La nueva propiedad privada en Cuba no puede ser el casino de unos pocos mientras el pueblo se aprieta el cinto. Estas son las 15 reglas para domar la inflación y ponerle un alto al abuso.
1. La casa vacía es un desperdicio que la comunidad no puede tolerar.
Si tienes una vivienda cerrada por más de un año sin vivir nadie, y no estás en misión, enfermedad grave o causa justificada, el consejo popular te cita a una reunión de mediación. Ahí se te proponen dos caminos: o la alquilas a una familia necesitada a un precio justo fijado por la oficina de la vivienda, o la donas al municipio para que se convierta en un hogar materno o un albergue social. La propiedad es tuya y las escrituras están ahí, pero el derecho a tener un techo vacío mientras otro duerme en un portal no existe. Si te niegas sin razón, se te aplica un impuesto mensual tan alto que te resultará mejor alquilarla. No se te expropia, se te educa en que la vivienda no es un adorno carcomido por el salitre.
2. El precio del plato de frijoles no puede ser un misterio.
Las mipymes y los cuentapropistas que vendan alimentos, productos de aseo o medicinas están obligados a tener una hoja de costo clara, visible y auditable por el pueblo. Nada de "es que subió el transporte": te sientas con el comité de consumidores de la cuadra y demuestras por qué subiste. Si no puedes, bajas el precio.
3. El que especula con el arroz no merece tener la bodega.
Se decomisa sin papeleo eterno cualquier mercancía básica (arroz, pollo, aceite, leche en polvo) que esté acaparada en un almacén esperando que el precio reviente. La propiedad de productos de primera necesidad es un permiso social, no un derecho absoluto a crear hambre inflacionaria.
4. La casa de cambio no puede ser la cueva de Alí Babá.
Ya que abrirán casas de cambio privadas, la regla es esta: toda divisa que vendan o compren debe registrarse en una plataforma pública del Banco Central, con la tasa y el volumen de cada operación visibles para el gobierno y el barrio. La ganancia del cambista tendrá un tope máximo; el que lo sobrepase manipulando artificialmente la tasa para joder al peso, pagará un impuesto del 70% sobre ese exceso, y ese dinero irá derecho a una cuenta municipal para bajar el precio de los huevos, el pollo y el aceite. Esa casa de cambio abrió para ofrecer un servicio, no para ser el motor de una devaluación salvaje que después todos pagamos en la cola del agro.
5. Herencia grande, herencia que respira el barrio, no el bolsillo del vivo.
El límite no es un número frío: quien herede bienes o fortunas que superen 30 veces el ingreso anual medio de un trabajador estatal, solo retiene hasta esa línea. El excedente (el 85%) no va a una cuenta oscura del municipio, sino al Fondo de Reparación Comunal, una entidad con cuentas de vidrio que cualquier vecino puede consultar desde el celular. ¿Quién cobra? Nadie en efectivo. Ese fondo paga directamente facturas de materiales, salarios de albañiles para arreglar escuelas, compra de paneles solares, o insumos para el policlínico. ¿Quién administra? Un comité de cinco personas electo en asamblea de barrio: un trabajador social, un jubilado con sus manos limpias, un maestro, un delegado y un joven de los CDR. Rota cada dos años y no reciben un kilo de más; si se descubre que metieron mano, es traición al pueblo y van presos. Así el heredero aprende que la riqueza extrema no es un privilegio, es un encargo social, y el barrio aprende que la transparencia es la única vacuna contra la corrupción.
6. Tierra ociosa, tierra que vuelve al pueblo.
El usufructo y la propiedad sobre tierras agrícolas obligan a producir comida para el territorio. Si tienes la tierra con marabú o solo le pones un cartel de "se vende" esperando que un hotel te la compre en euros, el municipio te la quita en 90 días sin indemnización y se la entrega a una cooperativa de jóvenes campesinos.
