Pablo Iglesias
El weekend que se ha pasado Juan Carlos I entre regatas malogradas y almuerzos y charlas familiares en Zarzuela no solo representa una humillación a la menguante dignidad democrática de nuestro país, sino también la debilidad tendencial de nuestro sistema político.
La figura del rey Juan Carlos I de Borbón no sólo es determinante para entender nuestro sistema político durante los últimos 45 años (más conocido como régimen del 78) sino que él mismo, en tanto que monarca y figura histórica, es el significante más completo para identificar al propio régimen. Quien fue designado por el dictador Francisco Franco para sucederle en la jefatura del Estado aparece citado como rey 42 veces en la Constitución de 1978, que incluso recoge tres veces su propio nombre.
Juan Carlos I de Borbón fue la condición impuesta por las élites de la dictadura para que España transitara hacia una monarquía constitucional con libertades hasta cierto punto equiparables a los países europeos avanzados. No es una cuestión menor que Juan Carlos sirviera en su momento para contener los deseos golpistas de un ejército cuyos principales mandos ascendieron y formaron su personalidad en la Guerra Civil, como tampoco lo es su relación privilegiada con los grandes nombres del poder empresarial.
Llama la atención (aunque quizá, si atendemos a la naturaleza corrupta del poder en España no debería llamarla tanto) que, a pesar de sus inmensa significación histórica y política, hoy sea una certeza indudable que el exjefe del Estado haya usado justamente esa posición institucional para enriquecerse y para desplegar un conjunto de comportamientos ilícitos. Que el autor de esas indignidades sea la pieza principal de nuestro sistema político representa una herida de muerte para el propio sistema.
Que además la impunidad de la que disfruta y ha disfrutado siempre Juan Carlos descanse en la prescripción de los delitos, y en que los grandes poderes del Estado, así como los poderes económicos y mediáticos, le hayan protegido y favorecido, representa, además, un problema que afecta a la limpieza de las instituciones.
Precisamente por eso el problema no termina en Juan Carlos. Por el contrario, el problema es el propio sistema político español de la monarquía constitucional, que ya no funciona ni como protección frente al golpismo ni como modelo integrador. Hoy la monarquía es el significante identitario de una derecha ultraderechizada que desprecia abiertamente la democracia y también de sectores del Estado en rebeldía frente a la propia legalidad.
Hemos visto en estos días al PSOE y a la progresía mediática ser enormemente duros con Juan Carlos para favorecer, supuestamente, a Felipe VI. Es como si en los últimos 40 años no le hubieran conocido. La operación, a fuerza de obvia, es bochornosa. Se trata de matar simbólicamente su figura (mientras la biología sigue haciendo su trabajo) para reforzar la de su heredero (que como heredero de Juan Carlos I aparece también en la Constitución). La impresentable ley de transparencia de la Corona pactada entre el PSOE y el PP va exactamente en la misma dirección. Pero la herida en el sistema político no deja de sangrar, pues, como decimos, el problema no es Juan Carlos sino la monarquía. Felipe VI podría cometer las mismas indignidades y delitos que Juan Carlos y gozar de absoluta impunidad y, además, hoy no aporta ni una sola de las garantías democráticas que pudo aportar en el pasado su padre como supuesto impedimento a que los militares dieran un golpe de Estado.
Hoy la monarquía es solo el significante del bloque de una derecha cada vez más alejada de la democracia que, precisamente por eso, reivindica la Corona con más intensidad que nunca en las últimas décadas. Y también por eso hoy la república es horizonte de futuro democrático (y probablemente la única forma de afrontar el problema territorial). Una España republicana y confederal sería una España mejor. Ojalá la izquierda lo asuma sin complejos como horizonte de Estado.
CTXT DdA, XVIII/5178
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