EL ACOSO DE GALAPAGAR, SÍNTOMA DE UN RÉGIMEN EN GRAVE DECLIVE

Félix Población

Tal como ha resaltado InfoLibre con una documentada y objetiva información publicada recientemente, el acoso a la vivienda del vicepresidente de Derecho Sociales y la Ministra de Igualdad del Gobierno de España supera ya los setenta días de impunidad. 

Se trata de un hecho insólito en la historia de este país, que a mi juicio deja en entredicho la consistencia democrática del régimen del 78. Nadie imagina que esto mismo ocurriera ante el domicilio de un representante de nuestra justicia, esa que estima como un ejercicio de la libertad de expresión lo que es una continuada coacción a los moradores de esa vivienda.  

Si Podemos no se integra en el sistema, habrá que destruir a Podemos, se postuló hace años como estrategia mediático-política para acabar con el partido morado. Desde hace ya seis, los muchos adversarios que se ha ganado Podemos por cantar la verdades consideran que para acabar con esta formación política hay que acabar con su líder. 

En Galapagar tenemos a la peonada más primaria de esa operación derribo. Portan, en este caso, una gran pancarta con la que pretendían  -mediante globos de helio- hacerla volar sobre el chalé de Montero e Iglesias, pero se conoce que su peso era excesivo y se quedaron con ella en tierra. 

Un magistrado que resolvió en su día las denunciadas sobre la oleada de escraches que se produjeron en 2008 estima que  “hay una diferencia esencial entre un escrache que dura 20 minutos en un solo día y otro que se produce todos los días. Porque en este caso hablamos de reiteración y de constancia, lo que significa coacciones. Es como si todas las madrugadas llamas por teléfono a alguien a la misma hora. Aunque no digas nada, estás alterando su vida, le estás coaccionando”.  

Es de señalar -como síntoma del recelo a expresarse con libertad en el seno del poder judicial- que el nombre de este juez no aparece en la información aportada por Yolanda Gutiérrez (periodista de InfoLibre), por requerimiento expreso del mismo, y que el de la jueza de Collado Villalba, Marta García Sipolis,  la misma que escribió en su auto que “no había quedado acreditada ninguna alteración grave de la vida cotidiana de la querellante”, sí sea público. 

Nadie podría imaginar que lo que está sucediendo en Galapagar contra la familia de dos representantes del Gobierno se venga repitiendo desde hace más de dos meses, como nadie se podría imaginar un acoso a la vivienda de García Sipolis por parte de grupúsculos disconformes con sus sentencias y que con toda seguridad no conceptuaría esta señora como un derecho a la libertad de expresión. 

Estamos ante un hecho muy grave cuya impunidad puede derivar en otras acciones más agresivas que la intentada por esa panda de infames -bastante talluditos- que aparecen en la imagen delante de su frustrada pancarta volante. Deberían haber recapacitado antes en que la mierda flota pero no vuela.

PS. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha decidido querellarse contra el ultraderechista que está detrás del acoso diario a su vivienda desde hace más de dos meses. Así, Iglesias ha presentado una querella por seis delitos penales contra Miguel Ángel Frontera Díaz: coacciones, acoso, revelación de secretos, alteración del orden público, desobediencia a la autoridad y contra el medio ambiente.

       DdA, XVI/4568