El Partido Socialista y la izquierda acaban de sufrir en Andalucía, tierra otrora proclive a la izquierda, el más duro varapalo desde los inicios del vigente periodo democrático. Más de dos millones y medio de andaluces (2.647.810) no acudieron a las urnas el pasado domingo y el Partido Popular logró más de un millón y medio de votos (1.582.412). Tan solo dos semanas antes, el pasado 6 de abril, el ministro del Interior del gobierno más progresista de las últimas cuatro décadas, envió al Congreso de los Diputados a toda una Brigada Antiterrorista para disolver a unas decenas de personas relacionadas con la investigación científica y la actividad docente en las universidades. Se trataba de una convocatoria internacional promovida por una entidad llamada Rebelión Científica que con esa concentración protestaba por la falta de acciones gubernamentales ante la crisis ecológica multidimensional que nos afecta. Que esa brigada haya detenido a un grupo de científicos por una acción pacífica de este tenor, por orden del ministro del Interior del actual gobierno, debería hacer recapacitar también a quien lo preside en que los votos perdidos en Andalucía son también fruto de acciones tan desafortunadas como esta del señor Marlaska, en cuyo currículum como ministro deberá quedar anotada como una más de sus lacras, como la de permitir durante su gestión que durante casi un año un vicepresidente y una ministra de su gobierno hayan sido acosadas en su domicilio por una turba de fanáticos de la extrema derecha. ¿Sabemos algo de la derogación o así de la Ley Mordaza?. Este es el editorial de CTXT al respecto. Lazarillo
"El pasado 6 de abril, decenas de personas investigadoras y docentes en universidad y centros de investigación respondieron a la convocatoria internacional Rebelión Científica. Se concentraron en la puerta del Congreso de los Diputados y arrojaron agua teñida con remolacha que simbolizaba la sangre que costará no actuar ante la crisis ecológica multidimensional que atravesamos.
Esta semana, al menos catorce de las personas –entre las que hay reputados
científicos y algunos colaboradores de CTXT– que participaron en el acto de
desobediencia civil han sido llamados a declarar ante la Brigada
Antiterrorista, bajo la amenaza de pasar a encontrarse en situación de busca y
captura si no se presentaban. La Brigada Provincial de Informacion es el
grupo que se dedica al terrorismo, a las bandas organizadas, los delitos de
odio y los radicalismos, es decir, a ideologías con implicación violenta. Se
acusa a los participantes en la protesta de delito de daños y delito contra las
instituciones del Estado y se añade que alteraron “de forma notoria” la sesión
que se estaba celebrando en el Congreso de los Diputados.
Meses antes, parte de los y las investigadoras del IPCC habían filtrado el borrador del informe sobre la
situación climática, temiendo que las presiones ejercidas por los
lobbies económicos modificasen y suavizasen la dureza de las conclusiones.
¿Qué está sucediendo para que, en una sociedad que se autodenomina del conocimiento, la obligación de divulgar los resultados de la investigación se tenga que convertir en un acto clandestino? Si quienes investigan y estudian tienen que salir del ámbito académico para cumplir su obligación, tenemos un importante problema.
¿Va a decir algo el Gobierno o el ministro del Interior al respecto? ¿Les
parece normal a Pedro Sánchez y a Teresa Ribera que Marlaska mande a la brigada
antiterrorista a detener a unos científicos que ejercen su libre derecho a la
protesta civil para tratar de concienciar a la sociedad del enorme problema que
tenemos delante?
Es una vergüenza que se señale como amenaza a quienes se preocupan por las consecuencias de las conclusiones a las que llegan en sus estudios. ¿Dirán algo las propias universidades, escandalosamente silenciosas ante el ecocidio y sus consecuencias sobre la vida de la gente y del resto del mundo vivo?"
CTXT DdA, XVIII/5200
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