EDITORIAL
La ley conocida como del ‘solo sí es sí’, o Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, es seguramente la reforma que más ha dañado al Gobierno de coalición en sus tres años de vida. Los cambios en la redacción de la ley, que impulsó el Ministerio de Igualdad e hizo suya el presidente del Gobierno tras someterla al examen de todas las instituciones pertinentes, se dan ya por hechos. Pedro Sánchez ha dado la orden de presentar la proposición de ley a toda prisa en el Congreso. Los socialistas plantean volver a las penas previas recogidas en el Código Penal, mientras UP ha aceptado negociar, aunque exige blindar el consentimiento, el alma de la nueva norma, y rechaza, como pretenden los socialistas, que la ley distinga si en la agresión hay o no violencia e intimidación, ya que eso supondría poner en cuestión, de facto, el consentimiento.
A finales de noviembre, el presidente del Gobierno defendió la ley ‘solo sí es sí’ en la apertura del XXII Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres para que “nunca más una víctima sea cuestionada”. Esa misma semana, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Sánchez aseguró que la norma era “un hito importantísimo” e insistió en la idea de reforzar la seguridad de las mujeres. Han pasado poco más de dos meses, y el consenso entre los dos socios de Gobierno con el que nació la ley que entró en vigor el 7 de octubre está roto. Por el camino, algunos jueces han rebajado condenas en firme –aunque no hay datos sobre cuántas han sido revisadas sin reducción–, ha habido una quincena de excarcelaciones, y varias sentencias del Supremo han avalado esas interpretaciones, a veces contra el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado. Todo ello ha ido acompañado de una campaña de titulares alarmantes en los medios y tabloides reaccionarios (el más mentiroso de todos publica cada día un supuesto contador de las rebajas de penas), y también en algunos progresistas, demostrando que el año electoral es igual para todos.
¿Sánchez ha caído en la trampa tendida por sus adversarios, o tal vez ha sucumbido a la tentación de debilitar a su izquierda? No es fácil decirlo, pero es evidente que cuando se entra de cabeza en el marco impuesto por la derecha (“la ley Montero excarcela a violadores”) y se renuncia a debatir con argumentos complejos, la batalla está perdida de antemano. Como ya dijimos en un editorial reciente, la rebaja de algunas penas era en gran medida inevitable, porque la ley no se planteaba castigar con más dureza que antes a los agresores sexuales sino reparar las carencias que permitían a los jueces aplicar penas ridículas a violaciones, y sobre todo proteger y acompañar mejor a las víctimas. Al refundir en un sólo delito lo que antes se calificaba como abusos y agresión sexual, descienden las penas de los crímenes cometidos sin agravantes. Al mismo tiempo, la desaparición de algunos delitos supone que alguna conducta sea merecedora de menor pena que con el régimen anterior. Igualdad debió prever todo esto y explicarlo con calma. Justicia, también. Pero la responsabilidad de una gestión amateur es del Gobierno entero. Y tampoco debemos olvidar que la ley introduce una perspectiva feminista en el Código Penal, y que muchos jueces y juezas o son machistas o carecen de ella, o simplemente han preferido ignorar la verdadera intención del legislador al no aplicar la disposición transitoria de 1995. También era previsible.
Las presiones externas e internas han provocado que los socios de Gobierno den marcha atrás en su defensa de la ley. En el PSOE se imponen voces como la de la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo, que dice ahora que su partido tenía “objeciones clarísimas” a la reforma legislativa. Entre los objetores, asegura, estaban ella misma y el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que diseñó la nueva escala de penas de la ley y fue premiado por Sánchez con un puesto de magistrado en el Tribunal Constitucional. Unidas Podemos también parece haber sucumbido a los súbitos ardores punitivistas de sus socios progresistas y de la prensa que les apoya. Al otro lado, el líder de la oposición, el moderado Feijóo, en un hecho sin precedentes ante leyes fundamentales, ha garantizado el apoyo al Gobierno si reforma la ley.
Todo apunta a que, como poco, la contrarreforma será menos garantista y más punitivista
El resultado de estas semanas de ruido, demagogia y embestidas contra una ley que nació gracias a la movilización de las mujeres en las calles aún es una incógnita, pero todo apunta a que, como poco, la contrarreforma será menos garantista y más punitivista. Se elevarán penas en caliente, en una maniobra torpemente electoralista que obvia la opinión de los penalistas más prestigiosos. Rectificar es de sabios, sin duda. Pero hacerlo de cara a la galería y sin la menor garantía de éxito –las penas las dictan los jueces, no las leyes–, solo para intentar tranquilizar a una parte de la sociedad que se opone a una reforma que es globalmente mucho mejor para las mujeres, significa una evidente claudicación. Muchos juristas consideran “innecesarios” los cambios que plantea el Partido Socialista y recuerdan que las penas son ya de las más duras de Europa. Además hay evidencia empírica de que el incremento de los castigos no implica ni una mejor reinserción de los agresores ni una mayor protección para las mujeres. El Gobierno haría bien en seguir los consejos del expresidente Zapatero, que vivió una experiencia parecida cuando se aprobó la ley contra la Violencia de Género, que recibió nada menos que 200 cuestiones de inconstitucionalidad.
Los medios y los aparatos de algunos partidos han hecho bien su trabajo. Han trasladado la batalla electoral, que ya impregna toda la información y la desinformación, a una ley absolutamente necesaria. Los socios de Gobierno, sin embargo, no han hecho bien el suyo. Han cedido al chantaje de los populistas al aceptar modificar una ley que no necesita bandazos sino calma, tiempo y presupuesto para que se noten sus efectos positivos.
Desde CTXT pedimos al Gobierno que no siga adelante con la modificación exprés de la ley del ‘solo sí es sí’. La alianza entre unos medios histéricos y un puñado de jueces ultraconservadores no puede marcar la agenda del Ejecutivo. Si el único motivo de la reforma son sus efectos retroactivos, estos ya han sucedido y no pueden evitarse. Es triste ver que PSOE y UP reaccionen así ante un ruido que, hagan lo que hagan, siempre va a estar ahí contra el Gobierno de coalición. Debatan, mediten, estudien a fondo la ley y sus posibles mejoras. Háganla avanzar y pónganla en marcha con la dotación económica requerida. Compórtense como partidos de gobierno, sean consecuentes y transparentes en las explicaciones, no den gasolina a la demagogia barata, no caigan en el populismo ramplón. Aquí no está en juego un puñado de votos, sino una vida mejor para las mujeres. Y recuerden que la gente suele preferir el original a las (malas) copias.
CTXT DdA, XIX/5.369
No hay comentarios:
Publicar un comentario