Ricardo Miñano
No ha sido cesado. Ha dimitido. Y esa diferencia, que algunos intentan presentar como un simple formalismo, es en realidad el corazón del problema. Porque al no ser degradado, conservará una pensión superior —hasta un 30% más alta que la máxima— y todos los privilegios asociados al cargo. Cuando alguien denunciado por un delito tan grave abandona su puesto sin consecuencias administrativas reales, el mensaje que se envía es demoledor.
La dimisión, en estos casos, no siempre suena a asunción de responsabilidad. A veces suena a estrategia. A blindaje. A puerta de salida acolchada. Y entonces surge la sospecha amarga: ¿es este el precio del silencio? ¿Es esta la forma en que el sistema protege a los suyos mientras exige ejemplaridad a los demás?
Ese sueldo vitalicio que arrastra inercias normativas desde tiempos de “Carolo” no es una anécdota histórica, es una decisión política sostenida en el tiempo. Han gobernado distintos partidos en España y ninguno ha querido o sabido reformar privilegios que hoy resultan difíciles de justificar ante la ciudadanía. Cuando las reglas favorecen a quienes ya tienen poder, la desconfianza deja de ser ideológica y se convierte en estructural.
Y cuando situaciones similares salpican a responsables de distintos signos —como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón— la percepción se consolida: cambian las siglas, pero no siempre cambian las prácticas. Entonces nace esa frase que cada vez se escucha más en la calle: “todos son iguales".
Esto no es la sociedad que queremos —ni la “suciedad” institucional que estamos dispuestos a normalizar. Una democracia sólida no se mide solo por celebrar elecciones, sino por exigir responsabilidades claras, por eliminar privilegios injustificados y por colocar la ética por encima de la comodidad corporativa.
No es que en España no haya políticos. Es que demasiadas veces falta política en el sentido más noble de la palabra: servicio público, transparencia y rendición de cuentas. Y sin eso, lo que se erosiona no es solo un cargo, sino la confianza de todo un país.
DdA, XXII/6230
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