Los obispos de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y de Oviedo/Uviéu, Jesús Sanz, han criticado el real decreto aprobado este martes para la regularización de personas migrantes, una decisión “populista y demagógica” que utiliza “como moneda de cambio” a los inmigrantes. Ambos prelados se han pronunciado en sus perfiles de la red social X desoyendo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, quien tras conocer la decisión del Gobierno aseguró que esta regularización supone “un reconocimiento de la dignidad humana”, aunque afirmó que “quizás” se hacía ahora “porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca”.
Asturias arrastra desde hace tiempo una anomalía democrática que se ha normalizado de forma preocupante: un arzobispo que actúa como agitador político y un Gobierno autonómico que prefiere el gesto simbólico antes que la defensa firme de los intereses de su ciudadanía.
Jesús Sanz Montes no es solo un representante de la Iglesia católica en Asturias. Es, desde hace años, un personaje que utiliza su púlpito para atacar derechos civiles, cuestionar avances sociales y despreciar de forma reiterada a una sociedad que no se ajusta a su visión ideológica del mundo. Cada intervención pública suya es un nuevo episodio de confrontación, siempre dirigido contra los más vulnerables y siempre en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía asturiana.
Su oposición al acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia no es una opinión más: es una falta de respeto intolerable. No se trata de un debate jurídico ni de una discrepancia técnica. Se trata de personas que fueron dañadas, silenciadas y abandonadas durante décadas, y que hoy reclaman algo tan básico como reconocimiento y reparación. Posicionarse contra eso no es valentía ni coherencia doctrinal; es negacionismo moral.
Resulta especialmente grave que quien se supone debe predicar compasión, justicia y amparo a los débiles utilice su influencia para desacreditar a las víctimas y convertir su sufrimiento en un arma arrojadiza política. Eso no es religión. Eso es poder mal ejercido.
Pero igual de preocupante es el silencio —cuando no la tibieza— del Gobierno del Principado. Asturias ha visto cómo su presidente protagonizaba una visita histórica al Vaticano, la primera de un presidente autonómico, sin que nadie sepa exactamente para qué. No se informó con claridad de los objetivos, no se explicaron los resultados y, sobre todo, no se percibió ninguna defensa explícita de la dignidad de la sociedad asturiana frente a los continuos desprecios del arzobispo.
Si aquella reunión pretendía ser algo más que una fotografía, fue una oportunidad perdida. Perdida para exigir respeto institucional. Perdida para trasladar el malestar social existente en Asturias. Perdida para pedir responsabilidades ante una figura que ha cruzado demasiadas líneas sin consecuencia alguna.
Lo que queda es la sensación de que se optó por el gesto, por la visibilidad y por el cálculo político, en lugar de por la defensa clara de los intereses de Asturias. Y eso tiene un coste.
Mientras tanto, el Principado sigue tomando decisiones que poco tienen que ver con resolver los problemas reales de esta tierra: concesiones de suelo público para universidades privadas, facilidades para empresas vinculadas a la industria armamentística y una preocupante falta de ambición para reconstruir un tejido industrial que se desmorona. Asturias se vacía, se precariza y envejece, mientras se nos ofrece simbología institucional como sustituto de políticas valientes.
La realidad es sencilla y dura: Asturias no se arregla con visitas papales. Se arregla con decisiones políticas. Con defensa del interés público. Con valentía para decir basta cuando una figura eclesiástica utiliza su cargo para dividir, insultar y deslegitimar a la ciudadanía.
Ni el arzobispo de Oviedo representa a Asturias, ni su discurso refleja los valores de esta sociedad. Y ningún presidente, ni gobierno de coalición «progresista»“ como el de Asturias, deberían mirar hacia otro lado cuando una institución religiosa actúa como actor político sin asumir responsabilidades.
Asturias merece respeto. Merece un gobierno que la defienda y no que se esconda detrás de gestos vacíos. Merece líderes que se enfrenten a los problemas reales y no que los disimulen con solemnidad institucional.
Porque la dignidad de una tierra no se negocia ni se fotografía. Se defiende.
LA VOZ DE ASTURIAS DdA, XXII/6245
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