Pablo Elorduy
Una declaración aprobada por la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense el pasado 26 de abril ha saltado al primer plano informativo de la Comunidad de Madrid después de que, en la jornada del 6 de mayo, el consejero de Educación, Emilio Viciana, anunciase la convocatoria de los rectores y pidiera que “la política” se quedara “fuera de las aulas”. Viciana se hacía eco de la interpretación que el diario ABC ha hecho de la declaración, que asocia en su titular a un impulso personal de la decana de la Facultad, de quien destaca que es “próxima a Pablo Iglesias”.
La realidad es que la declaración fue aceptada por toda la junta de la Facultad, en la que participan estudiantes, el profesorado y el personal administrativo. Víctor Alonso Rocafort, que es vicedecano de Asuntos Económicos, refiere que la declaración ha sido trabajada en el aula de sostenibilidad, desde la que se abordan temas como la reducción del consumo energético en la propia Universidad. Pero, como explica este profesor, la propia lógica del aula lleva a mirar a los grandes contaminantes. Al hilo de los últimos acontecimientos, desde ese grupo de estudio también se ha apuntado al vínculo entre el sector financiero “marca España” y las grandes empresas de armas.
Pero, ¿qué es exactamente lo que dice la declaración? El texto aprobado pide la suspensión de la cuenta que la Universidad Complutense mantiene con el Banco Santander “por financiar la industria fósil y la industria armamentística implicada en el genocidio sobre Gaza”. Rocafort detalla que se busca un cambio de paradigma del banco en cuanto a la financiación de proyectos de explotación de combustibles fósiles, que están llevando, por ejemplo, “a la destrucción del Amazonas”.
La relación del Santander y la UCM viene de lejos y aparece en paralelo a la expansión del Plan Bolonia. Son más de 27 años en los que el banco de los Botín “colaboran” de distintas formas. La principal es a través de la gestión de cuentas y tarjetas bancarias. Pero cuestiones como la emergencia climática o el desarrollo de la cultura de la guerra que está teniendo lugar en el contexto europeo y en el Mediterráneo son motivo, indica Rocafort, “para repensar el papel de estas empresas, que son fundamentales para la industria fósil y las armamentísticas, y la relación que queremos mantener con ellas”.
La declaración se hace una pregunta —“¿cómo es posible que las Universidades colaboren con quienes financian genocidios, la deforestación mundial y un calentamiento global que puede llevarnos a la extinción?”— y plantea alternativas en el caso de retirada de las cuentas del Santander que pasan por la banca ética que está implantada en España, como es el caso de Fiare.
Alonso critica, además, que la declaración de la Junta haya sido relacionada con la expansión del movimiento estudiantil de protesta contra el genocidio que hoy mismo, martes 7 de agosto, tiene prevista una asamblea en la que se espera que se decida si instalar una acampada como las que ya se han instalado en campus de Valencia, Bilbao y Barcelona. Porque, para este profesor, la asociación de las dos iniciativas es una “infantilización” del estudiantado.
En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero abundó en su idea: “Debemos dejar siempre la política fuera de las aulas. Los alumnos están en una edad en la que es normal hablar de política y nosotros consideramos que esto es perfectamente factible, pero lo que no puede ser es que desde las propias instituciones educativas se anime en un determinado sentido hacia determinadas posiciones políticas”. En parecido sentido, Viciana declaró ayer que hay “un nivel de objetividad y de neutralidad” alto en las universidades y que no espera que se produzcan imágenes como las de las acampadas de Estados Unidos, sofocadas violentamente por cuerpos policiales y de seguridad. “El silencio también es política”, subraya Rocafort, quien espera que en las próximas horas otras facultades de la Complutense se adhieran a la declaración.
EL SALTO DdA, XX/5637
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