Joanna Giménez i García ha pasado la noche bajo custodia policial en una comisaría en Madrid. Fue detenida durante la mañana de ayer, domingo 6 de noviembre, por agentes de la Policía Nacional que le imputan tres delitos: daños, daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden público. Son los mismos cargos impuestos a otra persona que también fue arrestada ayer. Ambas son periodistas, se dedican a informar y eso es lo que hicieron: contar lo que sucedió el sábado 5 de noviembre en el Museo del Prado, cuando dos jóvenes del colectivo Futuro Vegetal llevaron a cabo una acción de protesta en una de las salas de la pinacoteca. Giménez i García cubrió la protesta para El Salto. Las condenas por los delitos de daños al patrimonio histórico y alteración de orden público son de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses cada uno.
La detención de las dos periodistas resulta inadmisible en tanto que ataca a la libertad de información que recibe la ciudadanía y a la pluralidad de los mensajes que trasladan los medios de comunicación
La detención de las dos periodistas resulta inadmisible en tanto que ataca a la libertad de información que recibe la ciudadanía y a la pluralidad de los mensajes que trasladan los medios de comunicación. El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Si informar sobre una acción de protesta te lleva al calabozo, este derecho es papel mojado.
El castigo y la persecución de periodistas que informan de actos de desobediencia viven buenos tiempos y no son pocos los ejemplos. Otro colaborador de El Salto, Guillermo Martínez, denunció agresiones policiales mientras cubría el mitin de Vox en Vallecas en 2021 para El Salto y ahora se enfrenta a una causa por denuncia falsa junto a otros dos informadores que también estuvieron allí. Este año ha trascendido también que el fotoperiodista Javier Bauluz ha sido objeto de multas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana por fotografiar la llegada de migrantes a las Islas Canarias.
En el informe Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España, Amnistía Internacional ha documentado cómo las fuerzas de seguridad han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información amenazando a periodistas o personas que grababan imágenes durante manifestaciones con requisar sus equipos de grabación, tomando los datos de la persona que ha grabado en previsión de que pudieran difundir públicamente esas imágenes o sancionando en base al artículo que castiga la publicación de imágenes de policías.
Más allá de la evidente necesidad de que estas prácticas censoras sean denunciadas y abolidas, y más allá también de una defensa corporativa del periodismo, la preocupación y lo que enciende todas las alarmas es la persecución del derecho a disentir en público, de expresar opiniones críticas con el estado de las cosas mediante acciones pacíficas de protesta. Si no se puede protestar, ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente, muerta en vida.
EL SALTO DdA, XVIII/5.302
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