Raúl Solís
En febrero de 2021, el entonces ministro
socialista José Luis Ábalos dijo en rueda de prensa que “la vivienda es un bien de mercado”, con el objetivo de
enfriar las intenciones de Podemos de que la vivienda fuera un derecho social a
proteger. No dijo nada más que lo que el PSOE piensa en su fuero más interno y
el motivo por el que en 45 años de democracia nunca se ha regulado en España el
artículo 47 de la Constitución Española, que declara que todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los
poderes públicos la obligación de diseñar las normas para que este derecho se
haga efectivo.
El PSOE ha gobernado 27 de los 45 años de democracia, muchos de esos años
con mayorías absolutas incontestables. Es decir, el 60% del periodo democrático
ha estado gobernado por los socialistas y jamás consideraron prioritario
legislar la vivienda para que ésta fuera un derecho fundamental. El PSOE no
consideró jamás una prioridad legislar el derecho a la vivienda porque su
principal acuerdo para ser bisagra del régimen bipartidista ha sido con los
grandes propietarios, con el rentismo, aunque en las elecciones pidiera con
retórica social el voto a las clases medias y populares.
Ni siquiera su pacto fue con los empresarios, sino con el capital que dejó
de invertir en economía productiva, lo que crea riqueza, empleo y desarrollo,
para poner todos los huevos en el rentismo, lo que se ha convertido en un freno
a la economía. No fue un accidente meteorológico que en plena pandemia nos
diéramos cuenta de que en España no fabricábamos ni mascarillas.
Se dice poco que el alquiler funciona como un impuesto a las clases medias
y populares, con especial agresividad a los jóvenes. Un impuesto que, al
contrario que los tributos públicos, sólo beneficia a unos pocos que tienen
mucho. El rentismo no innova, ni piensa, ni dinamiza, sólo vive del sufrimiento
de quienes no heredaron. Como afirma el escritor Jorge Dioni López, en su
ensayo ‘La España de las piscinas’ publicado por la editorial Arpa, la materia
prima de España es España.
El PSOE, en el pecado lleva la penitencia. El urbanismo especulador de
adosados con piscina fue fomentado también por alcaldes socialistas, porque
llenaba las arcas públicas de dinero para construir teatros mastodónticos sin
programación teatral, es el resultado de que la derecha y ultraderecha barran
electoralmente en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, convertidas
en zonas residenciales donde los ricos y las clases aspiracionales se han
concentrado para independizarse de las clases populares.
No ha sido un fallo del modelo, sino el modelo neoliberal funcionando a
todo tren. No es casual que los grandes patrimonios españoles procedan
directamente de las empresas crecidas al albur del dinero público del
franquismo y se hicieran dueñas de las ciudades con la especulación urbanística
de la década neoliberal y ese truco de la “colaboración público-privada”, por
el que el sector público paga y las empresas privadas se quedan con los
beneficios. Tampoco es casual que el periodista de las cloacas por excelencia,
Antonio García Ferreras, sea una mascota del principal empresario de la
construcción, Florentino Pérez, y que su función sea diabolizar a Podemos para
que perdiera brío electoral y evitar así tanto su entrada como su incidencia en
el Gobierno de España.
La diferencia entre la ley de vivienda que quería aprobar el PSOE y la que
finalmente se ha aprobado este jueves en el Congreso se llama Podemos. Sin la
presencia de los morados, especialmente de la labor de la ministra de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no hubiera sido posible. Los morados,
conscientes de que el PSOE nunca quiere, que al PSOE se le obliga, ha hecho una
alianza estratégica con el bloque de investidura, sobre con ERC y Bildu, para
llevar al PSOE a tener que apoyar una ley que considera que la vivienda es un
derecho social y no un bien de mercado.
El peor defecto del PSOE, que su único objetivo es gobernar, aunque sea con
la agenda de la derecha, se ha convertido en el hueco de la ministra Ione
Belarra para conseguir que España tenga un ley de vivienda que incluye medidas
que parecían imposibles hace tres años cuando se empezó a negociar. La cercanía
de un ciclo electoral donde el PSOE se la juega también ha jugado a favor de la
ministra.
Prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, obligación de
los promotores privados de construir 40% de vivienda protegida en todas las
urbanizaciones para acabar con el urbanismo apartheid, limitar la subida de los
alquileres al 2%, gratuidad del cambio de hipoteca fija a variable, la
inclusión en el parque público de alquiler de las viviendas del Banco Malo o
que los pagos de agencia corran a cargo del propietario y no del inquilino.
Belarra, por un parte, ha usado su habilidad negociadora para, de forma
discreta, rigurosa y apoyándose siempre en el movimiento social en defensa de
la vivienda y en el bloque de investidura, evitar que el PSOE hiciera una
pirueta de las que acostumbra y se apoyara en la derecha para aprobar una ley
con mucho relato y poca realidad. Paralelamente, Belarra ha hecho todo el ruido
que ha podido, entendiendo como ruido la estrategia de persuasión y que los
medios de comunicación no tuvieran más remedio que hablar de la ley vivienda
para situar al PSOE frente a su propio electorado. Negociación y movilización.
Puño cerrado y corazón abierto.
Belarra ha sorteado todos los marcos de pensamiento impuestos por el poder
mediático y las compañías aseguradoras que la tildaban de defensora de los
okupas y enemiga de los pequeños propietarios. Lo ha hecho sin renunciar a
ninguna de sus máximas, insistiendo, dando la batalla y teniendo muy claro para
qué y por quiénes llegó Podemos al Gobierno de España. Es la diferencia entre
pensar más en la realidad que en el relato y entender que el único camino
correcto es el justo, aunque a veces tenga coste en la propia imagen.
Dicen los colaboradores de la ministra Belarra que si le sobran 15 minutos
entre una reunión y otra los usa para hacer llamadas de teléfono y resolver
asuntos de trabajo. Dicen también que recuerda todos los días a su equipo que
lo importante es la tercera persona del plural, el nosotros, y no la primera
persona del singular, el yo. A pesar de que el PSOE no quería, la valentía e
insistencia de la ministra han conseguido lo que parecía imposible en España:
tener una ley que considere que la vivienda es un derecho y no un negocio.
La ministra Ione Belarra es una mujer sencilla, vecina de Vallecas, sin
lazos con el rentismo y lidera un partido que rechaza financiarse con el dinero
de los bancos. Ione Belarra no se calla, aunque callarse le reportaría un mejor
tratamiento del poder mediático, porque sabe que lo que acaba con las
injusticias es la valentía, no los silencios ni la docilidad. No da lo mismo
quién gobierne y no es posible gobernar desde la oposición, como argumentaba la
izquierda Oxford y sus satélites mediáticos para que Podemos no entrara en el
Gobierno de coalición en 2019.
Hablar bien de las ministras de Podemos no está bien visto ni es rentable.
Como periodista te excluye de las tertulias de radio y televisión, te expulsa
de las redacciones y te manda directamente al paro. Si en este país la
actualidad no estuviera divorciada de la realidad, la Ley de vivienda sería
llamada ‘Ley Belarra’ y se diría que la líder de Podemos es una ministra como
una casa.
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