Jaime Richart
Las inmatriculaciones de 35.000 bienes a nombre de la Iglesia, realizadas con la sola forma del obispo de la diócesis, gracias al Real Decreto 1867/1998 del gobierno de Aznar que modifica determinados artículos del Reglamento hipotecario, son nulas de pleno derecho. “Esta facultad que se atribuye a la Iglesia católica no deriva de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979. No encuentra su fundamento tampoco en ninguna Ley aprobada por las Cortes Generales. Es una facultad que crea ex novo una norma de naturaleza reglamentaria, que carece de rango normativo para poder hacerlo” (Javier Pérez Royo) Está facultad sólo sería posible otorgarse por las Cortes Generales, es decir, por ley. Si el gobierno, la fiscalía y todas las instituciones no se movilizan para declarar nulas esas inscripciones, retrotrayendo la titularidad a su estado anterior (que en la mayoría de los casos no existía titularidad alguna, eran res nullius) estamos cada vez más cerca de que la derecha, la ultraderecha y el fundamentalismo católico se apoderen literalmente del poder. Con las urnas o sin las urnas. España está abocada a convertirse en un Estado semiteocrático de corte neo franquista. Posibilidad que está a la vuelta de la esquina. Y el partido principal del gobierno se habrá convertido (si no lo viene siendo ya desde el principio) en el topo tan aberrante como aberrante es esa jugarreta de 1998 entre la derecha, los obispos y los registradores que no opusieron reparo alguno ante semejante expolio “legal”.
DdA, XVIII/5076
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