Con las temperaturas estivales cada vez más altas y olas de calor que se extienden durante semanas, las distintas comunidades autónomas pasaron de destinar en conjunto más de 360 millones a prevención en 2009 a menos de 180 millones en 2022, aunque mantienen más o menos estables las partidas dedicadas a las más visibles labores de extinción. En el área noroeste, la muy castigada este verano Castilla y León ha pasado de destinar 10,27 millones a 1,41 (un 86% menos) y Asturias ha recortado el presupuesto en un 67%.
Xose Manuel Pereiro
Era un niño cuando vi, o más bien experimenté, mi primer incendio forestal. A Serra de Santa Mariña, el monte que hay en mi aldea, enfrente de la casa de mis abuelos (donde ahora escribo esto) estaba en llamas. Veía la agitación y los trajines de los vecinos. Entonces eran muchos, y además se decía que la Guardia Civil paraba a los que iban o venían de las verbenas para obligarlos a que ayudasen en la extinción. Era a comienzos de los setenta, o eso calculo, entre otras cosas porque fue en esa época cuando empezaron los incendios forestales, el fenómeno.
La sierra ardió más veces, pero el fuego nunca se aproximó a la aldea (bueno, se quemó la casa de un vecino, pero por un cortocircuito), más que probablemente porque está rodeada por un cinturón de bosque autóctono. Así que no puedo contar en primera persona –cruzo, como todos mis vecinos, los dedos– la angustia, los trabajos y las vigilias de amigas o colegas que están sufriendo en carne propia la amenaza de las llamas. Y la intriga, con sospechas o sin ellas, de quién es el causante.
Por qué
Siempre ha habido fuegos por causas naturales, por despistes o como método de renovación de cultivos. Pero los incendios forestales como fenómeno, al menos aquí, comenzaron con la década de los setenta del pasado siglo. Y la culpa, aunque pueda parecer extraño, o sectario, la tuvo el franquismo y sus ansias productivistas. En Galicia, la inmensa mayoría de los montes (entre la cuarta y la quinta parte de todo el territorio, y la mitad de la superficie arbolada) es comunal. Es una propiedad privada colectiva del conjunto de los vecinos con casa abierta y residencia habitual en la parroquia, aldea o lugar en el que se encuentre el monte. Un sistema de propiedad comunitaria de origen germánico que no se puede inmatricular, vender, repartir ni embargar.
El gobierno de turno del Caudillo por la Gracia de Dios creó en 1971 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) que –adelantándose al neolenguaje actual– sirvió para lo contrario de lo que pregona, al menos en los montes comunales. Como nadie podía acreditar oficialmente su propiedad, el ICONA, en connivencia, de grado o por fuerza, con los ayuntamientos, o por iniciativa propia, decidió repoblarlos. Con pinos. Como me recordó estos días un vecino, “a alguno se los plantaron delante de casa”. Y al resto, algo más lejos, pero en el terreno que todos habían aprovechado desde tiempos inmemoriales para proveerse de pastos o de leña.
Los pinos crecen rápido, y arden bien. Aunque los supera otra especie, el eucalipto, que también auspiciaron las administraciones (primero la central, que creó la Empresa Nacional de Celulosas e impuso una factoría en Pontevedra y después, con redoblado entusiasmo, la autonómica), aunque en este caso, lo hicieron con métodos algo más sutiles, pero tanto o más efectivos. El capitalismo, en sus versiones primero autoritaria y después depredadora, aportó dos especies altamente pirófilas. En Galicia, según el 4º Inventario Forestal Nacional (iniciado en 2008) las especies foráneas pirófilas introducidas (eucaliptos, acacias, pinos) ocupaban, en exclusiva o con presencia de otras, el 71% de la superficie arbolada, y el 75% de la afectada por los incendios en el decenio 2006-2015 (el último que figura en las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). En ese lapso, según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), el 30% de los fuegos que se produjeron en España fue en territorio gallego, más que los ocurridos en total en las otras dos comunidades más afectadas (Castilla y León y Asturias). La zona de España con más siniestros es la noroeste (del Miño al Bidasoa, incluidas tierras leonesas), una de las tres áreas en las que los estudios forestales dividen la península (la segunda es la mediterránea, de Huelva a Girona, y la tercera la constituye el interior).
El productivismo, en todas y cada una de sus facetas, se encargó de sustituir la población rural y su forma de relacionarse con el territorio por los monocultivos de cualquier tipo. Hay menos gente que nunca, y menos razones para quedarse: desaparecen desde las escuelas a las sucursales bancarias. La “desagrarización” supuso, entre 1960 y 2017, el descenso en Galicia de 730.000 personas ocupadas (es decir, sin contar la población no activa) en el sector agroganadero. En el proceso se dejó de trabajar aproximadamente una cuarta parte del territorio y del total de la superficie agraria útil. Entre 1989 y 2011 casi la mitad del territorio no urbano de Galicia experimentó un cambio de uso, una dinámica posiblemente inédita en el contexto de Europa Occidental.
