Lazarillo
El afamado analista Miguel Ángel Aguilar y varios canales de televisión se aprestaron a basarse en una investigación prospectiva del juez Juan José Escalonilla
para encontrar renovados motivos de crítica contra Podemos y tratar de equiparar al partido morado con los corruptos del 78. Al primero lo escuchamos en el informativo de mediodía de la SER, con uno de sus telegramas a Pablo Manuel Iglesias, al que le tiene una personal inquina cuyas razones acaso estén en el gran pecado nacional. El diario La última hora expone en su edición de hoy sendos textos de la Fiscalía General de Estado y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra las investigaciones sobre personas concretas que buscan encontrar indicios incriminatorios. Se señalan al respecto varios casos, entre los que figura el del abogado Calvente que inspiró el telegrama de Aguilar, gracias a las diligencias iniciadas por el juez Escalonilla contra varios dirigentes de Podemos a raíz de una querella presentada por ese letrado, que fue despedido del partido por acoso sexual y laboral. Calvente quiere ahora sacarle 400.000 euros al partido morado, y además presentó una querella en la que sostiene que existe una “trama delictiva” en la formación y que había asuntos “poco claros” en su financiación, sin aportar datos ni pruebas. Eso no ha sido inconveniente para que Escalonilla aceptara abrir una causa, que de inmediato hizo mover la máquina del fango mediático por parte de quienes la manejan desde hace seis años contra un mismo objetivo:
El debate sobre los controles a los que están sujetos los
jueces y magistrados vuelve al primer plano de la actualidad. Varias son las
voces que han advertido sobre la posibilidad de que, en determinados casos, se
esté incurriendo en investigaciones prospectivas, es decir, en la
apertura de causas generales contra personas u organizaciones concretas, una práctica que partidos como
Vox han intentado impulsar en el pasado, y sobre las que ahora alerta Podemos
que el juez Juan Jose Escalonilla está haciendo contra ellos.
Una forma de llamar a este tipo de investigaciones es
"a ver lo que pesco". Pese a que este tipo de maniobras están
prohibidas en cualquier Estado de derecho, en ocasiones es complicado
determinar –y más complejo aún demostrar– que se ha cruzado la fina línea roja
que separa una investigación judicial basada en hechos, de un ejercicio de
persecución del adversario revestido de pesquisa judicial.
Para
hacerse una idea de la gravedad de esta práctica, basta con imaginar qué sucedería si su mayor
enemigo fuese un juez ajeno a cualquier control. Alguien con capacidad de investigar su vida profesional y
particular, de reclamar informes y datos acerca de sus actividades, y de
escudriñar cada paso que da con la esperanza de hallar cualquier irregularidad
que le siente en el banquillo. Incluso si no diera frutos, una investigación
prospectiva le condenaría a un largo y tedioso peregrinaje por los tribunales
para demostrar que, en realidad, no había nada en su contra, mancharía su
imagen a ojos de familiares y amigos y, en el caso de las personas públicas,
tendría un evidente impacto mediático.
Por
eso mismo están prohibidas las
investigaciones sobre personas concretas que buscan encontrar indicios
incriminatorios. En palabras de la Fiscalía General del Estado, de
acuerdo con una circular emitida en 2013, “quedan prohibidas las
investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una persona y las
investigaciones prospectivas. No deben iniciarse unas diligencias de
investigación sino en virtud de la noticia de la comisión de un hecho concreto
que revista los caracteres de infracción penal”. Es decir, que lo correcto es
investigar indicios y hechos potencialmente delictivos, de cuyo esclarecimiento
pueden derivarse consecuencias para sus autores.
Es lo mismo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en su artículo 777: “El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí
las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y
circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano
competente para el enjuiciamiento”.
Sin
embargo, no son pocos los ejemplos que demuestran que sectores conservadores de
distintos poderes y partidos de la extrema derecha como Vox han intentado
impulsar este tipo de investigaciones contra adversarios políticos, a los que intentan someter a un desgaste
continuado a través de acciones judiciales. Es el caso, por ejemplo, de la
querella que Vox presentó contra Pedro Sánchez, después de que medios
conservadores le acusaran de plagio en su tesis doctoral.
La Fiscalía del Supremo pidió inadmitir la querella porque
pretendía, precisamente, una investigación prospectiva sobre el presidente del
Gobierno sin base en indicio alguno, y alertó contra otra práctica frecuente:
la presentación de querellas basadas simplemente en rumores, suposiciones o en
“noticias periodísticas”, y que no aportan “ningún otro dato adicional”.
Algo
parecido podría estar sucediendo en el caso de las diligencias iniciadas por el juez Juan José Escalonilla contra
varios dirigentes de Podemos a raíz de una querella presentada por José Manuel
Calvente, abogado que fue despedido del partido por acoso sexual y laboral. Calvente quiere
ahora sacarle 400.000 euros al partido morado, y además presentó una
querella en la que sostiene que existe una “trama delictiva” en la formación y
que había asuntos “poco claros” en su financiación, sin aportar datos ni
pruebas.
Pese
a que Calvente, el abogado despedido de Podemos ha sido incapaz de aportar
ninguna prueba sobre sus vagas afirmaciones, el juez Escalonilla ha aceptado
abrir una causa, ha ordenado una serie de declaraciones
después del verano y ha reclamado la práctica de abundantes diligencias, entre
las que figuran consultas al Registro Mercantil, la solicitud a Podemos de que
entregue numerosos documentos (desde reglamentos internos a facturas, pasando
incluso por tickets de gastos del personal del partido) y la citación a
empresas que trabajaron para la formación, entre otras muchas.
En
paralelo, según desvela Público, ha aceptado que Vox se presente
como acusación popular –lo que le permitirá acceder a la documentación del
caso– sin ni siquiera depositar una fianza, como establece la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Fuentes
de Podemos que cita este mismo diario consideran que, en este caso, estamos
ante una “investigación prospectiva” consistente en dar “por supuesta la
culpabilidad de los investigados”. En otras palabras, la ausencia de
indicios de criminalidad contrasta con las diligencias ordenadas por el juez,
con lo que el proceso se perfila como una causa general contra el partido
morado en busca de cualquier indicio de irregularidad.
Se da la circunstancia de que este juez ya copó numerosos
titulares en 2019, cuando ni siquiera aceptó investigar a tres policías
municipales de Madrid que dijeron, sobre la entonces alcaldesa Manuela Carmena
y en un chat con otros policías, cosas como “que se muera la zorra vieja ya”,
“lo terrible es que no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus
compañeros” o “qué vejestorio más despreciable”.
La última hora DdA, XVI/4572
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