Vicente Bernaldo de Quirós
El próximo 3 de octubre, lunes, están convocadas en toda España movilizaciones en defensa de la sanidad pública y para contrarrestar la ofensiva de interesadas organizaciones comerciales que pretenden impulsar la sanidad privada en detrimento de la de todos los ciudadanos. Asturias no se quedará fuera de estas protestas y se suma con la propuesta de apertura de todos los centros de salud en máximo horario, con lo que se pretende que la población de la región cuida su salud de manera lo más positiva y racional posible.
La sanidad pública y universal está sufriendo todo tipo de embates a cargo de fondos privados que buscan rentabilizar la salud y sacar unos buenos dividendos de nuevas instalaciones. Por eso, los defensores de la sanidad para todos tratan de contrarrestar estas campañas poniendo el énfasis en que son los más vulnerables los que van a padecer el deterioro de la sanidad para todos y la falta de centros de atención pública para prevenir y cuidar las enfermedades.
Esto es un hecho evidente en Asturias, donde una población cada vez más envejecida y con los problemas derivados de una excesiva prevención por parte de los responsables de salud, tiene la necesidad, casi diría que la obligación, de exigir que sus impuestos vayan destinados al cuidado de las personas mayores y de los enfermos, porque la salud mueve montañas.
En los últimos tiempos y en el marco de estas campañas alentadoras de la sanidad privada, cala el mensaje entre los sectores menos concienciados, de que las bajadas de impuestos permitirán a los ciudadanos tener más dinero en el bolsillo y rechazar los tributos confiscatorios, lo que no deja de ser una trampa saducea para muchos, porque tener mas dinero en el bolsillo solo favorece a los que poseen mucho y pueden gastarlo sin mirar por el futuro, mientras que los que viven de una nómina están expuestos a que su dinero no sirva para mejorar la sanidad de todos porque con los salarios que perciben es muy difícil que puedan destinarlo a las mutuas sanitarias, llámense Adeslas, DKV o Sanitas.
Mientras existan esas diferencias salariales y de posición social, la única garantía de que los que menos tienen puedan permitirse ser atendidos en los centros sanitarios es la permanencia de la sanidad pública y la continua innovación tecnológica en los centros de salud y en los hospitales de la red estatal y autonómica. Y eso solo puede ser viable si hay dinero que lo soporte
Por esa razón es sumamente fundamental que los ciudadanos, sobre todo los de menos ingresos, vayan a las movilizaciones convocadas en toda España para la defensa de la sanidad pública. Porque algunos no se pueden permitir parar su vida con la enfermedad, ni pagar un seguro sanitario que le va a costar mucho más que si le bajan los impuestos. La clase obrera lo tenemos claro.
DdA, XVIII/5.277
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