Vicente Bernaldo de Quirós
Dos son las hipótesis más plausibles para entender el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los políticos catalanes y en ninguna de las dos sale bien parada la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se apresuró desde el minuto cero a respaldar a este organismo, lo que puede parecer encomiable, sin ninguna explicación racional.
La primera hipótesis consiste en que agentes del servicio secreto, por su cuenta y riesgo, hayan acordado espiar sin respaldo judicial a los catalanistas, lo que además de ser un delito, evidencia que Robles no tiene el control necesario sobre sus empleados.
La segunda hipótesis es que desde el Gobierno se haya ordenado el espionaje pero se le ha ocultado esa información a los órganos encargados de vigilar la limpieza democrática, lo que es también un delito, pero aún más grave.
Sorprende que si no se tiene el aval jurídico, alguien haya arriesgado su pellejo por una intromisión ilegal en las entretelas democráticas de este país, aunque no es la primera vez que el servicio secreto actúa por libre y sin consentimiento ni de Dios.
Ahora me explico que el Tribunal Constitucional, en plena orgía de agresiones golpistas al Gobierno progresista legítimamente constituido hubiera decretado el 21 de mayo de 2021 que el nombramiento de Pablo Iglesias para el órgano de control del CNI, en curiosa coincidencia con los postulados de los franquistas de Vox. Hay casualidades que merecen una tesis doctoral de los juristas europeos de reconocido prestigio.
No me extraña, pues, el mosqueo de los políticos catalanistas porque se suponen aterrados ante una hemorragia de micrófonos en sus móviles, en sus sedes y en sus casas y es conveniente que las explicaciones que se les den no tengan puntos débiles ni trampa ni cartón.
No obstante, parece que las propuestas que el Gobierno y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, han trasladado a los espiados son razonables, aunque no estaría de más que fueran acompañadas de alguna cabeza significativa, para dar ejemplo.
Creo que hay que aprovechar esta causa del espionaje indiscriminado para poner orden en el CNI y permitir su control por todos los partidos políticos que actúan en representación de todos los españoles. Es absolutamente demencial, y hasta ilegítimo, que desde el PP y Vox se vete la presencia de Bildu, que es un partido tan legal y democrático como Ciudadanos.
Además se podría dar un empujón a la Ley de Secretos Oficiales para que desde los poderes fácticos dejen de tratarnos a los españoles como niños de teta, incapaces de gestionar la confidencialidad. Si los espías han errado el cálculo, demos una oportunidad a la transparencia.
DdA, XVIII/5153
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