Fernando de Silva
Esta semana hemos asistido a un
bochornoso espectáculo de nuestra derecha “civilizada” (PP + Vox + Ciudadanos),
gritando “libertad” mientras aporreaban sus pupitres, después de haber perdido
una votación en el Congreso de los Diputados, como consecuencia de que una
mayoría de representantes del pueblo, encargados de legislar en una democracia
consolidada, decidían apoyar la nueva Ley de Educación, conocida como “Ley
Celaá”. Y pedían libertad precisamente quienes han sido incapaces de condenar
la dictadura franquista, pese a que han transcurrido más de 40 años desde la
aprobación de nuestra Constitución. Hipocresía toda, y sin ruborizarse.
Esta mañana en nuestra ciudad de Gijón,
la tranquilidad de un domingo soleado se veía perturbada por la contaminación
acústica de cientos de bocinas y la atmosférica de sus tubos de escape, cuando
los mismos que se han visto privados de “libertad”, se manifestaban en sus
vehículos para protestar por la aprobación de la nueva Ley de Educación.
Incluso habían tenido la ocurrencia de alquilar una limusina para demostrar su
poderío, supongo que el económico (serán paletos). Afortunadamente la
manifestación solo discurría por el centro de la ciudad, porque en los barrios
solo se oían la sirenas de las ambulancias, que esas si respigan la piel cuando
se escuchan.
Resulta llamativo escucharles quejándose
de que no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, precisamente a
aquellos que, por su situación económica, tienen la triple opción de elegir
entre la educación pública, la educación concertada (en la que son habituales
los donativos “obligatorios”), o la educación privada. Porque los que carecen
de recursos económicos solo pueden optar a la primera de ellas, y por ello
tienen menos libertad de elección.
Toda la protesta se fundamenta en unas
pocas falacias que, repetidas hasta la saciedad, pueden llegar a ser creíbles;
Trump ha sido experto en convencer así a los suyos de sus mentiras, y nuestra
derecha ha utilizado siempre un discurso sin contenido, limitado a tres o cuatro
mensajes. Pero tranquilos, el castellano está protegido por la Constitución,
cuando en su artículo 3 1. establece que “El castellano es la lengua española
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla” (el término “vehicular” fue un invento del Ministro Wert y
data del año 2013); y la enseñanza concertada será respetada, pero no
privilegiada, como se hizo durante los gobiernos de Rajoy. Eso sí, la educación
inclusiva será una prioridad, para poner fin a la segregación de personas con
diversidad funcional o discapacidad; algo que tanto que le ha gustado a nuestra
derecha.
Demos la bienvenida a la nueva Ley de
Educación, que pretende cambiar el elitismo por la equidad. Y eso si es
libertad, para todos, sin exclusiones.
Léase@también: Una educación para el siglo XXI
DdA, XVI/4677
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