En contra de lo que se pueda pensar, hoy hay más superficie arbolada (plantaciones para producción de madera, que no bosques) que nunca: aumentó desde el 38% del territorio en 1972 hasta el 49% en 2011, según el 4ºIFN (y hoy será mucho mayor, de hecho, dado su dinamismo, se plantea revisar la zona cantábrica por quinquenios, no por decenios). Pero no sólo arden los pinares y los eucaliptales (en Ourense prácticamente no hay esta última especie). El terreno que abandonó el ser humano fue colonizado, además de por árboles, por la maleza descontrolada. Se le puede llamar “naturaleza”, aunque los que se encargan de luchar contra los incendios le llaman “combustible”. “Quedó a monte” es la expresión gallega, que vale tanto para un terreno como para una persona.
En el resumen que reconozco que va haciendo falta, los montes arden, sean arbolados o de matorral, porque son altamente combustibles, sobre todo cuando se dan determinadas circunstancias climáticas. Lo que queda por establecer es para qué se prende fuego. O lo que es casi lo mismo, quién.
Para qué
En la época que el ICONA se dedicaba a plantar donde no era suyo se apuntaba a los despistes (“cuando un bosque se quema, algo suyo se quema”, rezaba la propaganda, quiero pensar que sin ser conscientes del sarcasmo). Todavía hay descerebrados que hacen barbacoas o tiran fuegos de artificio donde les place. Y pirómanos, es decir, gente con una patología que hace que disfruten plantando lumbre (y la cobertura mediática refuerza el efecto llamada). Pero fundamentalmente lo que hay son incendiarios: aquellos que provocan fuegos por interés de algún tipo.
El EGIF del decenio de referencia estima en un 88% los incendios con causas conocidas, y las clasifica en cinco grandes grupos: rayos (la única considerada natural en España); negligencias y accidentes (quemas agrícolas y ganaderas, maquinaria, trenes, deficiencias en el tendido eléctrico, hogueras y barbacoas, etc); intencionadas, desconocidas y reproducciones de incendios anteriores. Quedémonos con los fuegos intencionados. Cerca de 70.000 en la etapa estudiada (el doble de los ocasionados por negligencias). En la zona noroeste, la intencionalidad roza el 70% de los fuegos, mientras en la mediterránea y en la interior supera apenas el 30%.
La intencionalidad es multicausal: los informes oficiales dicen que la gran mayoría se deben a quemas de residuos agrícolas, regeneración de pastos, o intentar ahuyentar a animales salvajes, seguido por la actuación de pirómanos (7%) o vándalos (un porcentaje similar) o las causas relacionadas con la caza (3,5%). Incluso mencionan motivaciones residuales como venganzas por multas, resentimiento por expropiaciones, crear malestar social y los ritos satánicos o pseudoreligiosos (todos ellos poco más de un 0,04%). Sin embargo, la propia información oficial reconoce que “a pesar del elevado número de incendios de causa conocida, es un dato muy relevante que sólo se logre identificar al causante en un 17% de los casos, impidiendo por tanto el inicio de procedimientos judiciales para la sanción del delito, en su caso. Especialmente llamativo es el bajo número de incendios intencionados con causante identificado”.
Quién
A raíz de los grandes incendios ocurridos en 2006 en la costa atlántica (con tres muertos), la Fiscalía Superior de Galicia ordenó una investigación exhaustiva a la Guardia Civil. El resumen fue que la intencionalidad era menor, un 60% contra el 85% que le atribuía el entonces Ministerio de Medio Ambiente, pero se disparaba el desconocimiento de las causas: el 49% de los incendios tenían motivaciones desconocidas. “Muchas veces, en los interrogatorios a los que se somete a los detenidos, no confiesan motivación específica alguna”, declaró entonces el fiscal superior, Carlos Varela García.
Aquel año fueron detenidas 180 personas en relación con los incendios, y “los motivos que confesaron los detenidos, algunos de ellos con graves trastornos psíquicos, fueron muy variados: rencillas, venganzas, limpieza de fincas o de pastos...”. Se dictó prisión provisional para 32, 17 precisaron de internamiento psiquiátrico y cuatro pasaron a la Fiscalía de Menores. Diez tenían otros antecedentes penales y bastantes sufrían alcoholismo. No creo que eso constituya una radiografía muy exacta de los incendiarios. Si las leonas hicieran una estadística sobre los herbívoros que consiguen capturar, probablemente concluirían que sus presas eran las gacelas más lentas o los búfalos más viejos.
Baso también mi escepticismo en que a un conocido le ofrecieron hace años en un bar quemar montes, con remuneración variable según resultados (extensión quemada). No quiso preguntar para qué, ni dónde. Pero es curioso que estamos ante un delito cuya enorme gravedad no se corresponde con la escasa o desconocida cuantía de los beneficios. Lo que la investigación descartó fue la existencia de tramas organizadas, según aseguró aquel año –y lo sostuvo otro año trágico, 2017, ante el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo– el que era fiscal de Medio Ambiente de Galicia y ahora fiscal general del Estado en la picota, Álvaro García Ortiz.
