Félix Población
“La amenaza de muerte es un delito contemplado en la mayoría
de las legislaciones modernas. La conducta típica consiste en causar o infundir
miedo en una o más personas, con el anuncio de la colocación del sujeto
pasivo o un tercero en una situación de riesgo o contingencia de
muerte”.
Eso dice la Enciclopedia Jurídica.
Nunca en la democracia española
se habían registrado amenazas postales de muerte en periodo preelectoral. Se
puede considerar por eso insólito que las primeras se hayan dado a finales del
pasado mes de abril, en vísperas de las elecciones autonómicas convocadas por
el gobierno autonómico de Madrid, después de una torpe y malograda moción de
censura del PSOE y Ciudadanos, empecinado el primero en tratar con los socios
de la derecha y la ultraderecha.
Es de hacer notar que las amenazas
de muerte no se produjeron antes de que
el vicepresidente segundo del Gobierno de España dimitiera de su cargo y decidiera
presentarse a los comicios madrileños, ante la general sorpresa de la nación y
el reconcomio de sus muchos maldicientes, sino después de que lo anunciara, con
el consiguiente sobresalto en las derechas extremas. Fueron él, el ministro del
Interior y la directora general de la Guardia Civil los primeros en recibir
esas amenazas.
En el caso de Pablo Iglesias,
la nota postal iba acompañada con cuatro balas de un fusil de asalto empleado
por el Ejército español, pues la intimidación iba dirigida también contra su
pareja, la ministra Irene Montero, y los padres del dirigente político.
Posteriormente, otros destinatarios recibieron también cartas similares, sin
que el servicio de detección postal funcionara como cabría esperar en estos
casos, sobre todo cuando los sobres van dirigidos a altos representantes del
Gobierno de la nación. La presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo el
suyo, remitido una semana más tarde, obviamente desde Cataluña.
Han transcurrido casi dos meses
de unas incidencias que ocuparon en su día las portadas de todos los medios de
información y llenaron muchas horas de debate en los estudios de radio y en los
platós de televisión. Se trataba, sin ninguna duda, de un asunto de la máxima
gravedad en cualquier Estado democrático, y
mucho más en uno en el que terrorismo perduró durante tantos años.
Pareciera, sin embargo, que
dándose como se dan esas circunstancias, se hubiera cernido sobre ese
terrorismo postal un espeso cendal de niebla, cuajada en un silencio u olvido
informativos absolutos, como si todos los medios de comunicación se hubieran
puesto de acuerdo con una unanimidad de criterio sorprendente. ¿A nadie le
importa en qué puede quedar aquello?
Parece ser que no, por eso a la
pregunta de si sabremos algún día la identidad de quienes remitieron aquellas
cartas con balas en tiempo de votos, quizá no le quepa otra respuesta que la
peor, en la posibilidad de que si esas amenazas de muerte quedaran impunes
podríamos enfrentarnos en el futuro con una segunda edición de los hechos.
Sobre todo, si se dieran similares circunstancias políticas a las que se dieron
antes de los comicios madrileños.
*Artículo publicado en La última hora
DdA, XVII/4875
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