Felipe Domingo
Sra.
vicepresidenta:
Le
aplaudo sin reservas el ímpetu con el que se expresa en la defensa de las
instituciones del Estado. Con asuntos tan graves como la pandemia, en el mes de
enero, la borrasca Filomena que nos puso en el mapamundi como noticia de los
informativos, ahora la vacunación y las elecciones catalanas, ha pasado a
ignorarse, como si no existiera, la
problemática de la Cañada, aunque, ¡oh casualidad!, un juez vuelve a tomar una decisión
para que no se olvide que 8.000 residentes llevan
cuatro meses ya sin electricidad, entre ellos, los grandes perjudicados, los
2.000 niños que viven en ella.
Señora
vicepresidenta, la infancia es una institución del Estado. La forman los
8,7 millones de niños y niñas menores de 18 años, incluidos los de la Cañada
Real, a no ser que prescindamos de ellos en las estadísticas y así minorar
todavía más el bajo índice de natalidad que tiene nuestro país y
que se acentúa cada año. Pero además es la principal institución del Estado,
porque sin los niños y niñas nuestro
país no tiene futuro, como no lo tiene la humanidad. Los que somos mayores nacimos,
nos criamos y sobrevivimos como adultos en una dictadura contribuyendo todos,
aunque fuera de distinta manera, a levantar España y traer la democracia. Y en
ella, en Madrid, capital de España, parte de la noble Europa, esos niños y
niñas viven en el abandono y la pobreza más absolutos, ateridos de frío en sus infraviviendas por lo que han escrito muchas cartas con dibujos al Comité
de Derechos Humanos de la ONU, al grito de “nos están torturando”, como si vivieran en la más cruel de las
dictaduras, cuando ese asentamiento informal, irregular, marginal, ilegal se
comenzó a formar en la democracia y ha crecido con ella. Esa nobleza europea
por la que ahora abogamos y que no siempre fue tal, es la que nos falta con los
niños y niñas de la Cañada Real.
Señora
vicepresidenta, el Estado está incumpliendo
gravemente los compromisos adquiridos al ratificar la Convención sobre los
Derechos del Niño, que, tras 10 años de elaboración con las aportaciones de representantes
de diversas sociedades, culturas y religiones, fue aprobada como tratado
internacional por la ONU el 20 de noviembre de 1989. Nuestra Constitución en su
artículo 39.4 ya señala: “Los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos” y la Convención es más que
un acuerdo, es un tratado. Y lo afirman los relatores de la ONU, expertos
independientes en las áreas de las vivienda, de las personas con discapacidad,
de educación, alimentación , sobre el derecho de toda persona al más alto nivel
posible de salud física y mental, sobre los derechos de los migrantes, sobre
las cuestiones de la minoría, sobre la extrema pobreza, sobre los derechos
humanos al agua potable y al saneamiento, los cuales han dirigido al Gobierno
las conclusiones y recomendaciones de su visita a la Cañada con frases muy
duras, después de recibir esas decenas de cartas de los niños y niñas del
poblado en uso de su libertad de expresión.
“La
falta de electricidad no solo viola el derecho de la infancia a una vivienda
adecuada, sino que supone un impacto muy grave en
sus derechos a la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación”,
afirman los relatores. “Ahora que se acerca el invierno (lo escriben antes de
la borrasca Filomena) y especialmente durante la pandemia del covid-19 debe
restaurarse de inmediato la electricidad”. “Si no se toman medidas contundentes
para remediar inmediatamente esta situación, el rezago educativo de los niños y
niñas que viven en la Cañada Real va a empeorarse aún más”.
Existen
dos visiones ideológicas, que se concretan en las políticas que se ejecutan,
sobre la Cañada que, insisto, es un asentamiento
levantado en la democracia, cuando necesitamos y vinieron a España emigrantes –el franquismo
construyó las Unidades de Absorción Vecinal (UVAS), para cinco años como medio de eliminar el chabolismo y paso previo a una
vivienda digna en la época de la emigración interior aunque se extendieron por
40 años–.