Sin embargo, el fiscal superior Carlos Varela no se recató –hace ya casi dos décadas– y dijo que “detrás de algunos incendios se esconden probablemente intereses especulativos relacionados con la clasificación del suelo, los cambios de uso o la puesta en marcha de nuevas actividades sobre el territorio”. Actividades como parques eólicos, plantas de transformación de madera o explotaciones mineras. Estos días circulan por las redes sociales mapas en los que se superponen las ubicaciones de este tipo de proyectos con zonas altamente afectadas por el fuego, como Chandrexa de Queixa.
Qué
Ante una situación de catástrofe, que todo hace suponer que no hará sino empeorar por las condiciones climáticas, el nivel de respuesta de los responsables es desolador. Ninguna de las propuestas que aportó un grupo de 130 expertos de las universidades gallegas a la comisión constituida en 2017 en el Parlamento Gallego sobre el asunto fue secundada. La de partida era que no se podía abordar el problema como si fuese única y meramente una cuestión forestal. Otra –o la misma– era que el planteamiento de base pecaba de “urbano”. Exactamente igual que las medidas y la propaganda institucional que anima a permanecer en un rural que se pinta como idílico mientras la política real es potenciar la eucaliptización (léase el caso de la megacelulosa Altri) y el productivismo empresarial.
Bajando al detalle, la Xunta de Galicia afrontó el verano sin cubrir cerca de un centenar de vacantes en el Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF) y desoye las continuas propuestas de bomberos y brigadistas de demanda de profesionalización. Además del Seprona de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA, aka la policía autonómica gallega) es la encargada de investigar los delitos contra el medioambiente. En unas jornadas sobre incendios celebradas en 2005 en el Consello da Cultura, el entonces responsable reconoció que había 25 agentes destinados a ese tema, que en verano por las vacaciones se reducían en una tercera parte. Con datos referidos al pasado 1 de agosto, la UPA informaba de que a lo largo del año había “detenido o investigado” a 13 presuntos causantes de incendio (la práctica totalidad, por negligencias).
Al gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijóo y después de Alfonso Rueda tampoco se le conocen esfuerzos por aplicar la norma, establecida en 2007 por el gobierno de coalición de PSdeG y BNG, que obligaba a los residentes en núcleos rurales a tener despejados de maleza los alrededores de las viviendas. El gallego no es, sin embargo, un caso aislado. Las distintas comunidades autónomas pasaron de destinar en conjunto más de 360 millones a prevención en 2009 a menos de 180 millones en 2022, aunque mantienen más o menos estables las partidas dedicadas a las más visibles labores de extinción. En el área noroeste, la muy castigada este verano Castilla y León ha pasado de destinar 10,27 millones a 1,41 (un 86% menos) y Asturias ha recortado el presupuesto en un 67%.
En general, las únicas voces que se escuchan, además de las airadas o resignadas de los vecinos de las zonas afectadas, son las que confirman el nivel escolar de debate político español. El PP aplica el manual de cinco puntos que siempre usa en caso de emergencias. Primero niega o minimiza la existencia (el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia ha solicitado a la Administración autonómica, entre otras cosas, que aumente los partes diarios, que ofrezca datos desagregados y localizados de efectivos y que no se limite a informar de los incendios superiores a 20 hectáreas), después pide ayuda al Gobierno central y en tercer lugar posteriormente responsabiliza a otros (normalmente al Gobierno central) de la gestión (o de su falta) a pesar de que las competencias son suyas.
El pasado 5 de mayo, el presidente gallego, Alfonso Rueda, presentaba el plan de incendios 2025 (Pladiga) y se enorgullecía de los 7.000 efectivos que contemplaba, a pesar de que como calculó el periodista Juan Oliver, la letra pequeña del Pladiga 2025 sólo contabilizaba 5.189 (3.044 de personal de la Xunta, 1.968 de entidades locales; 112 trabajadores de medios aéreos subcontratados y 65 más de medios estatales). El pasado martes, después de varias reclamaciones de medios y efectivos al Gobierno central, la Xunta estimaba en 4.300 personas las que luchaban contra el fuego, entre ellos 746 mandos y soldados de la UME y de otros organismos estatales.
No he olvidado los puntos 4 y 5 del manual argumentativo del PP en caso de emergencias (aunque no sólo del PP: he cubierto varios tipos de catástrofes). El cuarto es el capítulo de lamentos y jeremiadas (“lo-siento-mucho-no-lo-volveré-a-hacer” style) y el quinto, la rueda de prensa de medidas cosméticas que ni rozan la raíz de los problemas. Permanezcan atentos a su estreno en sus pequeñas pantallas. Yo acabo esto y vuelvo a mirar al monte de enfrente.
CTXT DdA, XXI/6085
No hay comentarios:
Publicar un comentario