Escribe el autor del artículo, publicado en Infolibre, que ante situaciones de ataque al sistema democrático desde las instituciones o partidos, la sociedad no puede verse inerme ante maniobras que tienden a vaciar de contenido el sistema democrático, y se hace imprescindible garantizar mediante la tutela judicial al más alto nivel que impida la eficacia de estos usos antidemocráticos. Cabe preguntarse si se siente ahora mismo la sociedad española inerme ante esas situaciones de ataque el sistema democrático.
Fernando Pérez Martínez
La falta de tutela judicial del derecho de los votantes a que su voluntad soberana se cumpla permitiendo gobernar a quienes fueron designados clara e inapelablemente para hacerlo durante cuatro años, está orientada a disuadir la participación de toda la ciudadanía en la designación de un presidente del Consejo de Ministros, del mismo color o diferente si hubiere defraudado las expectativas de la mayoría del censo electoral. Se trata de restar apoyo al sistema democrático, por premeditado hartazgo, promovido por los antidemócratas que arrastrando los pies se han visto apoyando una constitución democrática.
Hay dos malas prácticas que se oponen al buen discurrir del funcionamiento de las democracias. Una es la que practican los partidos antisistema (antidemócratas) que cuando se ven postergados por el voto mayoritario contrario a su acceso al gobierno emplean la oposición no para pulir, incluir o complementar las iniciativas de gobierno con aportaciones que mejoran estas, sino que aplican la totalidad de los recursos a su alcance en bloquear o impedir las acciones gubernamentales recurriendo a triquiñuelas claramente destinadas a ningunear el derecho de los votantes que respaldan al gabinete ministerial a ver sus aspiraciones convertidas en iniciativas legales que tienen como objeto la mejora de la sociedad en los aspectos, con respeto al ordenamiento legal, que estimen necesarios. Su único objetivo consiste en que todo vaya o parezca ir mal.
Otra mala práctica es la que desde la colonización de instituciones estatales por partidarios de sistemas antidemocráticos, se emplean para pervertir poderes del Estado como la judicatura, poderes territoriales (comunidades, municipios, diputaciones) desde donde torpedear las acciones de gobierno con prácticas prevaricadoras y fraudulentas, aun perjudicando el interés general o deteriorando el crédito institucional con el único objeto de impedir que la voluntad expresada en las urnas se lleve adelante.
Ante situaciones de ataque al sistema democrático desde las instituciones o partidos, la sociedad no puede verse inerme ante estas maniobras que tienden a vaciar de contenido el sistema democrático, y se hace imprescindible garantizar mediante la tutela judicial al más alto nivel que impida la eficacia de estos usos antidemocráticos.
El Consejo General del Poder Judicial aparentemente mira para otro lado ominosamente, dominado por miembros declarados rabiosos partidarios de una facción postergada por el voto popular, que ante el escándalo por la acción perversa de alguno de sus miembros prevaliéndose del poder que la ciudadanía deposita en ellos, no cumplen la función para la que han sido designados sino que subastan este poder del Estado para enriquecerse, ya o a futuro, deteriorando gravemente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones provocando, favoreciendo el crecimiento de desafección a la democracia que no se defiende de estos ataques desde dentro, engordando la bolsa de decepción y su adscripción a soluciones “autoritarias”, antidemocráticas pero aparentemente efectivas.
Un puñado de comunicadores y de funcionarios prevaricadores campan por sus respetos con el aplauso de partidos antisistema (antidemocráticos) vulnerando la voluntad de la mayoría democrática del país sin que quienes tienen la obligación institucional de intervenir para restablecer el orden, la justicia y la ley, por pusilanimidad o complicidad con los promotores y autores de este atentado contra España y la democracia cumplan su función, depurando al personal corrupto e infiel a su compromiso con el Estado democrático que les designó para un cometido y que les protege y alimenta.
Quienes —como el que suscribe— no somos juristas, pero soportamos el buen o mal uso que de las instituciones democráticas se hace, debemos alzar la voz para que quienes tienen la obligación, con sueldo pagado por nosotros, de velar y proteger el buen funcionamiento del sistema, practican con desvergüenza e impunidad una suerte de indolencia lucrativa que en puridad sería motivo de cese fulminante y depuración de responsabilidad.
Como juristas, los españoles no sabremos freír un huevo, pero sabemos sobradamente cuándo está bien frito. Y me atrevo a afirmar que en España vamos estando hasta donde no es preciso mencionar de que cada vez que apartamos, con todas las de la ley, una facción política, esta no para de freírnos los huevos, por medio de sus sicarios aupados en cargos institucionales, con muy poca maña y peor intención, jurídicamente hablando.
Léase@también: El nuevo Consejo General del Poder Judicial pactado por el PSOE, el PP y Sumar se sube 223 euros las dietas diarias.
DdA, XXI/5.910
No hay comentarios:
Publicar un comentario