Mi estimada colega Olga Rodríguez firma hoy en elDiario.es un interesante artículo al que pone como titular palabras de un verso de Federico García Lorca, Debajo de las multiplicaciones, si bien en ese mismo periódico el titular que manda sobre ese tema es muy distinto al que se puede interpretar leyendo el artículo de la periodista leonesa: El PSOE se desmarca del resto de la izquierda [se puede ser izquierda al parecer votando con la derecha y extrema derecha] y tumba el impuesto a los ricos propuestos por Unidas Podemos. No olvidemos que este impuesto a las grandes fortunas (1.000) superiores a 10 millones de euros formaba parte de los acuerdos con Unidas Podemos firmados por el Partido Socialista en el pacto de legislatura.
Olga Rodríguez
El
PSOE se ha unido a PP, Vox y Ciudadanos para votar en contra del impuesto a los más ricos planteado por
Unidas Podemos y respaldado por ERC, EH Bildu, Compromís, Más País, CUP y BNG.
Las grandes fortunas no son la base social del PSOE, pero en el partido que
sigue llamándose socialista se caracterizan por el temor a enfadar a la derecha
y a los más privilegiados.
A día de hoy estamos pagando aún con dinero público el rescate de
las entidades financieras de la crisis de 2008. El coste final para las
arcas públicas superará los 175.000 millones de euros. Si ahora la apuesta es
no aumentar los impuestos a quienes más tienen -mientras se sube las cuotas a
los autónomos-, si tampoco se facilita el acceso a la vivienda, si no se adoptan medidas
para ayudar a los más vulnerables, cabe preguntarse quiénes se harán cargo de
pagar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que ya afecta a los precios
de la energía y de los cereales.
Es justo y sensato que quienes más tienen sean quienes más contribuyan,
de forma proporcional. No es lógico ni justo que quienes tienen mucho menos que
los millonarios, paguen proporcionalmente más impuestos que ellos. El coste de
la crisis no puede recaer en la gente trabajadora ni en las pequeñas empresas.
Como dicen algunas personas en redes sociales en estas últimas horas, si
alguien puede pagar la gasolina de su helicóptero, también puede pagar un poco
más de impuestos.
El impuesto defendido este martes por las izquierdas planteaba
ceñirse a quienes tienen más de 10 millones de euros de patrimonio (unas 27.000
personas) y beneficiaría al resto de la población, castigada por sucesivas
crisis y por la actual inflación, en un contexto en el que el precio de la
vivienda sigue subiendo y la represiva Ley Mordaza no termina de modificarse,
lo que pone grandes trabas a la movilización social.
Para las rentas medias y bajas la propiedad de una vivienda es una
quimera, y el alquiler sigue subiendo. A esto se añade que casi la mitad de los
españoles que viven del alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza
o de exclusión social -tal y como indica el Banco de España-, lo que adjudica a
nuestro país el récord de la Unión Europea.
Cuando Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE
afirmó que “el Estado no puede tener viviendas vacías mientras hay familias en
riesgo de desahucio”. Y sin embargo, la desprotección continúa. Los fondos
buitre se han convertido en actores clave en el mercado de la vivienda en
nuestro país desde la crisis de 2008.
Escribió García Lorca en uno de sus poemas de Poeta
en Nueva York que “debajo de las multiplicaciones hay una gota
de sangre de pato; debajo de las divisiones, una gota de sangre de marinero”.
Detrás de las cifras, de los porcentajes y de las estadísticas, detrás de las opacas
operaciones permitidas por los sucesivos gobiernos, hay nombres, rostros, historias de personas
que sufren la violencia de un saqueo sistematizado, con fondos y grandes
empresas comprando edificios enteros y aniquilando el tejido social de muchos
barrios para después alquilar subiendo los precios.
En 2020 el relator de Naciones Unidas Philip Alston, visitó los pisos de la calle
Juan Gris en Torrejón de Ardoz, adquiridos por las filiales españolas de
Blackstone, que exigía a esos inquilinos unas subidas de alquiler de hasta
cerca de un 50%. Alston afirmó entonces que “sí ha habido intervenciones del
Gobierno que han favorecido al capital y no al pueblo” y recordó que “lo que se
necesita es una política de vivienda abarcadora que regule el mercado para
evitar los abusos”.
El problema persiste, en un país con mucha
menos vivienda social que la media europea. Hay miles de viviendas vacías en
España rescatadas en su día con dinero público que podrían usarse para cubrir
las necesidades sociales de mucha gente. Son pisos de la Sareb, el banco malo creado hace diez años
para absorber el ladrillo tóxico de la banca y que depende del ministerio de
Economía. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, los 8.532 pisos aún en posesión de la
Sareb cubrirían no solo el total de solicitudes de vivienda protegida en la
región -4.382-, sino que casi lo duplicaría. Por eso el conseller de Vivienda
de dicha comunidad ha solicitado a la Sareb la transferencia de sus inmuebles
vacíos. Otras comunidades -Navarra, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón y
Catalunya- han seguido esta iniciativa y planteado la misma petición.
La Sareb ha sido un desfalco de dinero, viviendas y suelo, a plena
luz del día, diseñado por el Gobierno de entonces del PP pero mantenido hasta
hoy por el Gobierno actual, que sigue posponiendo medidas necesarias para
mejorar la vida de un porcentaje importante de la población mientras el fondo de
inversión de turno se lucra a costa de nuestros pisos, la desigualdad aumenta y
la riqueza de los milmillonarios se multiplica. No es el mejor modo de hacer
frente a la ultraderecha.
DdA, XVIII/5189
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