Jacint Torrents
Cuando escribo estas líneas —17 de diciembre de 2021— se cumplen tres años exactos del informe del Consejo de Europa (que agrupa a 47 países), sobre el uso de las lenguas minoritarias en España. Este informe, al examinar la situación en Cataluña, destacaba «el valor del modelo de inmersión lingüística en la escuela, que sin descuidar la importancia de la educación multilingüe, logra que los alumnos acaben sus estudios obligatorios con un alto dominio del catalán y del castellano».
Por otra parte, el informe consideraba que desde 2013 las leyes educativas españolas «desafían el modelo lingüístico catalán y obstaculizan el sistema de conjunción lingüística e inmersión». Este informe denunciaba, también, como ya había hecho en varias ocasiones desde 2001 que, sobre todo en el estamento judicial, no se hacía ningún esfuerzo para garantizar el uso de las lenguas cooficiales.
Y he aquí que ahora nos encontramos con que los jueces, que no han cumplido ni la ley ni las recomendaciones que se les han hecho desde el Consejo de Europa, vuelven a ponerse el uniforme de pedagogos y de maestros para decidir cómo hay que enseñar a los niños. También es cierto que ello no debe extrañarnos: últimamente se han vestido de soberanos absolutistas para tumbar decisiones parlamentarias y se han puesto la bata de sanitarios para decidir sobre los comportamientos que debemos tener en pandemia. Dudo muchísimo que su formación les haya procurado conocimientos sanitarios, pedagógicos e incluso políticos.
Que el órgano judicial se sitúe por encima del legislativo y del ejecutivo supone una alteración muy grave de la buena gestión de la democracia. Y ni los parlamentarios ni los políticos deberían servirse de esa perversión que consiste en traspasar a la justicia los problemas que deben resolverse con diálogo y más diálogo. La justicia, embriagada de poder, puede acabar siendo injusta.
Las naciones que han sido imperiales a menudo han querido uniformar sus dominios imponiendo su lengua, sus leyes, su ideología o su religión. Como quien quiere poner una camisa de fuerza a la realidad, a las personas, a sus usos y costumbres, a su manera de ser... Finiquitado el imperio, queda en algunos ciudadanos de estas naciones —ultranacionalistas a su pesar— la incapacidad de respetar y amar lo que viene dado por la naturaleza, por la historia de los pueblos, por el ser y por el querer de la gente. Cuando estos ciudadanos acceden a ámbitos de poder, lo pasamos mal. Porque contribuyen a enrarecer la convivencia y el buen entendimiento entre la gente.
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