Incluso en aquellos países en los que se mantiene un sesgo autoritario y dictatorial y en los que los gobernantes tienen estrechos vínculos con los narcos, como es el caso de Colombia, hay resquicios por donde puede atravesar un halo de esperanza. La detención y enjuiciamiento del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, representante del poder oligárquico de esa nación permite abrigar algunas garantías sobre el castigo a los culpables, aunque yo de vosotros no me hacía demasiadas esperanzas.
Es verdad que hubo necesidad de presentar pruebas irrefutables sobre la culpabilidad de Uribe y es verdad que el mandatario más derechista de los que ha tenido Colombia en los últimos años ha utilizado una serie de tretas judiciales como renunciar al Senado para que el juez que corresponda sentenciar su caso sea una mano amiga, pero la imputacion del héroe de los paramilitares es un acontecimiento importante en la historia de ese país.
Uribe está preso, entre otras cosas por obstrucción a la justicia, a la que tanto denigró durante su mandato, en el que se iniciaron los llamados falsos positivos, es decir, la acusación de militantes de las FARC a campesinos asesinados por los militares afines al ex presidente para engordarlas cifras de caídos de la guerrilla colombiana.
A pesar de su situación de arresto y su estado procesal, Álvaro Uribe Vélez tiene suerte. Mucha suerte. El hecho de que pertenezca a una de las familias más pudientes de Colombia, que cuente con el respaldo de los sectores más retrógrados del país y de que los paramilitares de extrema derecha le tengan por un ídolo, le protege ante una posible acción armada en su contra, como pasó, según dicen con su padre.
Si en vez de ser el preso Uribe, fuera uno de los innumerables activistas sociales y luchadores por la tierra que hay en Colombia, nadie daría un duro por su vida y nadie apostaría a que saldría vivo del proceso. En cambio, las garantías que el ex presidente no ha tenido con sus adversarios políticos, lo tiene la Corte Suprema de Colombia con él.
A pesar del acuerdo de paz alcanzado en La Habana y firmado por Juan Manuel Santos y los jefes guerrilleros, el número de asesinados en la izquierda colombiana no ha cesado y se ha incrementado desde que el uribista Iván Duque ocupa la presidencia del país. Una información datada del pasado mes de julio cifraba en más de 220 el número de personas vinculadas con los firmantes del acuerdo que fueron eliminados presuntamente por partidarios del partido de la U, vinculado al actual jefe del Estado y a su mentor.
La suerte que no han tenido gran parte de los activistas asesinados puede disfrutarla Uribe, aunque ya veremos en que termina su proceso, que ha sido rechazado por el actual presidente y los sicarios del paramilitarismo.
Iván Duque, bajo cuyo gobierno, ha aumentado exponencialmente las muertes de luchadores de la izquierda, le ha echado cinismo al asunto y culpa de estas circunstancias a los disidentes de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) , con el que no quiso firmar un acuerdo de paz y a otras organizaciones, pero descarta la responsabilidad de la extrema derecha.
Es curioso que los países occidentales que tanto temen por la seguridad de Venezuela apenas dicen cuatro cosas de los crímenes en Colombia y de la ofensiva contra el proceso de paz, quizá porque están muy a gusto en la actual situación y, como la vieja nomenklatura de Bogotá desean que el acuerdo descarrile.
Es importante que Álvaro Uribe siga preso y es importante también que tenga suerte para encarar su proceso con garantías de vida. Pero esas garantías tienen que ser extendidas al resto de activistas sociales que literalmente se juegan la vida por defender su tierra y su dignidad. Y que la comunidad internacional no mire para otro lado.
DdA, XVI/4593
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