Lidia Falcón
El 14 de diciembre pasado hube de declarar ante la Fiscalía de Odio de Madrid por las denuncias que han presentado contra mí la Federación Trans y la Dirección General de Asuntos Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, acusándome de odiar a las personas trans.
El comienzo de este
proceso que comienza también con este maldito año 2020, fue el comunicado que el
Partido Feminista de España publicó el 4 de diciembre, mostrándose contrario al
proyecto de ley de protección del colectivo LGTBI que presentaba el Ministerio
de Igualdad en 2017 y que decayó al finalizar la legislatura, pero que se
proponían volver a presentar en 2020. Este comunicado exponía los aspectos de
la susodicha ley que consideramos absolutamente inadmisibles en una sociedad
democrática, que debe proteger a las mujeres y cuidar a los menores.
A partir de este pronunciamiento, que no mencionaba a
ninguna persona ni organización social sino al proyecto de ley y el Ministerio
de Igualdad que la propone, se ha desencadenado la mayor persecución contra mí
que he vivido desde que se terminó la Transición. La primera agresión fue que
la Federación Trans presentó una denuncia en la Fiscalía de Odio de Barcelona.
Pero lo más sorprendente es que la presidenta, un tal Mar Cambrollé, vivía en
Sevilla y se trasladó a Barcelona para presentar la denuncia en la Fiscalía del
Odio de esa ciudad. ¿Por qué realizó tan largo viaje para una acción que podía
cumplimentar en su lugar de residencia? El misterio se desveló cuando en junio
la Dirección General mencionada se sumó al proceso. Utilizando como excusa una
entrevista que me habían publicado en un periódico digital, El Español, el
gobierno de Cataluña se venga de las continuadas críticas que no me he
reprimido de hacer a la perversa reclamación de independencia que de los que
ahora dirigen la Comunidad.
Mientras tanto, entre diciembre de 2019 y junio de 2020 en que
la Fiscalía estuvo inactiva, según contó por las limitaciones que imponía la
pandemia y, lo que es más ridículo, porque le costó averiguar mi domicilio
habitual que se halla en Madrid, la ofensiva contra mí y el Partido Feminista
cobró tintes de persecución política. Un colectivo de Izquierda Unida llamado
ALEAS pidió a la dirección de la coalición que expulsara al PFE de su seno, y
después de dos meses de un expediente plagado de irregularidades estatutarias,
con indefensión por nuestra parte, mintiendo al asegurar que IU había aprobado el mencionado proyecto, lo
que no era cierto, en una asamblea a la búlgara, el 22 de febrero votaron
nuestra expulsión, después de que los asistentes confesaran públicamente que no
habían leído la ley.
A los tres meses, Virginia Pérez, la directora del diario
digital Público me comunicó que concluía mi colaboración semanal, que llevaba
realizando quince años, desde que se imprimía en papel, porque no estaba de acuerdo con mis
planteamientos.
En septiembre, se publicó el decreto de la Fiscalía de Odio
de Barcelona que inicia la investigación y remite el expediente a la de Madrid.
En octubre recibo la citación para declarar el 14 de diciembre, y en noviembre
me bloquean todos los Twiters. Dos del Partido Feminista de España, uno del
Partido Feminista de Cataluña y el mío personal.
La entrevista con la Fiscal del Odio estuvo plagada de
irregularidades con el evidente propósito de limitar mi derecho de defensa. A
pesar de haberle solicitado reiteradas veces, por escrito y finalmente con
representación de Procuradora, que me diera copia de lo actuado en el
expediente, se negó sistemáticamente. No puedo imaginar que esconde esa carpeta
que no quiere que yo sepa. Y a la diputada del Colegio de Abogados que me
acompañó para garantizar mi defensa no la dejó entrar.
Como no parecía cómoda con el papel que tenía que cumplir,
limitó su investigación a preguntarme si yo había declarado que “el movimiento trans estaba haciendo campaña
para legalizar la pedofilia” como había aparecido publicado en El Español.
