“Las monarquías holandesa, danesa y sueca tienen a sus herederos en centros públicos”
Diego Díaz
El presidente de la República francesa siempre viaja en un coche francés. Que el Jefe del Estado opte por una marca francesa es una tradición centenaria en nuestro país vecino. ¿Puede haber mejor forma de promocionar la industria automovilística nacional? Nadie en Francia entendería que el habitante del Palacio del Elíseo optase para sus desplazamientos oficiales por un automóvil alemán, japonés o norteamericano. En algunos países del norte de Europa tampoco entienden que los Jefes de Estado escojan para sus príncipes otra educación que no sea la pública. Las monarquías holandesa, danesa y sueca tienen a sus herederos y herederas matriculados en centros públicos. Hablamos de algunos de los países con los Estados del Bienestar más avanzados del continente, y en los que precisamente esa calidad de los servicios públicos se ha logrado gracias a su universalidad e interclasismo. En Noruega cuando los reyes Haakon y Mette-Marit sacaron en 2014 a su hija Ingrid de la red pública para que estudiara en un elitista centro educativo de Oslo se formó un buen revuelo. Una gran parte de la opinión pública entendió la decisión como una afrenta al sistema en el que la inmensa mayoría de las familias noruegas matriculan con orgullo a sus hijos e hijas. En 2019 los monarcas zanjaban la polémica haciendo regresar a la heredera a una institución pública.
Lejos de este comportamiento cívico, los Borbones han vuelto a escoger la educación privada, de elite y extranjera. Todo hay que decirlo, el compromiso de los mandatarios españoles con los servicios públicos suele ser bajo, corra o no por ellos sangre azul. De hecho, pocos presidentes de Gobierno y ministros y ministras de Educación han enviado a sus hijos a centros públicos, algo que a priori debería ser tan normal como lo es que nuestros políticos veraneen en España o promocionen el vino nacional en las recepciones oficiales a mandatarios internacionales. Pedro Sánchez, cuyas hijas acuden al IES Ramiro de Maetzu, es una excepción. Lejos de penalizarse, la decisión de los Borbones ha sido envuelta en una aura de glamour por los principales medios de comunicación. En un contexto político y comunicativo en el que la red pública es diariamente desprestigiada, e incluso abiertamente cuestionada por la ultraderecha neoliberal, que aspira a una red residual para pobres de solemnidad, pocas voces han criticado el mensaje que los reyes Felipe y Letizia envían a su país matriculando a la Princesa de Asturias en un colegio de Gales para hijos de monarcas, aristócratas y millonarios. El hecho de que hayan trascendido detalles como las lujosas dependencias de un internado-castillo que parece salido del universo de Harry Potter, o el coste de la matrícula, 76.482 euros, parecen más un gesto de vacile y exhibicionismo, que de transparencia, virtud poco cultivada por una familia con su patriarca a la fuga desde hace un año en Emiratos Árabes Unidos.
España tiene pendiente una Ley de Corona para controlar a una monarquía descontrolada. Podría ser la ocasión perfecta para exigir a los Borbones que contribuyan con su uso a la promoción y prestigio de unos servicios públicos, sanidad y educación, que sistemáticamente ningunea una dinastía con una secular tendencia al lujo, el esnobismo y la evasión de impuestos.
Nortes DdA, XVII/4938
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