Félix Población
Ayer tuvo lugar en Madrid una concentración ante el Tribunal Supremo en contra del fallo que condenaba al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y al pago de 10.000 a Alberto González Amador por un delito de revelación de secretos. El fallo se adelantó en este caso a la redacción de la sentencia y fue noticia un 20 de noviembre, fecha en la que se cumplían cincuenta años de la muerte del dictador Francisco Franco. Es singular el hecho de que el fallo se conozca antes que la sentencia, pero lo es menos si se considera que España es un país donde existe una asociación profesional que se llama Jueces y Juezas para la Democracia, como si tuvieran necesidad sus integrantes de especificarlo. Quizá sea preciso porque esta democracia tiene en su historial un 23 F de 1981 y ahora lo ha venido a complementar en otra variante un 20 N de 2025. Hace más de cuarenta años, después de aquel intento de golpe de Estado que repercutió -para algunos entre los que me encuentro- negativamente en el proceso democrático de este país, una gran multitud ciudadana se reunió en las calles de Madrid en contra de una más de las involuciones cíclicas propias de nuestra historia. Ayer, sin contar por supuesto con la preparación y múltiple convocatoria general de movilización que tuvo aquella gran manifestación-, fueron sólo unos centenares de personas las que se dieron cita ante el Tribunal Supremo por creer que estábamos -tal como se leía en una de las pancartas- ante un lawfare supremo*. Desconozco, al día de hoy, si cuando se conozca oficialmente la sentencia y haya que protestarla democrática y masivamente en fondo y forma, la capacidad de movilización de este país se parecerá al menos un poco a la que siguió al 23 de febrero de 1981. Me preocupa bastante que entre la ciudadanía que se concentró en Madrid contra el fallo del Tribunal Supremo ante el edificio de esta institución, apenas se notaba la presencia de gente joven. Por contra, es estimulante que entre los presentes estuviera la anterior Fiscal General del Estado y el juez Baltasar Garzón.
*La bochornosa decisión de Marchena y sus compañeros de la Sala Penal confirma lo que muchos no querían ver, que algunos jueces se han convertido en activistas políticos. Es por tanto un golpe durísimo contra la democracia, y un gran regalo para las derechas extremas en el día del 50º aniversario de la muerte del dictador. ¿Estamos entrando en una auténtica juristocracia corrupta? Obviamente, sí. Los jueces se arrogan el poder político cuando les interesa. Discuten quién puede nombrar al fiscal (los jueces han decidido ser ellos) y de paso intentan dañar a Sánchez, muestran su lealtad a Ayuso y, sobre todo, dejan claro que pueden hacer lo que quieran. No necesitan ni pruebas, ni leyes, ni nada. Es un ejercicio de omnipotencia. Un deporte altamente peligroso. Si le han hecho esto a un fiscal general del Estado, ¿qué no podrán hacer con la ciudadanía de a pie? Editorial de CTX: Lawfare supremo y golpe judicial a la democracia.
DdA, XXI/6177
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