Tuve que rectificarla, porque, como le demostré con un pen drive con la grabación
completa de la entrevista, lo que yo había
dicho, y ratifico, es que desde hace mucho tiempos sectores del movimiento
homosexual pretenden legalizar la pedofilia. Y añado, también la pederastia, y
para probarlo le entregué treinta y dos documentos: artículos de los más
destacados intelectuales de varios países, desde Simone de Beauvoir y Jean Paul
Sartre y no digamos el máximo teórico francés de la sexualidad Foucoult, con
las americanas Gayle Rubin, Judith Butler, y hasta propuestas del partido Verde
en el Parlamento Europeo, para despenalizar lo que denominan “relaciones sexuales intergeneracionales”,
porque ya se sabe que lo que cambia de nombre cambia de identidad. En eso está
el Casal LAMBDA de Barcelona, que en su revista del mismo nombre publica un
largo relato de la felicidad que siente un chico adolescente al disfrutar del
amor de un señor de 60 años.
A esta persecución contra mí, quiero aquí añadir la que ese colectivo trans está realizando contra la escritora feminista, Lucía Etxebarría, y mostrarle mi solidaridad, a la que han concedido el Premio Ladrillo por su postura contra las leyes de “autodeterminación de género” que ha apoyado y supongo que financiado el Ministerio de Igualdad, con la presencia risueña de la Ministra Irene Montero, que pasará a la historia.
Como se ve estas son persecuciones políticas. Este es mi calvario personal, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente peligroso y destructivo es que las leyes pretendidamente de protección de las personas LGTBIQ etc. y Trans se aprueben en el Congreso y se imponga su cumplimiento. En ellas, se asegura que los seres humanos no tenemos sexo, sino que se nos asigna al nacer y que no corresponde con el género sentido. De tal modo, en cualquier momento de la vida –y cualquier momento puede ser a los 6 años- cuando el asignado como varón se da cuenta de que no quiere serlo puede cambiar y atribuirse sexo femenino. A partir de este momento, todas las instituciones del Estado, los Juzgados, el Registro Civil, el Fiscal de Menores, el Tribunal Constitucional, deben ponerse a su servicio para modificar sus documentos oficiales, y la sociedad entera debe tratarle con el nuevo sexo. En la escuela, en los servicios públicos, en las cuotas femeninas, en las competiciones deportivas, en las asociaciones cívicas.
Y para que el niño cumpla su deseo, se le pueden administrar bloqueadores de hormonas a los 6, 8 o 12 años, con los que cambiar su estructura corporal, y si también le apetece sufrir una intervención quirúrgica de lo que llaman “reasignación de sexo”, que castre al varón y practique una ablación de los senos a las adolescentes.
No sé si este resumen da buena cuenta de las atrocidades que nuestra sociedad tiene que prepararse a sufrir si las organizaciones políticas que nos legislan aprueban semejantes engendros legislativos, entre la que es más surrealista es la sustitución de los términos de mujer y hombre, madre y padre, por los de “progenitor no gestante” y “progenitor gestante”. Porque ustedes deben saber que hay hombres con vulva y mujeres con pene, y que un progenitor gestante se presenta como varón en la consulta ginecológica y el no gestante en la de urología como mujer. Espero que no se mareen con este galimatías.
Orwell, en su distopía 1984,
no supo imaginar el grado deshumanización
que sufriríamos en los años 2000. Lo más penoso es que son pocos los
grupos políticos que se oponen a tales atrocidades. Ciudadanos, ese partidito
que ahora se denomina liberal, ha presentado en el Congreso, en diciembre de
2020 otro proyecto de ley en el que recoge todos los disparates del proyecto de
Unidas Podemos. Y la Entesa Catalana de Progrés, donde están los antaño
comunistas, escribe, en la enmienda que presentó en 2006 en el Senado, sobre la
ley que se aprobó en 2007, donde ya se hallaban los mimbres del cesto que
quieren construir hoy: “”El diagnóstico
de la transexualidad, así como el claro sentimiento de ser transexual aparece
normalmente antes de la mayoría de edad. Obligar a una persona a sufrir un desarrollo
hormonal para luego luchar contra el mismo y a sufrir una educación contraria a su género para luego permitirle
cambiar con la mayoría de edad, es un castigo innecesario y dificulta su
inserción social y desarrollo personal”.
Yo creía que después de la aprobación de la Constitución y
de la labor que ha llevado a cabo el Movimiento Feminista ya no había “educación propia de su género”. Así lo
dispone el artículo 14 de la Carta Magna, así se pronuncia la Ley de Educación,
y así la sociedad lo ha ido asumiendo, como se puede comprobar con la
vestimenta, la conducta y el desarrollo profesional de que usan y disfrutan
chicos y chicas en nuestro país.
En definitiva, para mayor disparate, entramos en el transhumanismo del siglo XX, vestidos del siglo XIX.
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