martes, 22 de diciembre de 2020

LA OPINIÓN DE LIDIA FALCÓN TRAS COMPARECER ANTE LA FISCALÍA DE ODIO

        


Lidia Falcón

El 14 de diciembre pasado hube de declarar ante la Fiscalía de Odio de Madrid por las denuncias que han presentado  contra mí la Federación Trans y la Dirección General de Asuntos Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, acusándome de odiar a las personas trans.

El comienzo  de este proceso que comienza también con este maldito año 2020, fue el comunicado que el Partido Feminista de España publicó el 4 de diciembre, mostrándose contrario al proyecto de ley de protección del colectivo LGTBI que presentaba el Ministerio de Igualdad en 2017 y que decayó al finalizar la legislatura, pero que se proponían volver a presentar en 2020. Este comunicado exponía los aspectos de la susodicha ley que consideramos absolutamente inadmisibles en una sociedad democrática, que debe proteger a las mujeres y cuidar a los menores.

A partir de este pronunciamiento, que no mencionaba a ninguna persona ni organización social sino al proyecto de ley y el Ministerio de Igualdad que la propone, se ha desencadenado la mayor persecución contra mí que he vivido desde que se terminó la Transición. La primera agresión fue que la Federación Trans presentó una denuncia en la Fiscalía de Odio de Barcelona. Pero lo más sorprendente es que la presidenta, un tal Mar Cambrollé, vivía en Sevilla y se trasladó a Barcelona para presentar la denuncia en la Fiscalía del Odio de esa ciudad. ¿Por qué realizó tan largo viaje para una acción que podía cumplimentar en su lugar de residencia? El misterio se desveló cuando en junio la Dirección General mencionada se sumó al proceso. Utilizando como excusa una entrevista que me habían publicado en un periódico digital, El Español, el gobierno de Cataluña se venga de las continuadas críticas que no me he reprimido de hacer a la perversa reclamación de independencia que de los que ahora dirigen la Comunidad.

Mientras tanto, entre diciembre de 2019 y junio de 2020 en que la Fiscalía estuvo inactiva, según contó por las limitaciones que imponía la pandemia y, lo que es más ridículo, porque le costó averiguar mi domicilio habitual que se halla en Madrid, la ofensiva contra mí y el Partido Feminista cobró tintes de persecución política. Un colectivo de Izquierda Unida llamado ALEAS pidió a la dirección de la coalición que expulsara al PFE de su seno, y después de dos meses de un expediente plagado de irregularidades estatutarias, con indefensión por nuestra parte, mintiendo al asegurar que  IU había aprobado el mencionado proyecto, lo que no era cierto, en una asamblea a la búlgara, el 22 de febrero votaron nuestra expulsión, después de que los asistentes confesaran públicamente que no habían leído la ley.

A los tres meses, Virginia Pérez, la directora del diario digital Público me comunicó que concluía mi colaboración semanal, que llevaba realizando quince años, desde que se imprimía en papel,  porque no estaba de acuerdo con mis planteamientos.  

En septiembre, se publicó el decreto de la Fiscalía de Odio de Barcelona que inicia la investigación y remite el expediente a la de Madrid. En octubre recibo la citación para declarar el 14 de diciembre, y en noviembre me bloquean todos los Twiters. Dos del Partido Feminista de España, uno del Partido Feminista de Cataluña y el mío personal.  

La entrevista con la Fiscal del Odio estuvo plagada de irregularidades con el evidente propósito de limitar mi derecho de defensa. A pesar de haberle solicitado reiteradas veces, por escrito y finalmente con representación de Procuradora, que me diera copia de lo actuado en el expediente, se negó sistemáticamente. No puedo imaginar que esconde esa carpeta que no quiere que yo sepa. Y a la diputada del Colegio de Abogados que me acompañó para garantizar mi defensa no la dejó entrar.

Como no parecía cómoda con el papel que tenía que cumplir, limitó su investigación a preguntarme si yo había declarado que “el movimiento trans estaba haciendo campaña para legalizar la pedofilia” como había aparecido publicado en El Español. Tuve que rectificarla, porque, como le demostré con un pen drive con la grabación completa de la entrevista,  lo que yo había dicho, y ratifico, es que desde hace mucho tiempos sectores del movimiento homosexual pretenden legalizar la pedofilia. Y añado, también la pederastia, y para probarlo le entregué treinta y dos documentos: artículos de los más destacados intelectuales de varios países, desde Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre y no digamos el máximo teórico francés de la sexualidad Foucoult, con las americanas Gayle Rubin, Judith Butler, y hasta propuestas del partido Verde en el Parlamento Europeo, para despenalizar lo que denominan “relaciones sexuales intergeneracionales”, porque ya se sabe que lo que cambia de nombre cambia de identidad. En eso está el Casal LAMBDA de Barcelona, que en su revista del mismo nombre publica un largo relato de la felicidad que siente un chico adolescente al disfrutar del amor de un señor de 60 años.

