Félix Población
Los cuatro meses que podrían quedarle a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat de Valencia, con el interesado auxilio de la extrema derecha y el permiso de su jefe en Madrid, es posible que tengan su patriótico sentido y razón, como por otra parte cabía esperar de un partido que de modo tan patriótico se ha caracterizado por ser el más corrupto en la historia de este país: el señor Mazón se puede asegurar durante todo un bienio, a partir del mes de julio, unos emolumentos públicos de 72.000 euros si se mantiene en el puesto que tiene allí hasta el próximo 13 del citado mes. Es lo que consta en un documento llamado Estatuto de los Expresidentes de la Comunitat Valenciana cuando quien ejerce el cargo cumple dos años al frente del mismo. En ese momento, el expresidente pasa a ser miembro nato de llamado Consell Jurídic Consultiu (CJC) que, como el discreto lector supondrá, es uno de esos organismos creados para que quienes llegan a los altos cargos políticos del Estado prolonguen las retribuciones públicas recibidas a modo de propinilla. Si esto ocurriera, que Mazón llegado ese día por el mes de julio, se fuera del cargo y puede que también de rositas por su responsabilidad en la mala gestión de una catástrofe que costó la vida a más de 200 personas, es de esperar que la ciudadanía de aquella comunidad reparta su repudio tanto al actual presidente de la Generalitat como a Vox, el partido que lo ha respaldado después de la mayor tragedia climática del siglo y que es un negacionista del cambio climático. El Partido Popular y Vox deberían pagar en las urnas los 72.000 euros de propinilla de Mazón.
DdA, XXI/5.934
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