miércoles, 5 de agosto de 2020

COMO A BOTÍN, NADIE IMAGINA AL REY EMÉRITO ANTE LA JUSTICIA


Félix Población

He leído varias encuestas publicadas con respecto a la monarquía española y el rey emérito con motivo de la huida de este del país cuando están pendientes de investigación una serie de supuestos delitos, aflorados a la luz pública por la justicia de un país extranjero. 

La demoscopia suele ponerse en marcha generalmente cuando se debaten cuestiones sobre las que se da un cierto grado de polémica y las alternativas a favor o en contra de un asunto suscitan un interés público cierto*. Por eso quizá a ningún medio se le ha ocurrido plantear algo que con toda seguridad obtendría una muy mayoritaria y misma respuesta negativa por parte de los encuestados, ciudadanos todos ellos de esta nación: ¿Se puede imaginar usted a quien fuera Juan Carlos I de España ingresado en una cárcel como su yerno el balonmanista Urdangarín? 

Es obvio que personalmente no lo puede concebir y que muy posiblemente fuera tan masiva la respuesta en igual sentido por parte de los españoles que por eso la encuesta no tendría sentido. Tampoco la tendría posiblemente -aunque en menor medida- si la pregunta se ciñera exclusivamente a la posibilidad de que el ex rey pudiese o no comparecer ante la justicia, aunque también esto es difícilmente creíble. 

Todo parece indicar que la estrategia judicial del emérito será un copia de la seguida por el fallecido banquero Botín cuando se le descubrieron 2.000 millones de euros ocultos en Suiza. Con tal de evitar su denigrante comparecencia ante la justicia -única en la historia-, de continuar la investigación y correr el riesgo de se imputado y procesado, el rey padre de la vida padre tratará de regularizar su situación fiscal.


Juan Carlos de Borbón tendrá que pagar más de 50 millones de euros, puesto que la beneficiaria de la donación de 65 millones, Corinna Larsen, no tiene ningún vínculo familiar con él. También debería regularizar todo el patrimonio que pudiera tener oculto fuera de su país a través de la declaración de bienes en el extranjero, donde se vería obligado a justificar todos los bienes muebles e inmuebles, las cuentas bancarias y el dinero en efectivo que pudiese tener. Según los técnicos de Hacienda, debería pagar un 43,5% por el impuesto, un 20% de recargo y un 3,75% anual por las demoras desde el año 2014.

A propósito de la tradición borbónica de escabullirse de los tribunales, no está de más recordar que en 1930, un año antes de la proclamación de la segunda República, se constituyó en el Ateneo de Madrid una comisión de responsabilidades con el ánimo de llevar ante la justicia a Alfonso XIII. Un mes después del 14 de abril de 1931, con el nuevo régimen tricolor, las conclusiones de esa comisión fueron entregadas al fiscal del Estado, Ángel Galarza, y el ex rey fue acusado de inmoralidad administrativa. Claro que para esa fecha, como es sabido y cuenta Paul Preston en Un pueblo traicionado, Alfonso XIII ya había puesto los pies en polvorosa fuera de España con una fortuna de 85 millones de pesetas.

Una vez su jefe fuera del alcance de la justicia, la Unión Monárquica se dedicó a organizar la resistencia contra la República, señala también Preston.

*Al día de hoy, solo el 40 por ciento de los españoles apoya la monarquía.

      DdA, XVI/4575     

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