Vicente Bernaldo de Quirós
A pesar de que somos un Estado aconfesional, tal y como lo define la Constitución Española, hay muchas personas a las que no les gusta que los ateos tengan visibilidad en la sociedad española y está mal visto que las autoridades y cargos públicos dejen de atender las obligaciones religiosas que se vinieron efectuando en esta nación a lo largo de la Historia, porque la presión de los poderes eclesiales y sus cómplices mediáticos hacen que en muchas ocasiones los dirigentes institucionales tengan que ir a misa cuando se celebra una festividad aunque no tenga que ver con la Santa Madre Iglesia.
Por eso es necesario que se dote a las instituciones públicas de toda España de un estatuto de laicidad que deje claro que los cargos públicos, independientemente de sus convicciones religiosas no tendrán la potestad de acudir a actos religiosos de ninguna fe, en función de su cargo, sino de sus creencias personales, porque son alcaldes o presidentes de todos y no solo de los que profesan la fe católica.
En Gijón se impulsó y se aprobó un estatuto de laicidad hace menos de un año, a petición de la organización Asturias Laica, que consideraba que el primer edil y los responsables municipales no tienen la obligación de acudir a actos religiosos, en función de su condición, lo que originó unas incomprensibles críticas por parte de la derecha asturiana que entendía que una de las funciones de las autoridades era la de respetar las creencias de la mayoría de la población, como si eso de conservar las costumbres tradicionales fuera una necesidad vital para el concejo.
Todavía está en la mente de muchos gijoneses la presencia de las autoridades en la bendición de las aguas en el día de San Pedro, 29 de junio, patrono de la ciudad, lo que parecía insólito a cualquier ciudadano del resto de Europa, pero que los feligreses de esa parroquia y los católicos conservadores consideraban esencial, por lo que la posición de la entonces alcaldesa, Ana González fue criticada por los más rancios de los medios de comunidad y de las mal llamadas fuerzas vivas.
Hay que decir que Ana González fue la única alcaldesa representante institucional, coherente con este precepto, ya que nunca acudió a esa celebración religiosa en su condición de cargo público, aunque es verdad que tampoco lo hizo a título privado, porque parece que la mujer no es creyente y considera que su labor al frente de la Corporación Municipal no era presidir actos de esa índole. Desde que fue descabalgada de la candidatura por sus correligionarios, el PSOE se ha mostrado muy poco beligerante a favor del estatuto
Incluso el candidato socialista al Ayuntamiento de Gijón y actual portavoz, Luis Manuel Flórez, llegó a insinuar la posibilidad de que si fuera alcalde no rechazaría presidir la bendición de las aguas, aunque al no haber sido designado primera autoridad local, ese planteamiento carecía de interés, pese a la condición de antiguo sacerdote del representante socialista.
El Estatuto de Laicidad de Gijón, según todos los indicios, no ha sido derogado, pero la actual Corporación de derechas se lo pasa por el forro y la alcaldesa, Carmen Moriyón acude encantada a todos los actos de raíz católica en su condición de representante de los ciudadanos, lo que es incompatible con la norma aprobada por los anteriores integrantes de la Casa Consistorial.
Conviene recordar para los que son duros de oído que el Estatuto de Laicidad de Gijón no prohíbe a ningún cargo público asistir a un acto religioso si es de su agrado, pero sin llevar la representación municipal o ostentar una preponderancia en la ceremonia en función de ese cargo, porque las instituciones son ajenas a las creencias de sus miembros.
Idéntica posición debería extenderse al Gobierno del Principado de Asturias, donde su actual presidente, Adrián Barbón, confeso creyente, acude con regularidad a la fiesta religiosa del 8 de setiembre, en condición de jefe del Ejecutivo, con el agravante de que tiene que someterse al mitin ultraconservador del arzobispo de Oviedo, el ultramontano y reaccionario Jesús Sanz Montes, que aprovecha su superioridad como anfitrión para echar la bronca a los que no son como él. Debería nuestro presidente abstenerse de acudir o hacerlo a modo privado y en los últimos asientos, porque cuando el arzobispo insulta lo hace a todos los asturianos, creyentes o no.
DdA, XIX/5.524
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