En este artículo se habla de ellos, extenuados por la carencia medios contra fuegos cada vez más crecidos, invasivos y letales -muertos y heridos crecen al tratar de sofocarlos-, pero también se habla de los 74 millones de euros que el gobiernín de Mañueco repartió entre 35 empresas privadas que debería gestionar la prevención y extinción del fuego en la segunda comunidad que más masa forestal ha perdido desde 1983: 1 millón 300.000 hectáreas.
Joaquín Pisa
Ocurre sin embargo que los bomberos castellano-leoneses son contratados por cuatro ó cinco meses al año, cobran salarios base de 1.100 euros mensuales (con complementos como horas extras, etc., se pueden ir a 1.400), y son en definitiva, un personal "fijo discontinuo", que durante el resto del año -ocho meses- ha de buscarse la vida como puede. Es decir, existe un amateurismo total, una absoluta falta de profesionalización en los servicios antiincendios de esa región, y me temo, de muchas otras (des)gobernadas por granujas semejantes con sus mismos "principios" privatizadores.
¿Adónde han ido esos 74 millones de euros? Pues al parecer han sido generosamente repartidos entre las 35 empresas privadas que gestionan la supuesta prevención y la extinción de incendios en Castilla-León. Nada menos que 35 chiringuitos, propiedad evidentemente de coleguitas de los politicastros locales del PP, quienes además de participar en la rapiña de fondos públicos buscan asegurarse con ese reparto la fidelidad de voto de empresarios y temporeros de la extinción de incendios; pasta gansa para los "empresarios" asociados, migajas para los más.
Y luego pasa lo que pasa. Pasa por ejemplo, la absoluta falta de coordinación entre los 35 chiringuitos privados a la hora de afrontar el más sencillo de los incendios, no digamos una ola como la actual que recorre varias provincias a la vez. Pasa que esas pseudo empresas no invierten un céntimo en prevención a lo largo del año, entre otras razones porque fuera del verano no tienen personal contratado. Pasa en definitiva, que tampoco disponen de material realmente eficaz, y el que tienen carece de mantenimiento que merezca ese nombre.
Pasa que todo esto es una vergüenza. Y pasa en fin que hasta que el privatizar un servicio público no esté penado con la cárcel, este país no levantará cabeza.
DdA, XXI/6072
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