Florencio Dimas Balsalobre (1950) es un
teniente del Ejército del Aire retirado que, desde hace más de tres décadas,
investiga la represión franquista en Murcia. Ahora celebra el paso atrás que ha dado el Ministerio de Defensa
que dirige Margarita Robles, y que pretendía trasladar 'silenciosamente' el 15 de septiembre a Madrid todo
el fondo documental referente a las "causas" judiciales
contra los supuestos leales a la II República. Es decir, la
documentación con la que se puede demostrar la purga que hizo la
Armada española en Cartagena, inmediatamente después del final de la
Guerra Civil.
Para contextualizar, Dimas explica a Público que Cartagena fue un lugar clave para la
resistencia de la República frente a los sublevados, en primer lugar porque la
flota del Mediterráneo permaneció leal al Gobierno, y en segundo lugar porque
fue uno de los puertos para el abastecimiento tanto civil como militar.
"Claro, en el momento en el que terminó la guerra, Franco quería una
Marina limpia", añade. De hecho, Cartagena fue uno de los últimos lugares
que tomó el bando franquista, por lo que la ciudad se convirtió prácticamente
en un inmenso campo de concentración, del que sólo pudieron escapar unos 3.000
militares por mar.
En el archivo militar que se encuentra en esa ciudad se pueden consultar entre 2.500 y 2.700 sumarios o "causas". "Había tanto que 'depurar' tras la guerra que hubo que instaurar en la ciudad hasta 13 juzgados de instrucción", comenta este experto. Y a través de esa documentación puede detallarse en cada caso hasta qué punto se investigaba a un individuo para demostrar su lealtad al régimen, si tenía algún familiar fusilado, por qué no se habían sublevado…
"Lo que no consta en esos papeles
eran las palizas a las que sometían a los encuestados, cosa que sabemos
por los testimonios en primera persona, aunque la mayoría de ellos
ya han fallecido, claro", apunta este investigador.
Los legajos son exactamente una ventana al pasado, en un momento histórico
concreto, pero en un archivo como éste las causas recogen muchísima información
no sólo del encuestado, sino de todo su entorno, de manera que se intentaba
buscar un hilo conductor ideológico para sacar una conclusión y decidir qué
hacer con la persona en cuestión: si era lo suficiente fiel al régimen o si era
un "traidor".
La importancia de los archivos
Los archivos históricos son los depositarios de la memoria de cualquier país. La transparencia y la diligencia en su custodia forman parte del imprescindible trabajo de archivistas y documentalistas. Su labor es identificar, organizar, ordenar, describir y difundir los fondos. No obstante, la falta de medios y personal termina complicando e incluso impidiendo la labor de investigadores, historiadores y periodistas (que consultan esos fondos para analizar y sacara conclusiones) interesados en hechos del pasado ocultos en las vetustas estanterías de viejos depósitos.
En abril de 2018, el Ejército de Tierra
—concretamente, el Instituto de Historia y Cultura Militar— tomó la insólita
decisión de prohibir el acceso a todos los legajos clasificados como
"secretos" o "reservados" desde 1968 (año
de la aún vigente 'Ley de Secretos Oficiales'), sin motivo alguno. Gracias a la
denuncia de archiveros e investigadores, hubo que dar marcha atrás. No era la primera vez que sucedía algo parecido.
En cualquier caso, el acceso a la documentación militar de la Guerra Civil,
de la posguerra e incluso de la II República es compleja; requiere de permisos
específicos, especialmente si se trata de archivos no históricos. Sólo gracias
a las denuncias de investigadores y archiveros podemos saber qué ocurre con ese
importante material. ¿Cómo se conserva? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién puede
acceder a esos documentos? Y lo más importante, ¿podemos tener la tranquilidad
de que la memoria histórica documentada y probada documentalmente está en
buenas manos?
Defensa presume que "los fondos que posee en los archivos históricos e
intermedios militares ocupan más de 150 kilómetros de estantería"
repartidos en 27 archivos por toda España. La estructura de esta importante
información histórica está perfectamente regulada. Otra cosa es que Defensa
asigne medios suficientes.
Público DdA, XVIII/5.256
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