Vicente Bernaldo de Quirós
Con demasiada frecuencia, el Tribunal Supremo nos asombra con sentencias que rezuman una gran inconsciencia porque sus resultados son más perniciosos que los objetivos que pudiera abordar. Son de tal inconsistencia que es lo mismo que si se regalara una pistola a un loco peligroso o se promulgara el fin definitivo de todas las leyes.
Da la impresión de que algunos fallos judiciales de este alto tribunal tratan más de provocar a los que no son afines al orden conservador que arreglar un conflicto y así parece que el cumplimiento de las sentencias quedaría en un limbo que ni los más optimistas serían capaces de despegar.
Este el caso de la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado en relación con las banderas que pueden ondear en los balcones de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, como si todos los municipios y las regiones del país fueran iguales. Pero es que lo que pretenden nuestros magistrados del alto tribunal no es hacer justicia, sino simplemente ideología de la de toda la vida. Hay determinados juzgadores que se creen no solo el Poder Judicial, sino también el Legislativo y el Ejecutivo.
Porque, vamos a ver. Alguien se piensa que una cuestión política como la de qué bandera pongo en el ayuntamiento durante las fiestas patronales va a ser resuelta de la noche a la mañana por las dictaduras de la toga y las puñetas. No se lo cree nadie, ya que sacralizar un balcón como si fuera el summun de lo religioso es un error y, peor todavía, una auténtica forma de hostigamiento a la sociedad.
La intromisión de los jueces en la vida ciudadana tiene efectos contraproducentes para quienes los instigan. No sería descabellado que a demanda de una asociación ultraconservadora, Abogados Cristianos, sin ir más lejos, se regulara la evacuación del cuerpo a mediodía, prohibiéndola para que no coincida con la hora del Ángelus.
La deriva de los tribunales superiores españoles supone no solo un problema para ellos y un desprestigio mayor, sino la desafeción completa de los españoles cuando se trata de respetar las sentencias judiciales. Que en un balcón institucional de la España moderna no se pueda exhibir la bandera del Orgullo Gay, tal y como se desprende del fallo del Tribunal Supremo deja a las claras el desvarío ideológico de nuestros jueces más supuestamente reputados y el resultado es que ya en Cádiz (en Valladolid, sin embargo, otro juzgador más sensato no ha ordenado su retirada) una jueza ya ha instado al Consistorio a descolocar la bandera arcoiris.
Entre los funcionarios de alto rango y con bastantes años de oficio corre un dicho para sortear las órdenes de los dirigentes políticos de que se acata, pero no se cumple. Este parece ser que terminará siendo el destino una sentencia irresponsable y que los ciudadanos desoirán por completo cuando les venga en gana y el próximo 14 de abril muchos ayuntamientos de España ondearán la bandera republicana y los 28 de junio, el símbolo LGTBI. sin que las demandas de los más conservadores surtan efecto. Y así pasará con otras costumbres de otros ayuntamientos en los que es habitual cada cierto tiempo hacer ondear una bandera. Será la demostración de que la justicia no sirve para nada, igual que aseveraba el conde de Romanones sobre leyes y reglamentos.
Es una pena que tanto esfuerzo y recursos para hacer cumplir las leyes sirvan para bien poco, pero los que las interpretan no andan muy finos ultimamente. No estaría de más que el Ejecutivo los pudiera en su sitio. Por el bien de España.
DdA, XVI/4552
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