¿HASTA DÓNDE ESTÁ DISPUESTA A LLEGAR LA "JUSTICIA PATRIÓTICA"?

Mientras la Justicia Patriótica decide hasta dónde está dispuesta a llegar, las tertulias se preguntan hoy si no debería dimitir el fiscal procesado. Es un escándalo que ese hombre siga en el cargo, dicen unos; un grave daño a la institución que representa, declaran otros –incluyendo El País– haciendo como que vivimos en 1990. Exigir dimisiones a imputados quizá tuviera sentido en aquellos tiempos en los que confiábamos en que la justicia, mal que bien, hacía funciones de árbitro. Hoy, con la justicia subiendo a rematar los córners y los aficionados de la derecha ondeando banderas del Poder Judicial, las cosas han cambiado. Mientras numerosos jueces compitan por optar al premio consistente en una cena romántica con Aznar, y el Tribunal Supremo lo permita y promocione, es más que discutible exigir dimisiones por imputaciones o procesamientos sin base demostrada cuyo objetivo no es otro que cortar cabezas políticas. 

Gerardo Tecé

En su empeño continuado por lograr la excelencia en lo suyo, la Justicia Patriótica ha logrado esta semana alcanzar un nuevo hito: procesar a un alto cargo del Estado sin un solo indicio en su contra e ignorando las pruebas que demostraban su inocencia. Los éxitos no llegan porque sí. Son décadas de trabajo, de perfeccionamiento de un sistema en el que primero fueron vascos y catalanes. Cobayas con las que no hubo problemas a la hora de experimentar si era posible instruir, juzgar y finalmente emitir condenas fantasiosas sin que el sistema se tambalease. El resultado fue más que positivo, así que en la siguiente fase de desarrollo le tocó a Podemos. Las conclusiones, de nuevo, fueron excelentes: se podía machacar a un partido estatal con vocación de Gobierno mediante escandalosas investigaciones judiciales que, con el objetivo político alcanzado, finalmente quedaban en nada. Hoy le toca el turno al mismo PSOE que se quedó observando todo aquello como si le fuera ajeno.

Campeones, campeones, oé, oé, oé, gritan hoy en el Tribunal Supremo que deberá ratificar el auto del juez instructor Ángel Hurtado, al que ustedes recordarán por éxitos anteriores como el de que la trama Gürtel actuaba a espaldas del Partido Popular. Pobres. No se ordenó indemnizar al partido como víctima de la trama porque hasta el humor judicial tenía sus límites por aquel entonces. Hoy, entregados al más absoluto de los descaros, lo hubieran hecho sin sonrojarse. Se avanza hacia la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, siguiendo la hoja de ruta prevista desde que comenzó esta investigación patrocinada por la Comunidad de Madrid. Ni la ausencia de pruebas, ni los periodistas que demostraron ante el tribunal que, antes de la fecha en la que se imputa la revelación de secretos al FGE, tenían ya en su poder el mail en el que don Alberto Quirón reconocía los delitos cometidos, han servido para evitar que la gran marcha judicial siga avanzando camino a la Moncloa.

La gran pregunta, ahora que sentar en el banquillo sin pruebas a un alto cargo del Estado ha dejado de ser una línea roja, es cuál será el siguiente paso. Son numerosas las causas abiertas por la Justicia Patriótica contra sus enemigos y todas ellas se encuentran con el mismo problema al final del camino: ¿cómo cerrar el delirio? ¿Cuál es la estación final en este recorrido? ¿Deben alargarse las fases de instrucción hasta que ganen las elecciones quienes deben ganarlas, y entonces decir que se trataba todo de una broma? ¿O toca dar el siguiente paso y animarse a llevar a juicio sin pruebas a los colocados en la diana? El valiente trabajo del juez Hurtado ignorando la realidad en el caso que investiga al FGE nos hace pensar que la balanza se comienza a inclinar por la opción de seguir avanzando sin miedo a la prevaricación. Hay estudios internacionales que avalan esta tesis. En Brasil, Lula fue sacado del poder y encarcelado gracias a una pantomima judicial. Es decir, que poder, se puede.

Mientras la Justicia Patriótica decide hasta dónde está dispuesta a llegar, las tertulias se preguntan hoy si no debería dimitir el fiscal procesado. Es un escándalo que ese hombre siga en el cargo, dicen unos; un grave daño a la institución que representa, declaran otros –incluyendo El País– haciendo como que vivimos en 1990. Exigir dimisiones a imputados quizá tuviera sentido en aquellos tiempos en los que confiábamos en que la justicia, mal que bien, hacía funciones de árbitro. Hoy, con la justicia subiendo a rematar los córners y los aficionados de la derecha ondeando banderas del Poder Judicial, las cosas han cambiado. Mientras numerosos jueces compitan por optar al premio consistente en una cena romántica con Aznar, y el Tribunal Supremo lo permita y promocione, es más que discutible exigir dimisiones por imputaciones o procesamientos sin base demostrada cuyo objetivo no es otro que cortar cabezas políticas. Acusen sin indicios, alarguen investigaciones hasta el ridículo y más allá, procesen con recortes de OkDiario y sin argumentos y, si finalmente se animan, condenen sin pruebas. Pero no nos tomen por idiotas.

CTXT