7. La farmacia no puede ser una ruleta rusa para el bolsillo.
El que fabrique o importe un medicamento esencial o normado, no puede fijar el precio a su antojo. El Estado, a través de BioCubaFarma o quien corresponda, tiene el derecho permanente de copiar ese medicamento y venderlo al costo si el privado infla el precio más de un 15% sobre el costo real de producción. La salud no se patenta, se defiende.
8. Transparencia total en la tienda del barrio.
Si tu negocio privado compite con la bodega estatal, tienes la obligación de registrar cada transacción de compra a proveedores. Nada de "no sé cuánto me costó". El barrio entero puede consultar, a través del delegado, cuánto te costó ese paquete de pollo y decidir en asamblea si tu margen es abusivo.
9. Alquiler justo o no alquiler .
Nadie puede cobrar un alquiler mensual, en CUP o en divisas, que sobrepase el 15% del ingreso familiar del inquilino. Si el inquilino es un médico y el dueño del cuarto le quiere arrancar la mitad del salario, eso es usura.
El Estado, con el banco y la oficina de la vivienda, le congela ese alquiler abusivo y le pone precio justo.
10. El dólar no gobierna el plato del cubano de a pie.
Los negocios privados no pueden fijar sus precios en dólares o euros si venden bienes y servicios de primera necesidad. Todo debe estar en pesos cubanos, y si se anclan a la tasa informal de la calle para reventar el precio, se enfrentan a una multa que se calcula en cestas básicas: 100 cestas básicas de multa, que se reparten a los ancianos solos del municipio.
11. Primero la olla del pueblo, luego la exportación.
Es responsabilidad de los productores abastecer los mercados de su localidad con productos agropecuarios, luego de lo cual, podrán destinar la producción excedente a la exportación y otras variantes que les generen ingresos. No es justo que el tomate se lo coman en Varadero mientras en La Habana el niño no ha visto puré en un mes.
12. Corte de luz especulativo, corte de negocio.
Si en medio de los apagones un particular enciende una planta y vende "horas de frío" para conservar alimentos o carga de celular a precios de estraperlo, el consejo popular fija un precio máximo solidario de esa electricidad. El que cobra a cinco dólares la carga de un teléfono en un apagón no es emprendedor, es un bandido con inversor.
13. La plusvalía es del barrio, no del vivo.
Si el Estado asfalta la calle, pone el parque o abre una parada de ómnibus nueva frente a tu casa, y tú por eso le subes el precio al inmueble que vendes o alquilas, el 90% de esa subida de precio le pertenece al presupuesto municipal para seguir arreglando el barrio.
14. Los costos no son un secreto de Estado, son cosa del pueblo.
Toda mipyme que pida crédito al banco o licitación estatal abre sus libros contables. Los trabajadores de esa empresa y el consejo popular tienen derecho a auditar, con asesoría de un economista estatal, si de verdad los insumos subieron o si el dueño está inflando los números para forrarse.
15. El techo del humilde es más firme que cualquier papel.
Aquí el que se ha hecho su casa con tablas, bloques sueltos y sudor, el que vino de Oriente o de Vueltabajo a levantar la capital trabajando doce horas, ese tiene preferencia. Las viviendas del "llegaypon", autoconstruidas y precarias, gozan de una protección especial: ningún organismo puede desalojar a una familia que demuestre arraigo y trabajo, aunque no tenga la titularidad perfecta. El Estado, con la oficina de la vivienda, tiene la obligación de legalizar esos asentamientos, darles servicio de agua, electricidad y recogida de escombros, y meterles pie de fuerza para mejorar los materiales. Si la tierra donde se asientan tiene un dueño ausente o una empresa que la abandonó por décadas, ese terreno pasa a manos del municipio y se le entrega en usufructo gratuito y perpetuo al ocupante de buena fe. El que nunca ha sudado sobre ese piso de tierra no puede venir ahora a reclamar derecho. Primero la necesidad de los que construyeron con sus uñas, después el papel del que solo apareció a ver si pescaba algo.
DdA, XXII/6387
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