Vicente Bernaldo de Quirós
Se toma su tiempo el Tribunal Constitucional para decidir si es ajustada a la Carta Magna de nuestro país la prisión permanente revisable, un eufemismo de la cadena perpetua, que el PP puso en marcha para saciar la venganza de los más integristas de nuestro país, cuando todavía mandaba Rajoy en 2015 y aún no era el PP la derechita cobarde que los mismos que le presionaron para impulsar esta normativa le motejaron cuando se convirtieron en Vox.
Y ya no me preocupa tanto la demora del TC en decidir si la prisión permanente revisable pasa el filtro de nuestra democracia, pues ya es sabido que el máximo tribunal se caracteriza por su acrisolada parcialidad y su pasotismo, salvo que se trate de algo relacionado con el secesionismo catalán como hemos visto hoy mismo con la inhabilitación de Torra.
Me genera más inquietud la tranquilidad con la que el Gobierno progresista decide mandar al Congreso la derogación de esta doctrina jurídica que está vinculada al odio de clase y a la cercanía de nuestros magistrados a la ley del Talión.
Se da la circunstancia de que ya hace más de tres años que el propio Congreso de los Diputados aprobó la exigencia de derogación de la ley con los votos en contra de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP. De aquella, la ultraderechona valiente, no había llegado aún al Parlamento español.
Si hace tres años, con la aritmética favorable al fascio del derecho jurídico, fue posible aprobar su exigencia de derogación, no sé a lo que espera el Ejecutivo progresista para sacar adelante la eliminación de esta barbaridad legal, ya que cuenta hasta con el voto de Ciudadanos.
El problema de la prisión permanente revisable es que vulnera la rehabilitación de los condenados, tal y como establece la Constitución (ya veremos que dirá a deshora la tercera Cámara en la que el PP y sus mariachis han convertido al TC) y utiliza la venganza como elemento para castigar los crímenes sin dar opción al reo para demostrar si está rehabilitado o no, sino que será sometido a una decisión discrecional.
Es verdad que este Gobierno PSOE-Unidas Podemos lleva menos de un año en funcionamiento y que le ha tocado lidiar con el puro del coronavirus, pero parece perentorio que se revoque una salvajada como la prisión permanente revisable, con la que el PP pretendió utilizar como revancha contra los crímenes más abyectos, pero que hasta la fecha no han alcanzado a los delincuentes de cuello blanco.
Por eso me parece una prioridad que, al menos, para evitar esta forma de escarmiento que los más duros del Código Penal ha incluido en nuestro ordenamiento (ayer todavía le han endilgado a un asesino esta pena) se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para que la cadena perpetua que es en el fondo la prisión permanente revisable sea solo el recuerdo de una pesadilla de nuestro Estado de Derecho.
DdA, XVI/4632
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