Es de esperar que en las próximas elecciones autonómicas se tenga en cuenta en las tres provincias leonesas que sólo el partido leonesista UPL está luchando por la necesidad que le asiste a la región a tener presente y porvenir. Se reconoce el derecho a la autogobierno, pero no se activa. Así se perpetúa el truco psicológico de toda política centralista: transformar la justicia en retórica, la reparación en aplazamiento. Y entretanto, los pueblos se vacían, los jóvenes huyen y la historia se convierte en souvenir. León, madre del parlamentarismo europeo, reino que dio forma a la monarquía y a las leyes, se consume hoy en la marginalidad muriente, mientras sus descendientes mendigan una autonomía prometida y jamás concedida.
NÓS TERRA MAIRE
El Gobierno ha vuelto a pronunciar la palabra mágica: "comprende". Comprende el “legítimo derecho” de los leoneses a conformar su propia autonomía, dice el ministro con esa sonrisa beatífica de quien se sabe guardián del aplazamiento perpetuo. Comprende, sí, como se comprende al niño caprichoso que patalea por un juguete imposible, o al viejo que rememora sus glorias pasadas con la ternura que inspira la decrepitud. Comprenden, los próceres del poder, pero no actúan. Y en esa comprensión benévola y estéril se pudren las esperanzas de tres provincias condenadas a ser las comparsas administrativas de un ente birregional sin alma: Castilla y León.
Nada hay más inicuo que esa pedagogía de la condescendencia que el Estado practica con los leoneses desde hace más de cuatro décadas. Un maestro indulgente que da la razón a su alumno para que calle, y no porque la merezca. Con cada ministro que dice “os entiendo”, con cada gobierno que promete estudiar la cuestión, se levanta una nueva losa sobre la sepultura del viejo Reino. Y así, mientras los papeles se archivan y las comisiones bostezan, León, Zamora y Salamanca continúan perdiendo habitantes, industrias, trenes y sobre todo: FUTURO.
No es novedad que el actual gabinete se sume a esta opereta del consentimiento vacío. Que un ministro, en entrevista perfumada de cortesía institucional, repita las fórmulas de siempre —“legítimo derecho”, “reivindicación histórica”, “amparo constitucional”— forma parte del ritual anestésico que los sucesivos gobiernos, rojos o azules, han administrado para mantener dócil el alma leonesa. El gesto es siempre el mismo: comprensión sin compromiso, abrazo sin acción, palmadita en el lomo seguida de un portazo elegante.
Y sin embargo, los hechos desmienten cada palabra amable. Setenta ayuntamientos y la Diputación de León han aprobado ya mociones favorables a la creación de la autonomía de la Región Leonesa. ¿Ha movido el Gobierno un solo dedo ante tal clamor municipal? No. Porque la comprensión solo dura lo que dura el titular de prensa; luego vuelve la indolencia, esa enfermedad espiritual de Madrid, donde las causas menores —las que no votan en masa ni amenazan con incendiar las calles— se dejan languidecer. A los leoneses se les da la razón, sí, pero como a los tontos: para que no molesten demasiado mientras los ministros hacen cuentas con otros territorios más rentables.
Durante cuarenta años, el Estado español ha cultivado una doctrina de desdén cultivado hacia las regiones pequeñas con dignidad grande. No es solo desidia, es también miedo. Miedo a reconocer que la agregación forzada de las 3 provincias de León con Castilla fue un error geomorfológico y moral, un engendro nacido de la comodidad burocrática. Miedo a admitir que el mapa podría tener sentido y justicia si León, Zamora y Salamanca pudieran volver a pensarse a sí mismas como región viva, no como apéndice cadavérico de una macrocomunidad sin proyecto común.
Se comprende, dicen, pero no se corrige. Se reconoce el derecho, pero no se activa. Así se perpetúa el truco psicológico de toda política centralista: transformar la justicia en retórica, la reparación en aplazamiento. Y entretanto, los pueblos se vacían, los jóvenes huyen y la historia se convierte en souvenir. León, madre del parlamentarismo europeo, reino que dio forma a la monarquía y a las leyes, se consume hoy en la marginalidad muriente, mientras sus descendientes mendigan una autonomía prometida y jamás concedida.
No basta con comprender; comprender sin hacer justicia es otra forma de desprecio. Si el Gobierno —este o los anteriores— quisiera de verdad honrar la Constitución que tanto invoca, comprendería que el artículo 143 no es una coartada para la inacción, sino un mandato para la pluralidad. Que el reconocimiento del derecho a la autonomía implica facilitarlo, no encerrarlo en las vitrinas del simbolismo.
Quizá algún día, cuando ya no quede nadie que lo reclame, el Estado conceda a los leoneses lo que hoy les niega con sonrisa paternal. Entonces levantarán una placa en memoria de su resistencia cívica, y los burócratas de entonces también dirán que “comprendían su derecho”. Pero ya nadie oirá esas palabras, y nadie recordará que hubo una vez un pueblo que no quiso ser comprendido, sino libre.
DdA, XXI/6134
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