Nos gustaría pensar, ante el contenido de esta noticia, que entre los clubes de futbol de España, esos que jalean hasta un fanatismo ridículo un supuesto amor a los colores del club -cuando todo el mundo sabe que el fútbol profesional es un negocio bastante sucio-, que actitudes como la del Cádiz podrían ser más posibles que excepcionales. Pero este Lazarillo cree más bien que no, que la decisión del club gaditano evitando el desahucio de una anciana casi nonagenaria, es noticia porque no creo que vaya a ser ejemplo. Y lo que le ha pasado a María, sin ese final feliz, sigue ocurriendo en este país con demasiada frecuencia. ¿En qué sistema moral retorcido y putrefacto puede estar por delante el beneficio económico de unos propietarios que poseen un edificio entero antes que la dignidad de la vida de María Muñoz?, se pregunta el siguiente editorial. ¿Qué tipo de principios han albergado las mentes de los diferentes legisladores y ministros que han permitido que ese sistema moral violento y repugnante se haya solidificado en las normas legislativas que rigen nuestro país?
María Muñoz tiene 88 años y vive desde 1967 en el mismo piso del barrio de El Pópulo en el centro histórico de Cádiz. Hace unos años, su marido falleció y María no completó el trámite para subrogar el contrato de alquiler de renta antigua tal y como la amparaba la Ley 40/1964 que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos. En cambio, los propietarios le hicieron un cambio de contrato que María firmó sin darse cuenta de que contenía una cláusula mediante la cual podían echarla cuando transcurrieran tres años. Al haberse cumplido ya el periodo y a pesar de la lucha de María, de su familia y de todo el barrio, este 27 de junio iba a ser desahuciada de la vivienda en la que ha habitado durante 60 años de su vida.
Sin embargo, ayer saltaba la noticia: el desalojo no se va a producir porque la fundación del Cádiz CF ha decidido comprar, por 147.000€, el piso a los propietarios y seguir alquilándoselo a María por el mismo precio que ella estaba pagando hasta ahora. Los dueños de la vivienda eran también dueños de todo el edificio y su intención era venderlo en bloque. Sin embargo, al no conseguir sus objetivos, empezaron a venderlo piso por piso y muchos de los inmuebles se pusieron en el mercado como vivienda turística. Exactamente lo mismo es lo que pensaban hacer con el piso de María, hasta que, de forma providencial, el Cádiz CF decidió intervenir. Toda la familia está muy agradecida con el club, pero han decidido mantener la movilización que habían organizado, junto a la asociación de vecinos de El Pópulo, porque, según sus propias palabras "hay más Marías".
Es una alegría que el desenlace de este caso concreto haya tenido un final feliz y hay que agradecer la solidaridad del Cádiz CF para llevar a cabo una buena obra a la que, en ningún caso, estaba obligado. Pero sería un grave error que nos quedásemos ahí. El caso de María no es un cuento de Navidad —que tiene lugar en verano—, que nos emociona y que se queda en una anécdota que nos permite concluir que todavía queda gente buena en el mundo. Lamentablemente, el caso de María no es más que un impactante ejemplo de un grave problema económico, social y político. Lejos de ser anécdota, el caso de María constituye toda una categoría y haríamos mal en no extraer de él los importantes aprendizajes que nos deja.
En primer lugar, la voracidad con la que la especulación inmobiliaria de los grandes capitales y de la clase rentista está expulsando a los vecinos y vecinas de las zonas céntricas —tradicionalmente humildes— de las grandes ciudades para alimentar el monstruo insaciable del turismo masivo. Como está ocurriendo con Lavapiés en Madrid, el Barrio Gótico en Barcelona, y otros muchos barrios análogos en los cascos históricos de las ciudades más turísticas de nuestro país, la desregulación neoliberal del mercado de la vivienda que pone el negocio especulativo por delante de los derechos fundamentales de las personas está sustrayendo cantidades cada vez más ingentes de viviendas del uso residencial para colocarlas en el —mucho más lucrativo— uso turístico. Así, las zonas más emblemáticas de nuestras ciudades están dejando dejando de ser un lugar para vivir, en el que los vecinos y vecinas se conocen y se ayudan, en el que florecen los pequeños comercios de barrio, en el que, en definitiva, se puede intentar ser feliz, para convertirse en auténticos parques temáticos para turistas. Se expulsa a las gentes más vulnerables que han habitado toda la vida allí para llenar las viviendas cada semana con una persona diferente que, quizás, no va a volver a visitarla nunca más y que apenas la utiliza como base de operaciones para irse de compras y hacer un montón de fotos fuera del barrio para luego publicar en Instagram.
