martes, 26 de enero de 2021

LOS OKUPAS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



Vicente Bernaldo de Quirós

El alzamiento de bienes es un delito consistente en vender u ocultar dinero o patrimonio con el objeto de no tener que hacer frente a multas, indemnizaciones o deudas adquiridas con terceras personas. Es un delito que afecta básicamente a quienes tienen posibles y no se quieren desprender de ellos por su cara bonita y, si no me equivoco, su definición y castigo están tipificados en el artículo 257 del Código Penal. Si no fuera así, ruego que me corrijáis.
   Los okupas del Consejo General del Poder Judicial, que no quieren irse ni con lejía a pesar de que llevan más de dos años con el mandato caducado, funcionan un poco como el alzamiento de bienes, ya que tratan por todos los medios de escabullirse de su responsabilidad. Es verdad que ellos son más de Alzamiento Nacional que de alzamiento de bienes, pero en el espíritu del delito se han visto retratados. Al menos, ideológicamente.
   Con una desfachatez rayana en la chulería, los caducados miembros del CGPJ (salvo los que plantean que ya es hora de irse, que está gente querrá echarse) han exigido que se retire la proposición del Gobierno de coalición para que sus señorías no puedan seguir haciendo nombramientos, lo que parece ilegítimo de todas a todas. Y para recochineo general, han reclamado a los poderes legislativos que se les atienda en sus alegatos, sin darse cuenta de que son poderes del Estado diferentes.
   Como a estos señores togados les tira del pijo la separación de poderes mantienen que a ellos hay que escucharlos porque no quieren cumplir con el mandato parlamentario. Como si un ciudadano cualquiera pudiera exigir a un señor juez que tenga en cuenta sus propuestas antes de dictar sentencia y que no se le ocurra condenarle.
   Eso pasa por querer ser el rey del mambo sin saber tocar las maracas. Se trata de una forma demasiado suave para mí gusto de decirles a los mandatarios del Consejo General del Poder Judicial que no tienen derecho a seguir nombrando a los suyos para cargos de responsabilidad jurídica, de la misma manera que quedan nulos de pleno derecho aquellos actos de una autoridad que ya ha agotado su mandato, como bien saben muchos magistrados que han fallado en esa línea.
   Es curioso que los okupas judiciales reclamen que de una vez por todas se renueven los órganos del CGPJ cuando conocen perfectamente (porque además están en contacto permanente) que al PP no le sale de sus partes consensuar nada, porque le va bien en el machito y pierde una mayoría que ahora goza ilegalmente.
   Los juristas atrincherados en el CGPJ apelan a la independencia de sus acciones sin que se pongan colorados y consideran que sinónimo de esa independencia es sentenciar lo que les parezca oportuno al margen de la ley y de su vigencia. Es sorprendente que en mayo de 2018 un puñado considerable de jueces y fiscales se pusieron en huelga para reivindicar su independencia (vale, venga un cuarto de hora para que os descojoneis de la broma, y seguimos) y ya de paso exigir más parné para la faltriquera.
   Pese a que no soy jurista de reconocido prestigio ni siquiera algo parecido, ya os anuncio que la ley se aprobará en el Parlamento, pero será recurrida por la derecha y luego considerada inconstitucional, por el Supremo, el TC y la madre que lo parió hasta que llegue a Europa que será quien saque colores a nuestras togas y puñetas.
   Pero, mientras tanto continuarán los nombramientos ilegítimos y el alzamiento de bienes general, porque así está el patio de nuestro país. Cuando un juez considera que es objeto de ataques y duras críticas, pide amparo al Consejo General del Poder Judicial para quitarse del medio al pesado que le atormenta con sus argumentos. Nosotros, después de esto, tenemos que pedir amparo al Tribunal de Estrasburgo, a la Haya o a la madre superiora de las hermanitas descalzas. Y es que no tenemos otra opción.

       DdA, XVII/4741      

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