Mientras las familias que reclaman la exhumación de los restos mortales de las víctimas del franquismo enterradas sin su consentimiento en el Valle de los Caídos encuentran todo tipo de trabas para ser inhumadas con dignidad en sus pueblos de origen, los frailes benedictinos no solo siguen residiendo ilegalmente desde hace dos años en la abadía, sino que el pasado 18 de julio celebraron una misa en homenaje al golpe militar de 1936, en contra de la Ley de Memoria Histórica aprobada hace quince años. Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el gobierno más progresista de las últimas cuatro décadas tiene dos opciones: o echa a los monjes benedictinos inmediatamente o renueva el convenio; de lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas. Esta noticia no se difundirá en los medios públicos de comunicación.
DIARIO EL SALTO
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncia que la congregación de monjes benedictinos que reside en el Valle de los Caídos lleva ya dos años alojada ilegalmente el complejo a pesar de que desde esta asociación ya alertaron de ello en febrero de 2021 a la Fiscalía General del Estado, algo que hicieron de nuevo el 22 de julio de este año, a raíz de que los monjes celebraran allí una misa en homenaje al golpe de Estado el 18 de julio.
La presencia de esta congregación en Cuelgamuros estuvo regulada desde 1958, año en el que se firmó un convenio entre la dictadura franquista y la Abadía Benedictina de Silos, hasta el 2 de octubre de 2020, ya con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta ley establecía la extinción de los convenios con el Estado por tiempo indefinido que no hayan sido prorrogados entre la fecha de la entrada en vigor de la misma ley y los cuatro años siguientes, plazo que acababa el 2 de octubre de hace dos años.
Según explican desde la ARMH, el convenio firmado en 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos establecía que un grupo de al menos 20 monjes de la congregación habitaran el templo con la obligación de celebrar cada 20 de noviembre una misa solemne de difuntos por “todos los caídos de nuestra cruzada” y hacerse cargo del Centro de Estudios Sociales, gestionar su biblioteca y desarrollar planes de estudios. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957, pasó a depender de Patrimonio Nacional en 1982 y actualmente depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática.
En febrero de 2021, la ARMH mandó un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar la permanencia ilegal de los monjes en el Valle de los Caídos, pero, según señala la asociación, la respuesta de la Fiscalía fue trasladar el escrito a Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia y confirmar que el convenio estaba extinto. “En ese momento, la ARMH se quejó asegurando que no acudía a la Fiscalía para tener un servicio de mensajería sino que lo hacía para que sancionara y restableciera la legalidad”, denuncian desde la asociación.
Año y medio después, los monjes continúan habitando Cuelgamuros y celebrando misas en honor al franquismo, como la que tuvo lugar el pasado 18 de julio. Desde la asociación enviaron un nuevo escrito el pasado 22 de julio al gabinete del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática preguntando cuando cumplirán “con su deber de hacer cumplir la ley” desalojando del Valle de los Caídos a los monjes benedictinos y las sanciones que el Gobierno piensa aplicar a la congregación religiosa tanto por permanecer ilegalmente en Cuelgamuros como por celebrar la misa del 18 de julio, que incumple la Ley de Memoria Histórica de 2007, en la que se dictamina que en ningún lugar del complejo podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo.“El Gobierno tiene dos opciones: o echa a los monjes benedictinos inmediatamente y hace cumplir con la legislación vigente o si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor; de lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas”, señala Emilio Silva, presidente de la ARMH. Desde la asociación anuncian que están estudiando presentar una denuncia por prevaricación, “ya que el Gobierno es consciente de que está incumpliendo una ley que le obliga a restablecer la legalidad y aplicar la medidas que genera la extinción del convenio y no lo hace”.
DdA, XVIII/5.279
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