Desde las de El Lute, Luis Roldán y El Dioni, no había habido una fuga como la que anuncia Ferrovial a los Países Bajos —aunque ellos lo llamarán “deslocalización”, igual que llaman “ingeniería financiera” a evadir impuestos o “movilidad exterior” a emigrar—. El movimiento se demuestra huyendo, decía Woody Allen, y este tiene cuatro esquinas: legal, legislativa, moral y política. La primera de ellas deja poco espacio al análisis, dado que no hay norma alguna del mercado libre de la Unión Europea que lo impida y, por lo tanto, esa empresa se marcha igual que algunas vienen desde el extranjero o, incluso, de otras comunidades: muchas y muchos que hoy claman en el desierto que nos quieren hacer barrer y pagando nosotros la escoba, hace poco se alegraban cada vez que una corporación se marchaba de la Cataluña más convulsa, escapando de la ola independentista. Hay gente que no se ríe ni llora, sólo enseña los dientes o deja caer lágrimas de cocodrilo, según le interese.
El rincón legislativo es, en este caso, un ángulo muerto, se habla de él de cara al futuro y por pura lógica, pensando que los Estados deberían tener alguna herramienta a su disposición que evitara que una compañía que ha acumulado beneficios durante décadas a partir de contratos y dinero públicos, en este caso de alrededor de nueve mil millones de euros, o que durante la pandemia sobrevivió, como tantas otras, gracias a las ayudas que recibió para financiar sus ERTE, se pueda ir con la música a otra parte y llevarse los instrumentos que les hemos comprado todas y todos con nuestros impuestos. ¿Podría aplicarse una especie de cláusula de permanencia, que les impidiese poner la mano, echarse los billetes al bolsillo y tomar las de Villadiego? ¿Se les podría imponer un espacio de tiempo en el que, en caso de dejar el país, tuvieran que devolver lo obtenido? Parece que así debiera ser y que no debe de resultar tan difícil de conseguir: si lo puede hacer una marca de telefonía, que te vende un terminal a plazos y con ello te ata tres años, ¿por qué no lo va a poder hacer un Gobierno?
La esquina moral de este cuadrilátero es la más dolorosa, la que expresa bien a las claras que a veces lo que no castiga el Código Penal tampoco es de recibo ni es justo. En este caso, además, es un ejemplo de la idea que tienen muchos poderosos de los impuestos y que, hablando sin adornos, viene a significar que el objetivo es que los pobres financien a los ricos, como se hizo con el famoso rescate bancario que sólo ha servido para que las entidades salvadas de la quema no devolviesen prácticamente nada de lo logrado y hoy se estén repartiendo ganancias colosales, ellas o quienes se las quedaron a precio de saldo. El jefe de Ferrovial que se va a Holanda para tributar menos es la tercera fortuna de España, detrás de los Ortega, padre e hija, y posee, según la revista Forbes, un patrimonio de tres mil ochocientos millones de euros. En infoLibre se ha dado noticia de sus negocios en paraísos fiscales y de las exenciones tributarias de las que ha disfrutado durante décadas. Con semejante fortuna, podría ser solidario, alegrarse de que gracias a sus aportaciones fiscales se pudieran construir escuelas, ambulatorios y hospitales. Hace unas semanas, en un acto de exaltación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo, el señor Del Pino aseguró: “Nuestra ambición es seguir contribuyendo a la construcción de una España mejor y más próspera.” Lo de “contribuir” se ve que era una ironía. Esta gente no tiene patria, sólo patrimonio.
Nos queda el extremo político de la cuestión, que sin duda es el más efervescente, porque ya se ve que para algunas personas no existe más nacionalidad que la del dinero, pero si sumamos dos y dos, nos acordamos de que en aquella reunión con el jefe del Partido Popular enfatizó que si este llegaba a La Moncloa, “España volvería a ser un lugar atractivo para invertir” y ahora se va a hacerlo a otro sitio, pues será que no cree que el líder y el partido conservador vayan a ganar las elecciones.
Por supuesto, al fondo de todo esto se oye la palabra “cinismo”, que es la salsa que le ponen algunas y algunos a todos los guisos. El cinismo del mandamás de la patronal que se escandaliza de que se suba el salario mínimo ochenta euros y se pone a sí mismo un sueldo de cientos de miles; el del propio Feijóo que se rompe la camisa exigiendo transparencia mientras su formación sigue ocultando el salario que le paga y debería declarar por ley; o el de su portavoz Cuca Gamarra, que lanza contra el Gobierno a ese nuevo Gran Nicolás que ha surgido de las cárceles de las islas Canarias, experto en fingir relaciones de altos vuelos para engañar a empresarios que aspiraban a corruptos, pagando mordidas a cambio de recibir trato de favor de la administración local o de librarse de sanciones que les habían impuesto por sus malas prácticas, e intenta colgarle el sambenito a Pedro Sánchez, cómo no, con el fin de aprovechar la tinta de calamar que lanza el “mediador” para que no se vea a la alcaldesa de Marbella y su patrimonio injustificado de millones de euros, o que la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir quince años de cárcel para la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, por el caso Kitchen. Gamarra, que no dijo ni pío de los negocios de la familia Ayuso, se escandaliza ahora, pero le vendría bien tener cuidado: ese individuo también afirma que en 2020 se sobornó con un millón de euros a una concejala tránsfuga de Ciudadanos para que propiciara un vuelco en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que reintegrase el poder a Coalición Canaria y el Partido Popular. Y también afirma tener pruebas de que el presidente del PP de Canarias, y actual candidato a presidir las islas, estaba al tanto de todo y lo tiene documentado. Dar credibilidad a un sujeto que tiene un amplio historial delictivo, según recoge el sumario, que va desde robo con violencia a la intimidación, la estafa o falsificación en documento oficial, es ver un oso y acercarte a que te dé un abrazo.
Vivimos en el reino de la hipocresía, donde Núñez Feijóo se santigua porque en las fiestas del “mediador” de consumían estupefacientes, pero se olvida del amigo narcotraficante con el que salía a navegar; o acusa al Gobierno de alentar “la violencia contra la población civil ucraniana, contra casas, escuelas y hospitales”, por consumir gas proveniente de Rusia, cuando la Xunta de Galicia, bajo el mando del PP y en base a las decisiones que él mismo tomó cuando era su presidente, es el segundo accionista de la planta regasificadora de Mugardos (A Coruña), la segunda de España por la que más gas ruso entra en el mercado español desde que comenzó la guerra. Cómo mejorarían algunos si siguiesen los consejos que les dan a los demás.
InfoLIbre DdA, XIX/5.392
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