Un artículo reciente de César Antonio Molina en The Objetive sobre su relación con Zapatero (Zapatero y yo, 14 y 15 de junio de 2026) ha logrado el aplauso y la difusión de los medios de la trinchera, a los que gusta ver cómo uno de sus exministros le cubre de gloria hablando de su "impericia" para gobernar y de su carencia total de valores morales. Y más aún le aplaude el coro mediático local cuando critica la restitución de los documentos incautados durante la Guerra civil a sus propietarios de Cataluña, País Vasco, Asturias y otros lugares. Unos fondos depositados en el llamado Archivo de la Guerra civil de Salamanca, que cohabita con el Centro Documental de la Memoria Histórica. Que diga Molina ahora, habiendo sido ministro de Zapatero, que trató de frenar ese proceso es muy poco elegante, sobre todo echando mano de burdos tópicos, verdades a medias y olvidos flagrantes. NO es propio de un socialdemócrata, como dice ser, ni siquiera de una demócrata.
Luis Castro
Que al presidente Rodríguez Zapatero, inmerso
en su charca judicial, le lluevan zarpazos de la oposición tiene su pase. No
tanto que individuos que en su día fueron de su entorno y cuya carrera política
fue amparada por él, ahora le ataquen zafiamente.
Un artículo reciente de César Antonio Molina
en The Objetive sobre su relación con Zapatero (Zapatero
y yo, 14
y 15 de junio de 2026) ha logrado el aplauso y la difusión de los medios de la
trinchera, a los que gusta ver cómo uno de sus exministros le cubre de gloria
hablando de su "impericia" para gobernar y de su carencia total de
valores morales. Y más aún le aplaude el coro mediático local cuando critica la
restitución de los documentos incautados durante la Guerra civil a sus
propietarios de Cataluña, País Vasco, Asturias y otros lugares. Unos fondos
depositados en el llamado Archivo de la Guerra civil de Salamanca, que cohabita
con el Centro Documental de la Memoria Histórica.
Molina era ministro de cultura cuando empezó
ese proceso, gestionado por su departamento, y hubiera debido asumirlo (o
dimitir, si tan mal lo veía), de modo que es muy poco elegante que ahora diga
que trató de frenarlo y que intente justificar su actitud echando mano
de burdos tópicos, medias verdades y olvidos flagrantes.
- Molina
invoca una vez más la supuesta "unidad del Archivo" rota con la
restitución, mantra que movilizó en su momento al votante españolista del
interior, haciéndole creer que estaba en juego poco menos que la
integridad de España frente al separatismo. Pero alegar eso es tanto como
ignorar qué es un archivo y cuál fue el origen y la función del que
hablamos. El Archivo de la Guerra civil se formó a partir de la
incautación de documentos de particulares e instituciones (ayuntamientos,
partidos, sindicatos) por parte del ejército de ocupación franquista en
zonas "desafectas al Movimiento Nacional", para
"suministrar al Estado información referente a la actuación de sus
enemigos", según el decreto oficial que está en su origen. Es decir, hablamos
de un archivo con finalidad policiaco-represiva, del que salió el
gigantesco fichero de antecedentes políticos depositado en Salamanca, al
que no tuvieron acceso los investigadores hasta finales de los años
setenta. Su formación supuso la ruptura, cuando no la destrucción, de los
archivos de origen, de muy distintas procedencias, con el fin de formar
un totum revolutum al
que solo con mucha imaginación cabe llamar "Archivo de la Guerra
civil"
- En
tiempos de Molina se creó un patronato del archivo. Así lo recuerda él,
pero silencia que el comité de expertos nombrado por ese patronato apoyó
el traslado de los documentos por muy amplia mayoría, considerándolo
"justo y legítimo". Incluso la Asociación de archiveros de
Castilla y León criticó el “enfrentamiento irresponsable entre comunidades
autónomas”, mientras pedía una solución consensuada y una mayor atención
al propio patrimonio documental de Salamanca y de la región, que consideraban
abandonado. Qué raro, pensó más de uno, ¿cómo es que se preocupan tanto
por los fondos catalanes cuando se descuidan los de aquí?
- Hablar
del asunto como mera iniciativa de "independentistas catalanes y
vascos" es simplificar demasiado, como limitarlo al burdo interés
electoral por parte de Zapatero. Si finalmente salió una ley en el
Congreso para la restitución de los documentos fue porque había consenso
político más amplio, del que salieron también la primera Ley de Memoria
histórica y los inicios de una ya tardía política de memoria democrática.
El PP y la Junta de Castilla y León obstruyeran cuanto pudieron el proyecto
y sacaron sus masas a la calle pulsando irresponsablemente el botón del
anticatalanismo y de la "unidad de España", pero sus recursos
judiciales chocaron con varias sentencias avaladoras del proyecto, una de
ellas del Tibunal Constitucional. Y no faltaron masivas
manifestaciones de signo contrario y mucho más legítimas, pues se
limitaban a reivindicaban lo que era suyo.
Es más que probable que Zapatero captara la
escasa fiabilidad de un ministro que boicoteaba la agenda política de la que
era responsable, lo que parece razón más que suficiente para su destitución (y
no la melonada de tener una mujer con "glamur" en el gobierno, como
dice Molina en su artículo, empeñado en presentar a Zapatero como frívolo y sin
altura intelectual).
Por lo demás, la ejecutoria posterior de Molina
le muestra como típico espécimen de lo que Gregorio Morán llamó el
"mandarín" intelectual: el literato o periodista que, habiendo
protagonizado la vida cultural en ciertos momentos desde posturas más o menos
progresistas, evoluciona hacia un derechismo bronco y mal encarado, implacable
con el "independentismo", la izquierda "comunista" y el
"sanchismo". Un exministro que se define como
"socialdemócrata", pero que en este caso no llega ni a demócrata.
DdA, XXII/6388

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