Alberto Noguera
Elección tras elección, Vox no solo se consolida sino que crece. Nada parece indicar que el neofascismo vaya a desinflarse sin más si no se actúa con este objetivo desde el Estado y el Derecho. Ahora bien, difícilmente el llamado Gobierno progresista adoptará medidas en este sentido si no es capaz, previamente, de romper dos tabúes incrustados en la cultura política española por la manera como se hizo la transición y la herencia jurídico-cultural de la tradición liberal: 1. El del reconocimiento de que el franquismo pervive en parte del aparato de Estado y la sociedad. Y 2. El de reconocer que el Derecho es violencia institucionalizada. Pero vayamos por partes.
Vox no puede analizarse aisladamente al margen de la coyuntura histórica en que opera. La normalización de Vox y difusión de su mensaje en los medios de comunicación propiedad de los grandes capitales no tendría lugar si no fuera funcional a sus intereses. Pero ¿por qué el neofascismo es útil al gran capital?
Estamos inmersos en una
transformación del capitalismo que se canaliza, entre otros, a través del
binomio financiación-digitalización. Este binomio está poniendo en práctica, en
las sociedades del Norte, un nuevo modelo de acumulación con maneras de
organizar la producción y el consumo en el interior de los cuales es cada vez
más prescindible el trabajo salario y, en consecuencia, también los derechos de
libertad, derechos sociales e instancias de mediación interclase.
La desaparición del contrato como
figura central de organización del proceso productivo hace que el capitalismo
ya no requiera para su funcionamiento del reconocimiento de individuos libres y
jurídicamente iguales, indispensables para poder firmar contratos. Asimismo, a
diferencia del capital productivo, al que le interesaba propiciar el consumo a
través del salario (consumo efectivo), al capitalismo financiero le interesa
propiciarlo no por vía salarial sino a través del crédito (consumo endeudado),
que es donde el capital a interés se multiplica. Ello hace desaparecer la
utilidad de los derechos sociales como mecanismo para organizar el consumo, en
tanto que estos no son más que salario diferido organizado por el Estado con el
objetivo de liberar salario directo para realizar el consumo intensivo
efectivo. Y, finalmente, la precarización, fidelización por endeudamiento e
individualización por vía del teletrabajo ha desactivado cualquier capacidad
organizativa y de conflicto del trabajo que hace que ya no se requiera de
instancias de mediación interclase.
En este escenario, la presencia del
neofascismo en el campo político se convierte en un instrumento funcional para
el sistema con un triple objetivo: llevar a cabo un desmontaje acelerado de las
tres patas de la Constitución democrática (derechos de libertad, derechos
sociales e instituciones de mediación); construir en el marco de sociedades
infra-institucionalizadas y sin estructuras colectivas de solidaridad nuevas
formas de cohesión y unidad social a partir del discurso del odio contra un
enemigo común externo (la inmigración) e interno (el independentismo); y
conformar un Estado policial penal que reprima las resistencias surgidas fruto
del malestar social ocasionado por el desmontaje de derechos y genere miedo
para evitar que se reproduzcan.
Nada parece indicar, entonces, que
los grandes medios de comunicación al servicio de los poderosos vayan a dejar
de normalizar a Vox ni que este vaya a dejar de contar con los apoyos
suficientes para crecer, con lo cual difícilmente sea un fenómeno que se
desinfle por sí solo. La única manera de conseguirlo es adoptando, desde el
Estado y el Derecho, medidas legislativas valientes que persigan a los
franquistas de hoy, expulsándolos de nuestra cotidianidad. No obstante, ello no
se hará si no somos capaces de romper con dos tabúes fuertemente incrustados en
la cultura política española:
El tabú de reconocer la persistencia del franquismo
Por un lado, hay una tendencia a
analizar a Vox como si fuera un intruso que se ha colado en una realidad
española plenamente democrática. En este sentido, la solución que se propone es
la del "cordón sanitario", ignorarlos, con el fin de que no
contaminen la democracia. Parece como si se identificara a Vox con el neofascismo
y el resto de la sociedad y Estado con la democracia. Este es el primer error.
