Con los comicios a sólo tres días y una acuciante necesidad de evitar la derrota para alejar la rendición de cuentas por sus actos de corrupción y su sospechoso manejo de los informes sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, es evidente que Netanyahu explota la violencia con fines propagandísticos, sin reparar en el costo humano de su uso político de la guerra.
EDITORIAL
El viernes, dos soldados israelíes
fueron asesinados y tres resultaron heridos cuando patrullaban la ciudad de
Hebrón, parte del territorio palestino de Cisjordania ocupado de manera ilegal
por Israel desde 1967.
Los dos presuntos atacantes fueron abatidos en el lugar. Tel Aviv no realizó
ninguna investigación antes de usar el ataque como pretexto para recrudecer sus
operaciones de limpieza étnica en toda Cisjordania: todos los habitantes del
barrio donde ocurrieron los hechos fueron obligados a huir y el ejército de
ocupación comenzó la demolición de edificios sin ninguna relación con el
atentado, una forma de castigo colectivo codificada como crimen de guerra y
llevada a cabo por Israel con total impunidad. Decenas de palestinos fueron
secuestrados por los invasores y la ciudad entera fue sitiada.
El primer
ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu,
se apresuró a visitar el área, donde prometió lanzar una operación sobre
Cisjordania a una escala que no se ha visto desde la Guerra de los Seis Días
“en el momento en que determinemos”.
Asimismo,
afirmó que los invasores destruirán los hogares de los palestinos –a los que se
refirió como “infraestructura terrorista”– y construirán más de 100 nuevos
asentamientos y más de 100 granjas. Las granjas no tienen un propósito
productivo, son un mecanismo para arrebatar mayores extensiones de tierra a los
palestinos. Fuentes del ejército colonial confirmaron que el objetivo es
desplazar a los árabes y dejar que los colonos se expandan libremente.
El ministro
de Finanzas, Bezalel Smotrich, sostuvo que Israel actuará para destruir
Cisjordania, dejando claro el “precio muy alto” de defenderse de la ocupación.
Subrayó que los visto ayer es “apenas el comienzo”.
Las declaraciones de los gobernantes mencionados y de sus colegas en la clase
política israelí sólo pueden leerse como la intención de elevar las operaciones
genocidas en Cisjordania a la misma escala de terror alcanzada en Gaza. La
referencia a la Guerra de los Seis Días resulta en particular ominosa.
Dicho
conflicto, ocurrido entre el 5 y el 10 de junio de 1967, fue provocado por
Israel con el designio de apoderarse de los territorios de Cisjordania,
Jerusalén Este, la franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del
Sinaí. Con excepción de esta última, devuelta a Egipto en 1982, mantiene un
régimen colonial sobre el resto.
Como ha
hecho durante toda su historia, Tel Aviv aseguró que se trató de un acto de
defensa propia ante un inminente asalto de sus vecinos, pero el peligro nunca
existió.
Menájem
Beguín (ministro sin cartera en ese momento y posterior primer ministro)
admitió: “las concentraciones de tropas egipcias en los accesos del Sinaí no
probaban que el presidente Gamal Abdel Nasser estuviera realmente a punto de
atacarnos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Nosotros decidimos
atacarlo”.
Isaac Rabin
(jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas israelíes en 1967) reconoció: “No
creo que Nasser quisiera la guerra. Las dos divisiones que envió al Sinaí el 14
de mayo no habrían sido suficientes para lanzar una ofensiva contra Israel. Él
lo sabía y nosotros lo sabíamos”.
Además, los
sucesos deben enmarcarse en una siniestra tradición política israelí: asesinar
palestinos en las vísperas de elecciones políticas.
Con los
comicios a sólo tres días y una acuciante necesidad de evitar la derrota para
alejar la rendición de cuentas por sus actos de corrupción y su sospechoso
manejo de los informes sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, es evidente
que Netanyahu explota la violencia con fines propagandísticos, sin reparar en
el costo humano de su uso político de la guerra.
LA JORNADA DdA, XXII/6506
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