En segundo lugar, el caso de María, nos golpea en el estómago con la absoluta inacción en esta materia de todos los gobiernos que ha habido en nuestro país en las últimas décadas, incluido el gobierno actual. Con la notable excepción de la Ley de Vivienda impulsada por Podemos en la legislatura pasada —la primera de la democracia y un notable avance, pero mermada por las bridas neoliberales que el PSOE insistió en colocarle y suspendida la aplicación de alguno de sus epígrafes más importantes en las comunidades autónomas gobernadas por el PP—, todos los gobiernos de todos los colores han permitido sin ningún tipo de rubor que un bien básico indispensable para satisfacer un derecho fundamental, como es el de la vivienda, se utilice de forma salvajemente capitalista como un bien de mercado más para que —fundamentalmente— las clases parasitarias puedan obtener, sin hacer absolutamente nada, una rentabilidad mucho mayor que si pusieran su capital en una actividad mínimamente productiva.
¿Cómo puede ser que una anciana completamente desprotegida de 88 años pueda acabar sus días siendo brutalmente desalojada de la casa en la que ha vivido prácticamente toda la vida? ¿En qué tipo de organización social cabe siquiera la posibilidad de que semejante violencia pueda tener lugar? ¿En qué sistema moral retorcido y putrefacto puede estar por delante el beneficio económico de unos propietarios que poseen un edificio entero antes que la dignidad de la vida de María Muñoz? ¿Qué tipo de principios han albergado las mentes de los diferentes legisladores y ministros que han permitido que ese sistema moral violento y repugnante se haya solidificado en las normas legislativas que rigen nuestro país?
Obviamente, debería estar tajantemente prohibido que se pueda echar de su casa a cualquiera de las Marías de España, sea por el motivo que sea. Está claro para cualquiera que no sea un fondo buitre que hay que prohibir el uso de las viviendas como bien especulativo hasta que la última persona de nuestro país no tenga garantizado su derecho a una casa digna. Es absolutamente evidente que el Estado ha hecho una dejación de funciones criminal al no hacerse con un parque público de viviendas suficiente para que cualquiera de nuestros compatriotas tenga la posibilidad de pagar un alquiler compatible con sus humildes ingresos. Todo esto es obvio y la situación es absolutamente injustificable. Pero, incluso asumiendo que, por el momento, esto es lo que hay y que estas medidas no se van a tomar de la noche a la mañana, ¿cómo puede ser que haya tenido que venir una entidad privada, como el Cádiz CF, a poner los malditos 147.000€ que hacían falta para evitar la infamia que estuvo a punto de cometerse? Todos tenemos que estar agradecidos al club por haber hecho algo tan generoso y tan decente. Pero, al mismo tiempo, tenemos la obligación democrática y política de preguntarnos en qué clase de ordenamiento institucional aberrante estamos viviendo para que ni el Ayuntamiento de Cádiz, ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno de España tengan los mecanismos ni la voluntad de destinar la partida presupuestaria que haga falta para que no destrocen la vida a una anciana de 88 años y a todo el resto de Marías que viven en nuestro país.
Que María Muñoz y su familia hayan tenido que llegar a la situación a la que han llegado habla de un sistema político y económico absolutamente enfermo. Ahora que tantos analistas de la progresía se preguntan —preocupados— qué se puede hacer para evitar el avance de la extrema derecha, a lo mejor podríamos empezar por no ejercer la más cruel de las violencias institucionales contra una anciana de 88 años en riesgo de exclusión.
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