El Congreso perdió, habiendo sido diputado por Podemos, a un político cuyos títulos son los del trabajo en el campo andaluz desde niño, y sus cinco encarcelamientos y medio centenar de detenciones en defensa de los derechos de los trabajadores, hasta el año 2023. Para un país como el nuestro, donde la corrupción política y los títulos falsos tantas veces están saliendo a la luz en la tribuna del Congreso, la ausencia de Diego Cañamero como diputado es tan deplorable muy significativa por todos los títulos que le honran.
Valentín Tomé
Encarcelado en cinco ocasiones, acusado en 60 juicios, y detenido más de 50 veces.
La primera ocurrió en diciembre de 1974, con 18 años, cuando rebuscaba aceituna en el Cerro de Las Cañas (Montellano, Sevilla). Había vuelto hacía unos meses de Cataluña (a donde había emigrado para trabajar en la construcción), debido a la enfermedad de su padre, quien falleció poco después de cáncer con 49 años. Diego Cañamero, el cuarto de 11 hermanos, tuvo que hacerse cargo junto a su madre de sus hermanos pequeños, ya que los mayores estaban casados. Para mantener a la familia buscaba trabajo en los molinos de aceite durante la recolección de la aceituna y pedía el turno de noche para poder rebuscar de día y meter dos jornales en su casa.
En enero de 1976 fue uno de los promotores de una huelga en El Coronil durante la recolección de la remolacha. Exigían 700 pesetas por jornada de trabajo, ya que solo se ganaba 300 pesetas, y en el resto pagaban la jornada al doble. En septiembre del mismo año fue detenido en El Coronil y encarcelado en la prisión provincial de La Ranilla en Sevilla por participar en una concentración por un convenio justo en el verdeo.
En 1977 fue detenido de nuevo en Cantillana (Sevilla) por repartir panfletos. Durante su detención afirmó haber recibido una fuerte paliza por los Guardias Civiles encargados de su custodia.
Y así hasta...
La última fue en Málaga el 9 de julio de 2013 por la ocupación de la finca militar de Las Turquillas un año antes para que las tierras públicas pasaran a concurso y que las cooperativas las pudiesen adquirir ya que estaban en desuso. Por esta acción fue condenado a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros.
DdA, XXI/6070
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