Félix Población
Desde el sindicato MATS (Movimiento
Asamblearios de Trabajadores de la Sanidad) se nos dice que hace ocho años el
Hospital Universitario La Paz, de Madrid, contaba con sesenta camas más de las
que hoy dispone. Ese mismo sindicato viene denunciando que desde hace una
semana reclama la necesidad de más camas ante la sexta ola de la pandemia, sin
que la dirección del centro haya actuado en consecuencia. En la sala habilitada
para tratar a los enfermos de COVID se tienen ahora tres pacientes por cada
cama, 36 para 12 camas, según Guillem del Barrio, portavoz del citado sindicato
y enfermero del aludido hospital.
Hay pacientes de avanzada edad alojados
en los pasillos del centro, a la espera de que quede una cama libre. Enfermos
diagnosticados de COVID están junto a otros a la espera de diagnóstico, con el
riesgo que esto supone para la salud de los segundos, según la misma fuente.
Esa misma situación de saturación se vive en el box de reanimación, en el que se
encuentran los enfermos más graves al lado de otros no tanto que pueden
escuchar todo cuanto se dice de los primeros.
Solo ahora se habla de habilitar nuevos
espacios, cuando esto se debería haber hecho antes. “Han ido cerrando camas año
a año, para que no se note, igual que han ido quitando personal, y así hemos
llegado a esta situación”, explica Del Barrio al periódico El Salto. “Aquí no hablamos de la sexta ola del COVID, hablamos de
desmantelamiento de la sanidad pública, de negligencia y de privatización”, asegura.
Esto ocurre tras seis olas sucesivas de
una atroz pandemia que debería haber servido para reforzar la sanidad pública. Un
vídeo, publicado en el mismo medio citado, ofrece la deplorable situación real
que se da en el mencionado centro sanitario de Madrid, la comunidad que menos presupuesto
dedica a la sanidad. La última frase que se escucha en la grabación es la de un
enfermo que pregunta reiteradamente si “no hay nadie que me dé algo para el
dolor”. Gobierno, gobiernos autonómicos, ¿hay alguien a la escucha?
Esas mismas palabras pudieron ser las
últimas de quienes habiendo vivido una guerra y una posguerra en su niñez o
juventud, murieron olvidados en los geriátricos durante la primera ola de la
pandemia, tal como le ha recordado en una carta abierta Manuel Rico a la Fiscal General del Estado a propósito de los 75 internos que perdieron la vida en la
residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real). Ocho familias denunciaron al director del centro, José Manuel Sampedro, que fue
inicialmente imputado en una causa que el juez decidió archivar el pasado 9 de
diciembre. La resolución obvió casi por completo, según Rico, los detallados y
coincidentes relatos realizados por los
seis testigos que prestaron declaración ante el juez
instructor.
“Esas testificales se prestaron ante el juez instructor, digo bien, porque quien no estaba allí era representante alguno del Ministerio Público que usted dirige, asegura el periodista en su carta a la señora Dolores Delgado García, preguntándose si “el Ministerio Público que usted dirige no va a recurrir el auto de archivo” o no cree “que de verdad existen suficientes indicios para solicitar que continúe la instrucción y adoptar una actitud activa para esclarecer lo ocurrido”.
DdA, XVIII/5057
1 comentario:
No es sólo en Madrid: hay una política generalizada de privatización de la sanidad. Se van cerrando servicios, se retiran camas, no se renuevan contratos, las listas son inmensas y el tiempo de espera eterno... y se ofrece a la población la posibilidad de deriva a la sanidad concertada... y la población acepta, porque lo que quiere el paciente es ser atendido sin demora...y así, poco a poco y sin darnos cuenta desmantelamos el servicio público entre todos.
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