A esta persecución contra mí, quiero aquí añadir la que ese colectivo trans está realizando contra la escritora feminista, Lucía Etxebarría, y mostrarle mi solidaridad, a la que han concedido el Premio Ladrillo por su postura contra las leyes de “autodeterminación de género” que ha apoyado y supongo que financiado el Ministerio de Igualdad, con la presencia risueña de la Ministra Irene Montero, que pasará a la historia.

Como se ve estas son persecuciones políticas. Este es mi calvario personal, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente peligroso y destructivo es que las leyes pretendidamente de protección de las personas LGTBIQ etc. y Trans se aprueben en el Congreso y se imponga su cumplimiento. En ellas, se asegura que los seres humanos no tenemos sexo, sino que se nos asigna al nacer y que no corresponde con el género sentido. De tal modo, en cualquier momento de la vida –y cualquier momento puede ser a los 6 años- cuando el asignado como varón se da cuenta de que no quiere serlo puede cambiar y atribuirse sexo femenino. A partir de este momento, todas las instituciones del Estado, los Juzgados, el Registro Civil, el Fiscal de Menores, el Tribunal Constitucional,  deben ponerse a su servicio para modificar sus documentos oficiales, y la sociedad entera debe tratarle con el nuevo sexo. En la escuela, en los servicios públicos, en las cuotas femeninas, en las competiciones deportivas, en las asociaciones cívicas.

Y para que el niño cumpla su deseo, se le pueden administrar bloqueadores de hormonas a los 6, 8 o 12 años, con los que cambiar su estructura corporal, y si también le apetece sufrir una intervención quirúrgica de lo que llaman “reasignación de sexo”, que castre al varón y practique una ablación de los senos a las adolescentes.

No sé si este resumen da buena cuenta de las atrocidades que nuestra sociedad tiene que prepararse a sufrir si las organizaciones políticas que nos legislan aprueban semejantes engendros legislativos, entre la que es más surrealista es la sustitución de los términos de mujer y hombre, madre y padre, por los de “progenitor no gestante” y “progenitor gestante”. Porque ustedes deben saber que hay hombres con vulva y mujeres con pene, y que un progenitor gestante se presenta como varón en la consulta ginecológica y el no gestante en la de urología como mujer. Espero que no se mareen con este galimatías.

Orwell, en su distopía 1984, no supo imaginar el grado deshumanización  que sufriríamos en los años 2000. Lo más penoso es que son pocos los grupos políticos que se oponen a tales atrocidades. Ciudadanos, ese partidito que ahora se denomina liberal, ha presentado en el Congreso, en diciembre de 2020 otro proyecto de ley en el que recoge todos los disparates del proyecto de Unidas Podemos. Y la Entesa Catalana de Progrés, donde están los antaño comunistas, escribe, en la enmienda que presentó en 2006 en el Senado, sobre la ley que se aprobó en 2007, donde ya se hallaban los mimbres del cesto que quieren construir hoy: “”El diagnóstico de la transexualidad, así como el claro sentimiento de ser transexual aparece normalmente antes de la mayoría de edad. Obligar a una persona a sufrir un desarrollo hormonal para luego luchar contra el mismo y a sufrir una educación contraria a su género para luego permitirle cambiar con la mayoría de edad, es un castigo innecesario y dificulta su inserción social y desarrollo personal”.  

Yo creía que después de la aprobación de la Constitución y de la labor que ha llevado a cabo el Movimiento Feminista ya no había “educación propia de su género”. Así lo dispone el artículo 14 de la Carta Magna, así se pronuncia la Ley de Educación, y así la sociedad lo ha ido asumiendo, como se puede comprobar con la vestimenta, la conducta y el desarrollo profesional de que usan y disfrutan chicos y chicas en nuestro país.

En definitiva, para mayor disparate, entramos en el transhumanismo del siglo XX, vestidos del siglo XIX.    

      DdA, XVI/4708     

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