Editorial CTXT
La decisión del
todavía rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de huir de España tras las
revelaciones sobre su comportamiento corrupto, apoyada por su hijo Felipe VI y
por un gran despliegue blanqueador de los medios cortesanos, supone un
gigantesco paso en el descrédito de la monarquía española. Paso que debería ser
el último y definitivo. Visto desde quienes pretenden zanjar no solo el
escándalo, sino las actuaciones gravemente delictivas que se atribuyen al
emérito, su huida de España intenta ser una solución a la incómoda presencia de
Juan Carlos para el actual monarca. Sin embargo, cuando la fiscalía del
Tribunal Supremo está en plena investigación de sus manejos, la marcha del
Borbón emérito a la República Dominicana constituye para el común de los
ciudadanos la vulgar fuga de un delincuente, organizada en secreto por su
sucesor.
Todo el
comunicado de la Casa Real es un monumento a la hipocresía y un atentado al
decoro y la dignidad que deben presidir el comportamiento de un ex Jefe y de un
Jefe de Estado en un país democrático. Juan Carlos elude referirse a la
naturaleza de los “acontecimientos” que han generado “repercusión pública”: se
trata de acusaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Y la
vaga referencia del rey al cumplimiento del ordenamiento jurídico no garantiza
que su padre esté dispuesto a afrontar en España y Suiza las investigaciones
judiciales en curso.
Entre los
hechos que se investigan figuran el cobro de 100 millones de dólares
procedentes del rey de Arabia Saudí, se sospecha que como pago por sus
gestiones para la concesión de la construcción del AVE de Medina a La Meca.
Para cualquier servidor público, esa comisión constituye un delito de cohecho.
Y el uso de parte de ese dinero, traído a España de forma opaca y sin declarar
a Hacienda, constituye un delito de fraude fiscal. Esas operaciones fueron
realizadas con un testaferro desde el propio palacio de la Zarzuela. Buena
parte de esa suma multimillonaria fue entregada a su amante, Corinna Larsen, a
través de fundaciones opacas creadas para cobrar el patrimonio ilícito. En una
de ellas, el actual rey de España figura como segundo beneficiario del dinero.
En otra, son las hijas del rey actual las beneficiarias. No acaban aquí los
actos que la Casa Real llama acontecimientos pasados de la “vida privada” del
emérito. El rey “ejemplar” recibió de la embajada de Omán una vivienda de lujo
en Londres valorada en 62 millones de euros.
No cabe limitar
las responsabilidades al antiguo rey. Sobre su heredero, el actual monarca
Felipe VI, recaen también las sospechas. Al parecer, fue informado el 5 de
marzo de 2019 de que su padre le había designado segundo beneficiario de la
Fundación Lucum, donde el emérito tenía escondido parte de su patrimonio, y sin
embargo no lo puso en conocimiento de la opinión pública hasta un año después.
Precisamente el 15 de marzo de este año, fecha en que el país entero estaba
confinado, ya que el estado de alarma se aprobó el día anterior. El rey eligió
el momento en que iba a pasar más inadvertido, y lo hizo obligado por las
informaciones que se publicaron en medios extranjeros.
Quienes tratan
de justificar este escándalo, evitando subrayar la indignidad de la decisión de
la Casa Real y expresándose con eufemismos sobre la corrupción y fuga del
emérito, deben recordar que el apoyo incondicional a una institución cada vez
más desprestigiada y sin rumbo puede tener consecuencias muy graves. La
monarquía huele a pasado y a podrido. Y el Gobierno, tras haber pactado en
secreto la bochornosa fuga del emérito, debería ahora emprender la iniciativa
de promover un referéndum para que los españoles decidan la forma de Estado que
desean otorgarse. Llegados a esta ominosa situación, es hora de que la línea
sucesoria decidida e impuesta por Franco sea sometida a una consulta
democrática. Basta de impunidad. Basta de blanquear la corrupción. Basta de
hipocresía y de sumisión. Los españoles tenemos derecho a votar si queremos
continuar con este viejo régimen o entrar por fin en la modernidad y la
igualdad real con la República.
CTXT/DdA, XVI/4574
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