras, el eslogan del franquismo y su ministro de vivienda, entre los años 1957 y 1960, José Luis Arrese: “se trata de hacer propietarios y no proletarios”, eso si “bien hipotecados”, sigue vigente.
Pero no siempre fue así. Vivir de alquiler, hasta la reforma Arrese, era normal en la España de mediados del siglo XX. Así lo acota José Manuel Naredo, Premio nacional de Economía y Medio Ambiente, en su ensayo Urbanismo con burbujas: auge de las operaciones y declive del planeamiento, texto imprescindible para conocer el problema actual de la vivienda en España. En este sentido, nos aclara que España, “según el censo de edificios y viviendas de 1950, muestra que más de la mitad del stock de viviendas se habitaba entonces en régimen de alquiler; este porcentaje alcanzaba 94% en Madrid, en Barcelona 95%, Sevilla 90%, y Bilbao 88%”. Más adelante explica el giro al adoptarse el modelo Arrese, que continúa vigente. Es decir, “un modelo inmobiliario que desplazó el lucro de los propietarios desde el cobro de rentas hacia la realización de plusvalías, fruto de la reclasificación de terrenos que priorizó la vivienda como inversión, no como bien de uso (https://elrincondenaredo.org)”.
Y en esa estamos. Transcurridos dos décadas del siglo XXI, la huelga general convocada por el sindicato de inquilinas e inquilinos, respaldado por UGT y CCOO, CNT, CGT y otros nacionalistas y sectoriales, pone en cuestión, en su totalidad, el modelo urbanístico e inmobiliario que ha seguido España. El objetivo de esta jornada es acabar con la especulación, movilizar la vivienda vacía, bajar el precio de los alquileres, reconocer derechos a los inquilinos, garantizar contratos indefinidos, controlar el alquiler turístico y recuperar el parque de viviendas en manos de los fondos buitres, y si es necesario, expropiarlos. Por eso, no es un ataque a un partido, un gobierno o una comunidad autónoma. Se impugna el conjunto de las políticas inmobiliarias. ¿Tanto cuesta entenderlo?
La respuesta de la derecha a estas demandas es arremeter con todo. Vox pide la ilegalización no solo de la Huelga, sino de los sindicatos, y habla de “circo general”. Feijoo se decanta por declarar que “la huelga es un disparate”, e Isabel Díaz Ayuso tacha a sus promotores de “basura sindical”. Ese es el nivel, arguyendo que esta huelga es política. y por ende un fraude. Así, repiten una y otra vez los tertulianos afines a VOX y el PP en las radios, los plató de televisión, la prensa escrita y las redes sociales. En medio, solicitan la acción represiva de la policía contra sus convocantes. Aquí entra en lisa la manipulación y una visión torticera de la Huelga General. Se decantan por imágenes de violencia callejera. Una mentira que contrasta con el seguimiento en paz de millones de ciudadanos a la convocatoria y las escasas situaciones donde se han producido altercados entre piquetes informativos y los trabajadores contrarios a secundarla.
Arremeter contra el carácter político de la convocatoria es no entender su significado. Su origen se encuentra en la sociedad civil, no en la sociedad política. Sus convocantes no son un partido político, no tienen un programa de gobierno. Los sindicatos, al menos, eso señala la ciencia política, buscan incidir en la elite política. Son ellos, quienes toman decisiones y formulan las leyes de vivienda, alquileres, desahucios. No por otra razón el PP y Vox y Just Per Cat votaron contra la llamada ley Mari Carmen, cuyo caso, tras ser desahuciada de su vivienda con 84 años, pagando su alquiler durante setenta años, está en el origen de esta jornada de huelga general. Natural que se opongan a la convocatoria.
Cuando la derecha no reconoce que los sindicatos de clase están condicionados por relaciones de poder desigual, y cuyos objetivos buscan la mejora de los salarios, jubilaciones más justas, vacaciones pagadas, límites a la jornada laboral, igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, contratos indefinidos, destapan a quienes apoyan. ¿Acaso debemos recordar que el derecho laboral se funda en una desigualdad nacida de la diferencia entre el poder de empresarios y trabajadores? Es el capitalismo y son relaciones sociales de explotación. Ir a la huelga le cuesta al trabajador, ese día no cobra. Invisibilizar esta realidad y atacar la huelga general por la vivienda y un salario digno, habla del desprecio de la derecha. Son ellos quienes niegan los derechos humanos básicos como la vivienda, y unos salarios que hagan posible su realización. Buscan gobernar para seguir agrandando las desigualdades sociales y mantener la consigna: construir, construir y construir a base de fortalecer el pelotazo inmobiliario. Eso nos jugamos.
