Vicente Bernaldo de Quirós
Echándole más morro que inteligencia, los sectores ultraconservadores del Poder Judicial han exigido tener voz y voto en la reforma del CGPJ, con el fin de que se les tenga en cuenta por el Gobierno a la hora de regularizar su actuación cuando están fuera de mandato. ¿Las razones? Supongo que las de que porque yo lo valgo, ya que no existen precedentes de que se tenga que prestar audiencia a los deseos de los juzgadores. Por esa misma razón, los butroneros pedirán intervenir en la próxima reforma del Código Penal y los asaltantes de joyerías en los peritajes de las alhajas.
Malicio que la verdadera razón de su interés por participar tiene que ver con su intento de mantener la influencia judicial en los asuntos que competen a los poderes ejecutivos y legislativos. Dado que los tribunales no tienen contrapoder, lo que supone una verdadera broma a Montesquieu, ahora lo que desean es hacerse con los tres poderes que conforman el Estado.
Teniendo en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial y los máximos órganos jurisdiccionales del país tienen una constante afición por inmiscuirse en los asuntos de otros poderes y que la derecha española les ha confiado la condición de tercera cámara legislativa para poder revertir sus derrotas en el Parlamento, es fácil de colegir que pretenden extralimitarse en sus funciones, para seguir a ciegas las recomendaciones que el ex presidente Aznar le hizo a su fiel escudero Federico Trillo para manipular el órgano de los jueces.
En realidad y dada la sintonía de los sectores más derechistas de la judicatura con el Opus Dei y la conciencia religiosa de gran parte de ellos, lo que parece que es el objetivo de esa facción del CGPJ es una especie de Santísima Trinidad de las togas, acaparando los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) en uno y una sola idea verdadera. que el orden natural de las cosas no se vaya por el desagüe de la izquierda.
Quien crea honestamente que la finalidad de los jueces es salvar el culo a los intereses empresariales y religiosos de España, tendría que hacérselo mirar y dirigir sus ojos hacia la vieja Europa para comparar lo que es indepoendencia judicial en este país y en el resto del continente, porque, según los tratadistas en doctrinas de Derecho, lo que hacen los tribunales es interpretar las leyes y no pasárselas por las togas, en función de los intereses que representan las partes en litigio.
Doctores tiene la santa historia de la Jurisprudencia para sostener que el hecho de que en los organismos sentenciadores no hayan vivido la transición entre dictadura y democracia, puede ser causa suficiente para entender porque determinas actitudes judiciales van en demérito de la neutralidad política y de la independencia judicial. Yo no voy a añadir un ápice a los que mantienen esta teoría, pero me cuesta creer que determinados cargos públicos a los que la Constitución encarga la administración de la verdad mediante los fallos judiciales, se resistan tan patéticamente a ser una pata más de la división de poderes y no a quedarse con el santo y las limosnas.
DdA, XVI/4709
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