Los fenómenos que ocurren en toda sociedad deben ser comprendidos como parte de
ella y por tanto Vox no es otra cosa que una expresión de algo que existe
también en la sociedad y en el Estado. El neofascismo es parte de la sociedad y
del Estado mismo. La sociedad y el Estado español contienen en su historia
reciente actos progresistas y reaccionarios. Nuestro presente social y político
contiene aspectos procedentes de una tradición democrática pero también de una
tradición reaccionaria franquista que se encarna en aquello que denominamos con
el nombre de Régimen del 78 y que engloba hoy parte de la estructura
administrativa, judicial, militar, eclesiástica y policial, así como formas de
organización ciudadana (grupos, fundaciones y partidos de extrema derecha,
asociaciones, ultras de equipos de fútbol, etc.) de ideología conservadora y/o
ultranacionalista. No se puede hablar de Vox como un intruso anómalo y separado
de la realidad, sino como portadores de este aspecto reaccionario de la
historia española todavía presente tanto en el aparato de Estado como en la
sociedad.
Entender esto es fundamental para
comprender que acabar con Vox sin reconocer la existencia de ese bloque social
y de Estado que llamamos Régimen del 78 ni hacer nada para depurarlo es una
ilusión. Reconocer que el franquismo sigue presente en nuestro aparato de
Estado y sociedad es tabú en la política española cuyo gobierno mira hacia otro
lado cuando grupos de militares que quieren fusilar a millones de personas
firman manifiestos franquistas. Cuando en manifestaciones se exhiben banderas
pre-constitucionales y hay policías que se fotografían con los manifestantes.
Cuando el TEDH condena a jueces por vulneración de derechos y algunos de estos
cantan en sus cenas navideñas el "a por ellos". Etc. No se puede
desfascistizar la política sin previamente desfascistizar la sociedad y los
poderes del Estado. Y ello exige superar el tabú de reconocer la persistencia
del franquismo. El reconocimiento de su existencia es el paso previo para poder
actuar contra él.
Por otro lado, la teoría liberal
desarrolló un relato sobre el origen del Estado y el Derecho como opuesto a la
violencia. Estos surgirían fruto de un contrato social que permite la
transición de un supuesto momento violento a uno no violento: la sociedad de
naturaleza y el Estado civil. El punto de partida es el estado de naturaleza,
un estado de guerra en el que las personas no tienen sus derechos protegidos y
del que hay que salir. El punto de llegada es el Estado civil con un
poder soberano al frente que pone fin a la violencia y garantiza la paz. El
Derecho se presenta como creación de una convivencia sin violencia donde todos
debemos respetar unos derechos fundamentales que, como señalaba el preámbulo de
la Declaración francesa de 1789, son "sagrados". Ello hace que sea
tabú afirmar que hay que ilegalizar a Vox y al resto de grupos franquistas, así
como impedirles llevar a cabo ningún tipo de manifestación pública. "Todo
el mundo tiene derecho a pensar, opinar y expresarse como quiera. ¡Eres un
déspota!", te contestan inmediatamente.
Este es un tabú construido sobre un
relato falso. Ni el Derecho es ausencia de violencia ni los derechos
fundamentales son absolutos. El Derecho no es más que una forma de enfrentar
una violencia con otra violencia. Creer que puede existir una sociedad sin
poder, dominación ni violencia es una ilusión. El Derecho es, inevitablemente,
violencia institucionalizada que deviene democrática cuando se usa para
garantizar los derechos humanos y el bienestar de la mayoría. A la vez, los
derechos fundamentales tampoco son ilimitados sino susceptibles de ser
restringidos con el fin de garantizar la dignidad y derechos de todas las
personas. Normalizar esto, junto con el reconocimiento de que el franquismo
sigue parcialmente presente, son condiciones necesarias para poder adoptar
reformas legislativas valientes capaces de perseguir y desalojar a la
ultraderecha de la escena política y social del país.
ElDiario.es DdA, XVII/4856
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