Hubo funerales de Estado por las víctimas de la DANA hace poco más un año, pero esta vez, en Huelva -con réplica en Madrid-, hubo o habrá funerales de rito católico por parida doble, como en plena dictadura. Laura Limón hace constar que vivimos en territorios diversos, diversos en creencias, en identidades, en orígenes, en maneras de entender la vida y la muerte. No vivimos en la España de la dictadura, aunque algunas decisiones y actitudes parezcan empeñadas en devolvernos a ella. Un acto institucional de despedida no puede ni debe invisibilizar a quienes no se sienten representadas por un rito religioso concreto. La laicidad del Estado no es una amenaza: es una garantía de respeto para todas las personas. El aplazamiento de un homenaje de Estado laico —con representación de todas las instituciones del Estado, de la comunidad autónoma de Andalucía y de la sociedad onubense— para mantener exclusivamente un funeral religioso católico no es un hecho menor ni neutro, escribe la articulista. El dolor no debería ser nunca un instrumento político. La memoria de las víctimas merece dignidad, pluralidad y respeto. Y nuestra sociedad, que es diversa y plural, merece instituciones que estén a la altura de esa realidad y no de intereses partidistas ni de nostalgias del pasado.
Laura Limón Limón/ Docente, delegada sindical de enseñanza de CGT y onubense.
Antes de entrar en el fondo de este
artículo, y aunque no sea su eje central, considero necesario dejar clara la
postura del sindicato al que pertenezco respecto al modelo ferroviario actual. Desde nuestro sindicato
defendemos sin ambigüedades el ferrocarril como servicio público esencial y
como pilar de una movilidad sostenible, accesible y socialmente justa.
Apostamos por el uso del tren como medio de transporte colectivo, pero no por
un modelo liberalizado en el que la gestión pública de la infraestructura
convive con la explotación privada de la misma.
La privatización del servicio ferroviario diluye responsabilidades y antepone el beneficio económico a la seguridad y al interés general. Desde estas líneas queremos trasladar un mensaje claro al Gobierno central: es urgente repensar el modelo actual y avanzar hacia una renacionalización del ferrocarril, como ya se está haciendo en países como el Reino Unido, devolviendo al sector público el control pleno de un servicio que nunca debió dejar de serlo.
Escribo estas líneas como docente y como delegada sindical de un sindicato de enseñanza, pero sobre todo como onubense que, junto a muchas otras personas de esta tierra, siente un profundo malestar ante la forma en que el Ayuntamiento de Huelva y el Partido Popular han gestionado y manipulado el dolor causado por el trágico accidente de tren en Adamuz.
Lo primero y más importante: mi
máximo respeto a las víctimas, a sus familias y a sus seres queridos. Mi pésame
sincero y profundo, y todo mi apoyo y deseo de pronta recuperación para las
personas que aún permanecen hospitalizadas o convalecientes. Nada de lo que
aquí se expresa pretende empañar su memoria ni su duelo. Precisamente por
respeto a ellas y ellos nace este artículo.
Resulta doloroso comprobar cómo, en
un momento que exigía estar a la altura de las circunstancias, con sensibilidad
y unidad desde el respeto a la diversidad, se ha optado por una vía que
excluye. El aplazamiento de un homenaje de Estado laico —con representación de
todas las instituciones del Estado, de la comunidad autónoma de Andalucía y de
la sociedad onubense— para mantener exclusivamente un funeral religioso
católico no es un hecho menor ni neutro. Es una decisión política,
profundamente ideológica, que no representa a la pluralidad real de nuestra
sociedad.
Especialmente preocupantes han sido
las declaraciones torticeras de un portavoz del Partido Popular afirmando que
el Gobierno de España no debía estar presente. ¿Desde cuándo el dolor colectivo
se jerarquiza según intereses partidistas? ¿Desde cuándo se decide quién puede
o no acompañar institucionalmente a las víctimas en función de cálculos
políticos?
Huelva, Andalucía y el conjunto del
Estado son hoy territorios diversos. Diversos en creencias, en identidades, en
orígenes, en maneras de entender la vida y también la muerte. No vivimos en la
España de la dictadura, aunque algunas decisiones y actitudes parezcan
empeñadas en devolvernos a ella. Un acto institucional de despedida no puede ni
debe invisibilizar a quienes no se sienten representadas por un rito religioso
concreto. La laicidad del Estado no es una amenaza: es una garantía de respeto
para todas las personas.
Como docente, no puedo evitar señalar
una contradicción que resulta especialmente hiriente. Las mismas personas que
desde el Gobierno de Andalucía y desde determinadas instituciones se llenan la
boca hablando de inclusión y diversidad en las aulas son quienes, cuando llega
el momento de demostrar esos valores en la práctica, cierran las puertas a
quienes no encajan en un modelo único: personas no blancas, no españolas, no
católicas. El mensaje que se lanza es devastador, también para nuestro
alumnado: la diversidad se celebra en los discursos, pero se ignora cuando
incomoda.
La alcaldesa de Huelva, que se supone
representa a toda la sociedad onubense y no solo a una parte de ella, ha jugado
un papel clave en esta manipulación del dolor colectivo. Gobernar implica
asumir responsabilidades éticas, especialmente en momentos de tragedia.
Utilizar el sufrimiento para hacer política partidista es una falta de respeto
no solo a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía.
Tampoco puede obviarse la falta de sensibilidad institucional que supone que la Jefatura del Estado, los reyes, acepten participar en un acto exclusivamente católico sin atender a la diversidad de la sociedad a la que representan. La neutralidad y el respeto a todas las conciencias deberían ser pilares básicos de cualquier representación institucional en un Estado que se define como aconfesional.
Muchas personas —y muy especialmente muchas personas onubenses— sentimos enfado, tristeza e indignación. No por la existencia de un funeral religioso, legítimo para quien así lo desee, sino porque se haya impuesto como único marco de despedida institucional, cancelando un homenaje laico que habría permitido a todas las personas sentirse incluidas y respetadas.
El dolor no debería ser nunca un
instrumento político. La memoria de las víctimas merece dignidad, pluralidad y
respeto. Y nuestra sociedad, que es diversa y plural, merece instituciones que
estén a la altura de esa realidad y no de intereses partidistas ni de
nostalgias del pasado.
Ojalá este doloroso episodio sirva al
menos para abrir una reflexión profunda sobre qué valores defendemos como
comunidad y qué ejemplo queremos dar, también a quienes educamos cada día en
nuestras aulas.
CTXT DdA, XXII/6246
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