Una empresa privada (Telegram) decide intervenir en el debate político usando su posición privilegiada de fuerza que ningún gobierno democrático podría permitirse sin ser acusado, con razón, de abuso. La libertad digital no se protege con alarmas apocalípticas, se protege con transparencia, con control democrático y con una ciudadanía crítica que no acepta que ni un gobierno ni una plataforma le dicten lo que debe pensar. España no necesita salvadores tecnológicos, necesita debate informado y plataformas que respeten el espacio democrático en el que operan.
Alejandra Caldevilla
Ayer Telegram envió un mensaje masivo a todos sus usuarios en España acusando al Gobierno de querer instaurar un “Estado de vigilancia”.
Es decir, que una empresa privada extranjera decidió intervenir en el debate político español usando su posición privilegiada, sin contexto, sin matices y sin posibilidad de réplica.
Telegram denuncia supuestos intentos de control estatal, pero omite algo esencial y es que las plataformas tecnológicas también ejercen poder, y no poco, controlan infraestructuras de comunicación, algoritmos, datos, canales de difusión y cuando una empresa así decide enviar un mensaje político masivo, lo hace desde una posición de fuerza que ningún gobierno democrático podría permitirse sin ser acusado, con razón, de abuso.
El mensaje está diseñado para activar miedo, no para informar, exagera, simplifica y convierte un debate complejo, que sí creo que debiera darse en el Parlamento y en la sociedad civil, en un ultimátum emocional, no invita a leer la ley, ni a contrastar fuentes, busca la indignación inmediata.
Las regulaciones digitales pueden discutirse, criticarse y mejorarse, pero ese debate pertenece a la ciudadanía y por supuesto que Telegram tiene derecho a expresar su postura, lo que no tiene es legitimidad para autoproclamarse defensora de la libertad digital mientras envía una alerta nacional con su propaganda política a millones de personas como si fuera un parte de emergencia.
La libertad digital no se protege con alarmas apocalípticas, se protege con transparencia, con control democrático y con una ciudadanía crítica que no acepta que ni un gobierno ni una plataforma le dicten lo que debe pensar.
España no necesita salvadores tecnológicos, necesita debate informado y plataformas que respeten el espacio democrático en el que operan.
DdA, XXII/6254
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