Una,
la que piensa que las mafias utilizan a los residentes y niños como escudos
humanos para mantener y seguir con sus negocios de plantaciones de marihuana,
expresada por el Alcalde de Rivas Vaciamadrid, y reforzada solemnemente por
Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid: “La proliferación masiva de
marihuana es lo que está provocando cortes de luz. Los cortes de luz es (son)
consecuencia de la sobrecarga por el cultivo de marihuana
que llevan a cabo las mafias”.
Y
la otra, la expresada por Olivier Schutter, relator especial de la ONU sobre la
pobreza extrema y derechos humanos: ”La continua representación estereotipada
de los residentes de la Cañada Real como delincuentes sigue un patrón bien
conocido en el viejo escenario de la discriminación: vincular las acciones de
unos pocos a todo un grupo para deslegitimar
su existencia”, que critica además la guerra política que se vive entre las
administraciones públicas y la compañía eléctrica Naturgy.
Con
la primera se refuerza a la compañía eléctrica en su negocio y muestra la ineficacia
del Estado social y democrático para impedir crecer este poblado y su incapacidad para
eliminar las plantaciones de marihuana. Se permite por el Estado un bloqueo
empresarial que pagan los niños física, mental y socialmente.
A
esta política incumplidora de los tratados internacionales, con una ignorancia supina de sus obligaciones, se ha apuntado el juez
del Juzgado de instrucción nº 42 de Madrid, archivando la denuncia de los
vecinos, “con la indignación controlada de los alegatos”, a la que yo me
apunto, de los abogados que defienden los derechos de los residentes de la
Cañada y a la que se refiere Albert Camus, en La Caída, donde su protagonista, el abogado Jean
-Baptiste Clamence tenía como especialidad la defensa de causas nobles. Porque,
escribe Albert Camus, “me apoyaba en dos sentimientos de lo más sincero: la
satisfacción de encontrarme en el buen lado de la barra y un desprecio
instintivo hacia los jueces en general. Quizás ese desprecio no fuera tan
instintivo, después de todo. Ahora sé que tenía motivos”. Aunque para ser
justos “ no se puede negar que al menos de momento se necesitan jueces, ¿no es
así?” (el retorno a los inquilinos de las 3.000 viviendas vendidas por la
Comunidad de Madrid a un fondo buitre lo ratifica). ¿ Se situarán por encima
del señor juez de Instrucción nº 42 de Madrid los jueces de la Audiencia
Provincial? ¿ Y el Gobierno? Ante un problema
político y solo político, de Estado, que le exige el cumplimiento de los Tratados
Internacionales ¿ El Gobierno responderá a la ONU que el asunto está
judicializado? Mantener sin luz a 2.000 niños
es criminal. Por las guerras sabemos que son los primeros que pagan sus
consecuencias. Enredados en la maraña de las hojas de marihuana y las mafias
que las cultivan y sustentan no vemos con claridad ni perspectiva el drama que
se esconde en la Cañada ni el padecimiento de esos niños y niñas.
Con
la segunda visión ideológica, se buscan soluciones
a la discriminación, al racismo, para la integración social, a la salud, a la educación, al
agua potable y al saneamiento, derechos inalienables de los niños.
Vaciada
de cifras, la alocada y apresurada petición por la nevada de zona catastrófica
para Madrid del alcalde Martínez-Almeida, secundada por Isabel Díaz Ayuso, ¿no
sería justo y razonable que pidieran la solidaridad de los madrileños para
invertir el dinero en la Cañada? De otro modo, se fomentará la desigualdad entre los barrios madrileños y la de los
ricos y los pobres. Para muestra, la que se avecina: Madrid Nuevo Norte con una
inversión milmillonaria.
Aunque
la carta va dirigida a Vd., Vicepresidenta, es al Ejecutivo entero al que le compete intervenir de inmediato. No hay causa que
merezca más alta prioridad.
InfoLibre DdA, XVII/4755
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