Armando Nosti Caso
El Partido Popular pide explicaciones al PSOE por el Caso Mediador; le viene bien para tapar sus vergüenzas, las recientes de la alcaldesa de Marbella, el expresidente de Murcia o el diputado Casero y las más antiguas que siguen en distintas fases en los juzgados.
Ambos partidos tienen mucho que ocultar, la corrupción es el nexo común entre quienes han venido repartiéndose el gobierno desde la transición. El latrocinio de las Cajas de Ahorro, disfrazado de rescate bancario, nos ha costado mucho más de los sesenta y cinco mil millones que nos contaron. Sumado el coste del Sareb y los fondos propios que tenían las Cajas antes de caer en manos de los partidos y que desaparecieron, podríamos estar hablando de doscientos mil millones de euros, más del diez por ciento de nuestra deuda pública. Los ERE andaluces, los casos Bonsai, Lezo, Acuamed, Pujol, Púnica, Gürtel, la hucha de las pensiones, las trapacerías de Juan Carlos, y un largo etcétera elevan considerablemente esta cifra.
Hay otras corrupciones que nos cuentan como si no lo fueran. El rescate de las autopistas, la Operación Castor, la amnistía fiscal, la evasión fiscal, los sobrecostes en las obras, los aeropuertos sin aviones o las grandes obras abandonadas repartidas por toda la geografía, son un saco sin fondo que pagamos entre todos y enriquece a unos pocos.
Disfraza la corrupción la ley de Aznar que permitió a la iglesia católica adueñarse de más de treinta y cinco mil propiedades en toda España, sobre mil trescientas en Asturias. Y no son sólo templos o edificios de culto, que en su mayoría fueron financiados por los ciudadanos, son viviendas, bajos comerciales, fincas o monumentos como la Mezquita de Córdoba. La mayor parte de esas propiedades están exentas de impuestos, pese a lo que cada año, once mil millones de los que pagamos nosotros van a parar a sus arcas, para financiar sus medios de comunicación y propaganda. A Cáritas, unas migajas, menos del tres por ciento. Para justificarse.
También es corrupción utilizar las fuerzas de seguridad del estado para inventar o destruir pruebas a conveniencia del ministro de turno o no renovar un poder judicial amigo en espera de que se terminen los juicios pendientes. Y pagar a periodistas mentirosos para difundir noticias inventadas a falta de verdades que echar en cara a “populistas que quieren destruir España”.
El problema es que todo esto lo hemos normalizado, decimos que son cosas que pasan, que si no lo hacen unos lo harán otros, que todos son iguales y nos conformamos. Como mucho, dejamos de votar, que es lo que quieren. Lo cierto es que la cuarta parte de nuestra deuda pública, más de trescientos mil millones de euros, sin contar las inmatriculaciones que no me atrevo a cuantificar, pero podrían duplicar esta cantidad, deberían estar en las arcas del estado, en nuestras arcas, y nos cuesta más de siete mil millones de euros al año. Los culpables de esta situación no vienen de países bolivarianos, son el señor feudal, ahora instalado en el IBEX y sus lacayos.
La Nueva España DdA, XIX/5.394
No hay comentarios:
Publicar un comentario