Lo ha contado un bombero forestal con nombre y apellido, Ángel Malanda: "Nos mandan a un incendio por 2,20 la hora". Su salario base es mínimo y su plus de peligrosidad por jugarse la vida ante un fuego insulta. En Castilla y León, cuando te contrata Tragsa (una empresa pseudopública) puede ser aún peor: ese plus de peligrosidad es de 1,69 euros por hora. No les llamemos héroes.
Marta Nebot
España arde. Lo hace cada verano. Éste se quema sobre quemado y no me refiero solo a los bosques. El fuego puede ser inevitable. El año que viene volverá a quemarnos. Nadie está a salvo. Las cifras de hectáreas calcinadas recientes nos permiten decir que Europa y el mundo entero también lo sufre y lo pasa mal hasta apagarlo. Cada vez habrá más incendios incontrolables e inextinguibles por las condiciones climáticas y ambientales. El cambio climático empeora y está tan confirmado como el éxodo a las ciudades.
Pero más allá de esto la pregunta que acecha estos días es: ¿Cómo es posible que no nos pille preparados? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por si tenemos las condiciones materiales necesarias y por cuántos son y cómo trabajan los profesionales en prevenirlos y apagarlos en esta España nuestra? ¿No somos la cuarta economía de la Unión Europea? ¿No hace ya tiempo que el fuego nos quema con saña y que se ha llevado vidas por delante? ¿Por qué nos vuelve a pillar en bragas?
En el panorama
informativo agostero éste ha sido y será el gran tema.
Como dijo Ángel Malanda, un bombero forestal de Castilla y León,
a Javier Ruiz en Televisión Española, son "la canción
del verano; no nos invitáis en noviembre ni en enero". Ruiz le
contestó que "la precariedad laboral es para todos", pero
que si sigue donde está le promete que esta vez será distinto y sellaron la
promesa con un apretón de manos y con Ángel conteniendo las
lágrimas.
No
es ningún secreto que la
situación de los bomberos forestales en España es dispar, por decirlo
fino. Por eso se aprobó el Estatuto Básico de estos profesionales en
noviembre de 2024, tras años de lucha de este colectivo. Ninguna comunidad
autónoma lo aplica todavía. Y cuando lo hagan tampoco
terminará con el problema. Es una ley tímida. Solo por poner un
ejemplo, dice que "para favorecer la estabilidad del empleo y la
mejor atención a la prevención y extinción de incendios forestales se
considerará preferente la contratación pública".
La tabla de
salarios y de tipos de contrato de estos profesionales fundamentales en
las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas no es transparente y,
además, los medios de comunicación de masas casi nunca damos
informaciones completas sobre todos los territorios porque serían
soporíferas y dependemos de las audiencias. Eso echa leña a otro fuego
peligrosísimo que socialmente ya quema mucha base electoral. Me
refiero al provocado por la ultraderecha, pirómano del
sistema de las autonomías. Aprovecha que muchas veces es fuente
de generalizaciones, de falta de transparencia, de justificaciones
en el mal de muchos y de desinformación y desigualdad.
La competencia en Emergencias es autonómica desde tiempos de Franco. Hasta el Régimen entendió que no tenía sentido que viniera alguien desde El Pardo a contarle a otro cómo era su monte y cómo había que apagarlo.
La cuestión no es
poner en duda lo obvio: que el sistema autonómico funciona
y que hay que cuidarlo. Lo
fundamental ahora es no negar que hay que mejorarlo y
hacerlo, que seguimos sin tener unos servicios públicos de prevención y
extinción de incendios a la altura de la dimensión del problema y que hay
comunidades autónomas en las que son desastrosos.
El bombero mencionado,
Ángel Malanda, lo dejó claro con su testimonio: "Nos mandan a un
incendio por 2,20 la hora". Su salario base es mínimo y su plus de
peligrosidad por jugarse la vida ante un fuego insulta. En Castilla y León,
cuando te contrata Tragsa (una empresa pseudopública) puede ser aún
peor: ese plus de peligrosidad es de 1,69 euros por hora. El convenio laboral
de esta comunidad autónoma, además, impone descansos inhumanos cuando llega la
hora de la verdad. He visto con estos ojitos esas nóminas con ese plus
insultante, ese convenio y el comunicado de la Asociación de
Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León donde denuncian
que siguen teniendo contratos de entre cuatro y nueve meses al
año, en contra de las promesas del consejero de Medio Ambiente,
Suárez-Quiñones, tras el grave incendio de la Sierra de
la Culebra de 2022, cuando prometió que acabaría con los
eventuales.
PÚBLICO
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